Prioridades impostergables en la educación chilena

Entre los años 2015 y 2022, el crecimiento del gasto del Estado de Chile por cada beneficiario en la educación superior fue de un 70,8% real, versus un alza de 9,2% en parvularia y escolar. La discusión política y el gasto público, durante la última década, se centraron en la educación superior: la gratuidad, a través de la regulación de aranceles, expulsó del sistema la inversión en calidad y lesionó el espacio financiero de maniobra para el Fisco en el sector; y las reformas estructurales sucesivas en el nivel escolar soslayaron la calidad, derivando en un estancamiento de todas las mediciones en pruebas estandarizadas nacionales e internacionales.

Luego de esto ocurrió la pandemia, el aislamiento y el cierre de las escuelas. La asistencia escolar sufrió una brusca caída y permanece grave, bajo los niveles prepandémicos, con un promedio de 84,9%. El número de denuncias por convivencia escolar alcanzó un máximo histórico el año pasado (12.570). Más de 50 mil estudiantes abandonaron el sistema educativo en 2023. Las mediciones de calidad siguen estancadas, obviando el ciclo después del cierre de los colegios. Múltiples problemas de gestión han afectado la provisión de beneficios estudiantiles de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb). Diferentes trabas, de variada gravedad, aún afectan la educación parvularia y escolar.

Parece evidente, considerando todo lo anterior, que la prioridad de la acción gubernamental debe ser la educación primaria. Sin embargo, el Gobierno del presidente Boric persiste en otro camino.

Por un lado, ha prometido reiteradamente la condonación de las deudas del CAE, cuyo saldo alcanza la cifra sideral de 11 mil 829 millones de dólares, y el pago de la deuda histórica docente, de magnitudes similares. Ha insistido en la urgencia de una modernización académica de la educación superior y ha comprometido un financiamiento mezquino para sus proyectos de convivencia y educación parvularia. Ninguno de estos está orientado a solucionar los problemas urgentes que aquejan al sistema en dichos sectores.

Por otro, su respuesta a la crisis de la educación escolar ha sido un plan de reactivación implementado de forma tardía e insuficiente. Las tutorías en lectoescritura alcanzaron un 0,6% de la matrícula escolar en 2023 y la asistencia, en promedio, permanece en niveles pobrísimos. La evidencia ha cuestionado la efectividad del programa Habilidades Para la Vida (De Chaisemartin y Navarrete, 2023) y es inexistente en el caso de A convivir se aprende, los dos programas principales del pilar de convivencia. En particular, el Gobierno destinó cerca de 280 millones de dólares al Plan de Reactivación en 2023, apenas un 2,4% de lo que cuesta la prometida condonación del CAE.

El ministerio de Educación ha equivocado fuertemente el camino durante lo que lleva de gestión. Aún es posible enmendar el rumbo: acometer la difícil y costosa tarea de la reactivación educativa, reconociendo la realidad del sistema y no dificultando aún más la gestión de las escuelas. Esto implica dejar de priorizar en su agenda legislativa a grupos de interés electoral, así como destinar los recursos fiscales a la recuperación de aprendizajes y a la gestión autónoma de la convivencia en las escuelas.

El costo de no hacerlo significará mucho más que la deuda del CAE. No sólo disminuirá la acumulación de capital humano, disminuyendo la producción nacional y los ingresos fiscales en varias veces el nivel actual sin medidas suficientes de mitigación (CEP, 2023). Truncará trayectorias vitales de movilidad social ascendente; convertirá historias humanas de esfuerzo, mérito y apoyo en tragedias de desamparo por parte del Estado.

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