Las razones que obligan a Chile a impulsar una cárcel exclusiva para líderes del crimen organizado

La crisis de seguridad por la que atraviesa Chile, desnudada especialmente por una ola de asesinatos que se registraron durante el 14 y el 16 de julio –16 homicidios, dos de ellos múltiples en las comunas de Quilicura y Lampa de la Región Metropolitana– aceleró el anuncio del Gobierno del presidente Gabriel Boric de construir una cárcel de máxima seguridad para líderes de bandas del crimen organizado. Y, este lunes, el ministro de Justicia, Luis Cordero, informó que el nuevo penal será emplazado en el municipio de Santiago, en un sector conocido como el barrio Centro de Justicia, donde ya existen otros cuatro recintos penitenciarios.

Precisamente, la nueva cárcel, que fue anunciada la semana pasada por el mandatario, según ha informado Cordero será una ampliación del complejo penitenciario Santiago I, un recinto que data de 2007 y que tiene una característica especial: por razones de seguridad ya existen túneles que lo conectan directamente con el Centro de Justicia, un conjunto arquitectónico que alberga a los juzgados de garantía, por lo que los internos para acudir a las audiencias no salen al exterior, lo que disminuye el riesgo de fuga.

El anuncio del Gobierno es considerado por el exdirector de Gendarmería de Chile, Christian Alveal, como un paso en la dirección correcta para combatir el auge de las bandas de crimen organizado en el país, aunque advierte que no sólo se trata de establecer una infraestructura de máxima seguridad, sino que una clave está en un diseño con vigilancia electrónica y procedimientos para mayores controles de los privados de libertad. “Los prisioneros provenientes de bandas del crimen organizado, dadas sus características, requieren de más vigilancia. No es una vulneración de los derechos humanos, sino una protección a los derechos de la mayoría de los internos recluidos en cárceles ordinarias”, señala a EL PAÍS. “Si no aislamos a estos sujetos, terminarán reclutando a la gran mayoría de los reos que no pertenecen al crimen organizado y, lejos de hacerse más débiles, se irán potenciando en los penales”, agrega.

Para Alveal, la nueva cárcel no debe tener “solo una lógica cosmética”, sino que “la clave debe estar en la infraestructura, la vigilancia electrónica, evitar puntos muertos, comunicación interna, y una variable importante: los procedimientos. Si es sólo una cárcel careta, no funcionará. Hay que terminar con la lógica ideológica y hacer regímenes más estrictos en los penales cuando se trata de crimen organizado”.

El sábado, en una entrevista con EL PAÍS, el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien fue una de las primeras autoridades en Chile en impulsar una cárcel especial para la nueva delincuencia, dijo que actualmente existe un grave problema con la segregación en los penales chilenos, pues “están mezclados los líderes de las bandas con personas que no tienen esa calidad y no deberían estar juntos”.

Valencia explicó que en las cárceles del país sudamericano hay personas indocumentadas de quienes no se tiene información sobre sus identidades ni de sus registros penales y que, lo más grave, es que hay quienes están catalogadas “como primerizas y desconocemos si han sido líderes de una banda en el extranjero o han tenido condena por delitos graves, simplemente, porque no sabemos quiénes son o porque nos han ocultado sus identidades”.

Chile ya tiene un penal especial en el mismo sector donde se levantará la nueva cárcel, el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS), que si bien tenía 30 años de existencia, fue reinaugurado con nuevas tecnologías de vigilancia por el presidente Boric en marzo de 2023, y por primera vez se instalaron locutorios para las visitas. Sin embargo, como explicó en abril el ministro Cordero a este periódico, “cuando cerramos esa cárcel para su remodelación había un tipo de delitos, pero cuando la reabrimos el año pasado, había otros (...) Hoy la mayor concentración de personas que hay allí son líderes de bandas, y el 60% son extranjeros”.

En junio pasado, sin embargo, en el REPAS se produjeron cuatro episodios inéditos en Chile de desórdenes y destrucción de sus celdas que fueron protagonizados por 18 prisioneros, la gran mayoría de la banda trasnacional de origen venezolano el Tren de Aragua, que delinque desde aproximadamente 2022 en el país sudamericano. “Esa cárcel se construyó en la década de los 90. Estaba perfilada para internos subversivos [reos que tomaron las armas en la dictadura de Augusto Pinochet] que si bien son peligrosos por pertenecer a células terroristas, no tenían el componente de la delincuencia organizada que ahora opera en Chile y que tiene una propia de la cultura carcelaria, con otro nivel de violencia”, comenta Alveal.

El perfil de criminalidad ha cambiado en el país sudamericano. Mientras los delitos menos violentos, como hurtos, han caído, la tasa de homicidios consumados ha subido de 4,5 a 6,3 por cada 100 mil habitantes en los últimos cinco años. Un reciente informe del Centro de Estudios Públicos (CEP), realizado por el investigador Mauricio Salgado, indica que, aunque con cifras absolutas menores, los ingresos por homicidios al sistema penitenciario también han aumentado, pasando de 3.207 en 2018 a 6.032 el año pasado, lo que da cuenta de un alza de 88%. “Con una población recluida más violenta, la comisión de delitos al interior de los recintos penales también aumenta”, concluyó el documento.

La polémica por el lugar de construcción

La localización de la nueva cárcel, en la avenida Pedro Montt de la comuna de Santiago, ha desatado una acalorada discusión entre el Gobierno y la alcaldesa oficialista del municipio, Irací Hassler. La militante del Partido Comunista (PC), quien va a la reelección en las próximas elecciones municipales de octubre, se ha opuesto a la construcción. “La medida improvisada anunciada por el ministro Cordero, va en la dirección opuesta”, señaló este lunes después del anuncio del ministro de Justicia.

Boric informó el pasado jueves de la construcción del recinto penitenciario en la Región Metropolitana, sin detallar la ubicación y, al menos dos alcaldes oficialistas, incluyendo a Hassler, rechazaron que se edificara en sus comunas. “La semana pasada decía que iba a ser una nueva cárcel, sin embargo, ahora habla de una ampliación, como si en la práctica fueran medidas distintas”, agregó la alcaldesa de Santiago este lunes.

En una entrevista con el canal CNN Chile, Cordero ha respondido que el reclamo sería relativamente comprensible. “Es bien difícil que un alcalde o una alcaldesa en cualquier parte del país, apruebe o apoye el establecimiento de un centro penitenciario”. Pero el ministro de Justicia ha reiterado que el sitio seleccionado ya tiene otros penales, y que se trata de un terreno fiscal que ya cuenta con luz y agua, un sistema de inhibición de telefonía y cercano a los tribunales para evitar fugas durante los traslados de los prisioneros.

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