La cárcel más segura de Chile, en el ojo del huracán por las videollamadas de cuatro reos peligrosos

En enero el juez chileno del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, resolvió autorizar la realización de videollamadas a cuatro reos extranjeros, dos de ellos parte de la megabanda venezolana el Tren de Aragua, para que se comunicaran con sus familiares en el exterior. La determinación, que será revisada por la Corte de Apelaciones, fue en contra de la opinión de Gendarmería, el servicio estatal de prisiones, pues los favorecidos se encuentran en prisión preventiva en la principal cárcel de seguridad chilena, razón por la que su régimen y funcionamiento ha estado en vitrina, como nunca antes. Es un penal que está a días de cumplir 30 años, cuando se inauguró exclusivamente para antiguos subversivos que habían tomado las armas contra la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Fue reabierto con nuevas y más fuertes medidas de vigilancia en marzo de 2023 por el presidente de izquierdas Gabriel Boric en el marco de la Política nacional contra el crimen organizado, impulsado por su Administración en medio de la inédita crisis de inseguridad que vive el país sudamericano.

Los reos que fueron autorizados por Urrutia para realizar las videollamadas fuera de Chile, que no se han concretado a la espera del fallo de los tribunales superiores, son de alta peligrosidad, ha recalcado el Gobierno, que ha criticado fuertemente la determinación. De ellos dos, que en octubre del año pasado protagonizaron un motín en el penal, son parte del Tren de Aragua, imputados delitos de tráfico de personas migrantes, de drogas y de armas además de explotación sexual. Otros dos fueron detenidos por el crimen del carabinero Daniel Palma en abril de 2023, quien fue baleado en la cabeza mientras realizaba una fiscalización en el centro de Santiago. Al funeral del policía acudieron, además de Boric, tres expresidentes de la República.

El penal se llama Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS), ubicado en el municipio de Santiago, donde se encuentran detenidos además los principales líderes de bandas transnacionales que han sido protagonistas del avance del crimen organizado en el país. Entre ellos Carlos González Vaca, alias Estrella, jefe del Tren de Aragua en Chile y Hernán David Landaeta Garlotti, alias Satanás, sicario de la organización criminal.

El Perilla, el primer narco del penal

El ahora REPAS se llamó durante 29 años Cárcel de Alta Seguridad (CAS). Tiene plazas para más de 200 internos, que están en celdas individuales y con un régimen de salidas al aire libre en horarios diferidos por poco más dos horas diarias. Las visitas son una vez por semana a través de locutorios y la televigilancia es durante 24 horas.

El recinto no contempla un espacio para visitas íntimas, razón por la que también Gendamería ha impugado la resolución del juez Urrutia, quien autorizó a un narcotraficante de origen colombiano, condenado a 15 años de presidio, a tenerlas. Actualmente, la mayoría de los internos del REPAS son extranjeros, y quienes los visitan deben estar empadronados, es decir, con su documentación de identidad regularizada.

En febrero de 1994 la CAS recibió a los primeros internos, que eran parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), entre ellos a los autores del asesinato de Jaime Guzmán, senador de la UDI, partido de la derecha tradicional, cometido el 2 de abril de 1991, y a miembros del Movimiento Lautaro. Fue creado con segregación desde el comienzo e, incluso, tenía locutorios. Pero no se usaron, recuerda el director de la época de Gendarmería, el socialista Claudio Martínez, pues se opuso a una comisión parlamentaria de derechos humanos de entonces.

Martínez dice a EL PAÍS que cuando se impulsó el penal se creó con segregación pues tanto el FPMR como el grupo Lautaro señalaban que “combatiente preso, era combatiente activo”, es decir, detalla que era el anuncio explicítio de que seguirían operando desde el penal. “Eso hoy es similar a lo que ocurre con el crimen organizado, porque las bandas se mantienen activas con sus líderes presos”. El 30 de diciembre de 1996, en la CAS, con Martínez en la jefatura del servicio estatal de prisiones, se produjo la fuga de cuatro frentistas que fueron rescatados desde en un helicóptero, luego que se subieran a un canasto. Para el exdirector de Gendarmería, las visitas presenciales, y no por locutorios, facilitaron esa operación.

Tras más de una década como penal exclusivo para integrantes de grupos armados, en 2003, precisamente porque era un cárcel segregada, a la CAS fue trasladado por primera vez un preso con perfil criminal distinto. Así fue como llegó Manuel Fuentes Cancino, alias El Perrilla, uno de los principales narcotraficantes del país y cuya historia ocupa parte importante de la historia policial chilena: era el jefe del Cartel de La Legua, una población ubicada en la zona sur de Santiago. Fue llevado hasta ese penal después de que la policía descubriera que, mientras estuvo detenido en otro recinto, seguía dirigiendo una banda que vendía droga.

En adelante, la CAS comenzó a albergar a detenidos de causas de alta connotación social. Pero, distintas administraciones, entre ellas la última de la socialista Michelle Bachelet (2006-2010; 2014-2018) y también la del ahora fallecido exmandatario de la derecha tradicional Sebastián Piñera (2010-2014; 2018-2022), proyectaron un nuevo penal segregado para reos de alta peligrosidad, y fue Boric quien inauguró el REPAS. Y en marzo de 2023 fue la primera vez en 29 años que se usaron los locutorios para las visitas de los familiares, las que son filmadas por cámaras.

La determinación de Urrutia, quien en la biografía de su cuenta de la red social X se define como “latinoamericanista” y “por jueces y juezas promotoras de derechos humanos y la justicia social”, ha sido rechazada por parlamentarios tanto del oficialismo como de la oposición, entre ellos el partido UDI, de la derecha tradicional, que ha pedido su suspensión y expulsión del Poder Judicial.

Decisión en la “ilegalidad”

El ministro de Justicia, Luis Cordero, dijo este lunes que la decisión del juez Urrutia “contraviene las normas que regulan establecimientos penitenciarios de máxima seguridad” y que en ningún momento “se han comprometido los derechos de las personas que están privadas de libertad al interior del establecimiento”. “El Ejecutivo tiene una sola opinión y es que, dada la naturaleza de la condición procesal de las personas que están ahí, los delitos que cometieron, que explican, entre otras cosas, por qué se encuentran en el recinto que tiene mayor exigencia de seguridad al país, es razón más que suficiente para sostener la ilegalidad de esa decisión”, agregó.

La resolución del magistrado también ha abierto un debate jurídico. El influyente columnista de El Mercurio y rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, ha escrito el domingo respaldando su actuar y ha dicho que “la labor de un juez de garantía (como es el caso del juez Urrutia, que está por sobre Gendarmería) es justamente asegurarse de que el Estado no maltrate más allá de lo previsto en la ley a quienes están siendo procesados o han sido condenados” y que quienes están privados de libertad “no están condenados a galera, ni se ven, por ese solo hecho, privados de su condición de personas ni desprovistos de los otros derechos que les asisten, entre ellos mantener una mínima relación con su familia y comunicaciones regulares con sus integrantes”.

Esto, mientras Carlos Quezada, el abogado que representa a Urrutia, señaló a radio ADN que las críticas del mundo político son de “una ignorancia sublime” y “ridículas”. Y que “la resolución está dentro de las funciones que tiene que cumplir el juez de Garantía en su visita de cárcel y dentro de las obligaciones que les establece el Código Procesal Penal, el Código Orgánico de Tribunales y los tratados internacionales ratificados por Chile”, que “son eco básico en materia de legislación penal y humanitaria vigente en Chile”.

Se estima que la próxima semana la Corte de Apelaciones de Santiago revisará el recurso que Gendarmería, que depende del ministerio de Justicia, presentó en contra de la decisión de Urrutia. La Fiscalía chilena ha anunciado que se hará parte de la causa.

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