Un juez autoriza videollamadas a cuatro mafiosos detenidos en una cárcel de alta seguridad

Una decisión que el juez chileno Daniel Urrutia tomó a fines de enero, en la que autorizó realizar videollamadas a sus parejas y familiares a cuatro internos de una cárcel de alta de seguridad vinculados a delitos de crimen organizado, entre ellos dos miembros del Tren de Aragua, ha desatado una fuerte controversia en Chile. Se trata de comunicaciones que no estaban visadas por Gendarmería, por lo que el magistrado ha recibido críticas incluso desde La Moneda, que no es usual que comente resoluciones judiciales. El ministro de Justicia subrogante Jaime Gajardo ha catalogado el hecho como “gravísimo” y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ha dicho que la determinación “perjudica la seguridad del país”.

Gajardo dijo a Mega, que reveló los hechos, que se trata de “los líderes más peligrosos de las bandas criminales que están azotando la seguridad del país. Aquí tenemos los líderes de clanes que han generado crímenes que son horrendos: extorsiones, trata de personas, secuestros, homicidios. Estas personas se organizan para cometer crímenes y, por lo mismo, necesitamos que rompan su vínculo con el exterior. Permitirles videollamadas es dejar en cero aquello”.

Monsalve, en tanto, destacó que uno de los elementos centrales en la lucha contra el crimen organizado, “que comete el delito de secuestro, de homicidio, de trata de persona, es que sus líderes que están detenidos deben ser aislados del exterior y no pueden seguir ejerciendo la jerarquía que tienen sobre la organización. Por eso es que esas personas están en módulos de alta o máxima seguridad”. Y agregó que “ese esfuerzo que hace el Estado pierde todo el sentido si un juez los autoriza a comunicarse por videollamadas con sus familiares o, eventualmente, con integrantes de la propia organización criminal”.

Los internos que fueron autorizados a las llamadas, que no se han concretado todavía, se encuentran privados de libertad en el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS), en Santiago, una cárcel con régimen diferenciado en la que por el perfil de los detenidos las visitas son solo a través de locutorios. Allí, por ejemplo, están privados de libertad los líderes en Chile de la megabanda venezolana el Tren de Aragua, Carlos González Vaca, alias Estrella, quien llegó desde Caracas como jefe de la organización en Chile y Hernán David Landaeta Garlotti, alias Satanás, sindicado por la policía como sicario.

Según ha publicado La Segunda, dos de los internos están vinculados al grupo Caracas del Tren de Aragua. Esto, mientras que otros dos están imputados por el homicidio en abril de 2023 del cabo Daniel Palma, asesinado de un disparo en la cabeza mientras fiscalizaba un automóvil en el centro de Santiago.

Junto con las llamadas, Urrutia, quien en su biografía de la red X se define como “comunero, latinoamericanista” y exjuez internacional y de Santiago “por jueces y juezas promotoras de derechos humanos y la justicia social”, también autorizó a Rafael Marín Vielma, un narcotraficante de origen colombiano, condenado a quince años de prisión, para recibir visitas íntimas en circunstancias que en el interior del penal REPAS no existe un recinto especial para ello.

La determinación del magistrado se dio en el contexto de una visita al penal, pues de acuerdo con la legislación los jueces de garantía deben ingresar a las cárceles. Fue allí donde recibió las quejas y demandas de algunos internos.

Tras la decisión de Urrutia de permitir las videollamadas, Gendarmería, el organismo estatal a cargo de la custodia de los penales en Chile, pidió una reconsideración de la medida, pero el juez la ratificó. Ante ello, la institución recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago, que acogió la tramitación del recurso y, hasta que no se resuelva el fondo, dio curso a una orden de no innovar que paralizó la decisión del juez.

En un comunicado, el servicio de presiones señaló que, “más allá de lo que se determine a nivel judicial, es importante comprender que los internos en cuestión se encuentran recluidos bajo un régimen diferenciado de seguridad, ya que pertenecen a bandas criminales organizadas y poseen un alto compromiso delictual, de acuerdo a la clasificación que hace Gendarmería”. Y agregó que, “en ese contexto, el acceso a videollamadas con terceras personas puede comprometer gravemente las condiciones de seguridad del establecimiento, así como del personal de Gendarmería y de la población bajo custodia institucional”.

Este viernes, el subdirector operativo subrogante de Gendarmería, Luis González, ha enfatizado que el penal REPAS “alberga a los internos de mayor peligrosidad a nivel nacional, porque han cometido delitos de alta connotación pública, en contra de las personas, por lo tanto, están en un régimen diferenciado de reclusión”.

El Ministerio Público ha emitido una declaración, este jueves por la tarde, en la que ha dicho que ha estado en constante coordinación con Gendarmería revisando los recursos que interpuso por la decisión del juez, y que espera “la oportunidad pertinente” para hacerse parte. “Estos son delitos graves, lo que implica un desafío adicional en la protección de víctimas y testigos involucrados”, señaló.

También el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Alejandro Vera, se ha pronunciado sobre la resolución y ha dicho a radio ADN que, en el caso de “personas de alta peligrosidad, que además tienen condiciones de aislamiento, obviamente no se puede decretar este tipo de medidas”.

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