La crisis de seguridad, agudizada por una ola crímenes, pone a prueba a la clase política chilena

En el último año y medio en Chile se han producido tres puntos de inflexión en materia de seguridad, que han convocado a reuniones de urgencia en La Moneda. El primero fue en abril de 2023, cuando el carabinero Daniel Palma fue asesinado de un disparo en la cabeza durante una fiscalización a un coche en pleno centro de Santiago, y que para el fiscal nacional Ángel Valencia fue un hito en la violencia de la nueva delincuencia armada. El segundo, un año después, con el crimen de tres policías que fueron baleados y luego quemados en la zona centro-sur, en Cañete, región del Biobío. El último, entre el domingo y el martes, con una ola de homicidios, dos de ellos múltiples, que dejaron 16 muertos en la Región Metropolitana de Santiago. Pero la serie de asesinatos no solo ha desnudado el avance del crimen organizado, sino también, como lo ha planteado el analista político Cristián Valdivieso, director de la encuestadora Criteria, ha mostrado que la clase política chilena, así como “no vio venir ni el estallido social de 2019″, tampoco lo ha hecho con “la crisis de seguridad que se viene incubando hace años” por estar “preocupada de su propia parcela”. “Esa es la verdadera crisis institucional en la que estamos”, agregó.

Parte de las disputas políticas entre la oposición y el oficialismo tienen que ver con que se responsabilizan de cuándo comenzó a originarse la crisis de seguridad, empujada según el Ministerio Público y la policía por el ingreso por pasos irregulares de bandas transnacionales, y de cuándo se agudizó.

“Antes del estallido, por ejemplo, ya había una tensión entre los que planteaban que Chile estaba perfecto y los que decían que era un desastre, y nunca había un punto de acuerdo en cómo avanzar”, dice Valdivieso a EL PAÍS. “Y con la delincuencia ha pasado algo muy similar: también viene hace mucho rato y el mundo político ha sido un poco indolente, pues suele poner un punto respecto de lo que hacen los otros. Al final del día, da lo mismo quién tuvo la culpa del problema que enfrentamos, porque termina siendo de nadie, y como la ciudadanía desconfía de todas las instituciones, y ve que la clase política se sigue dividiendo, tienes una crisis institucional”.

La reciente ola de crímenes ha empujado al Gobierno del presidente de izquierdas Gabriel Boric a reforzar sus medidas de seguridad e impulsar una batería de anuncios, como adelantar el de la construcción de una cárcel de máxima seguridad para el crimen organizado. Y, varias de ellas han sido criticadas por la oposición por considerarlas tanto tardías como poco novedosas. El mandatario también pidió que se acelere la tramitación en el Congreso de dos proyectos de ley, el de Inteligencia Económica y el del Sistema de Inteligencia del Estado y, para ello necesita del apoyo de la oposición.

Los homicidios en la Región Metropolitana

La seguridad no era una de las prioridades del Gobierno de Boric cuando llegó a La Moneda en marzo de 2022. Asumió el poder con la idea de cambiar la Constitución chilena -lo que no se produjo tras dos intentos- y con propuestas de reformas en el sistema tributario, de salud y de pensiones. Pero el aumento de uso de armas de fuego en los homicidios, la irrupción de una nueva delincuencia mucho más violenta y el avance del crimen organizado, modificaron la jerarquización de los planes. Y, como señaló el presidente este jueves, hoy la seguridad es “la principal prioridad del Gobierno”. La derecha, a su vez, ha sido crítica con los esfuerzos del Ejecutivo en esta materia, recordando que fue una oposición dura en la segunda Administración de Sebastián Piñera (2018-2022) para sacar adelante leyes que reforzaran la seguridad.

El dos años, el Gobierno de izquierdas ha despachado más de una cincuentena de proyectos legislativos de seguridad en el Congreso, y sus autoridades han recalcado, especialmente estos días, que es la cifra más alta de una Administración desde el retorno a la democracia. Esta semana se suman las dos iniciativas legales que puso para discusión inmediata: la Cámara de Diputados y el Senado cuentan con seis días para darles luz verde. El paquete de nuevas leyes aprobadas ha servido a su vez a la oposición para responder a las críticas del Gobierno, que la acusan de obstruccionista. La derecha defiende que no podrían haberse sacado adelante si no hubiesen contado con sus votos, ya que el oficialismo no tiene mayoría en el Congreso.

Los esfuerzos de la Administración de Boric han presentado algunos resultados, pero la seguidilla de asesinatos los han ensombrecido. La tasa de víctimas de homicidios consumados en 2023, por ejemplo, tuvo una reducción de un 6% respecto al año anterior. También supuso un quiebre en la tendencia al alza de estos delitos que se arrastraba desde 2016, salvo en 2021, cuando retrocedieron en plena pandemia. Las iniciativas, sin embargo, no han cambiado el panorama de estos asesinatos en la Región Metropolitana. Y tampoco con el 30,5% de chilenos que experimentan un temor significativo al crimen, la cifra más elevada desde que el Índice de Paz Ciudadana comenzó a llevar registro 23 años atrás.

Cuando en abril se conoció que los homicidios habían bajado en 2023, la ministra Carolina Tohá celebró los resultados, pero advirtió que aún existe una sensación de inseguridad en la ciudadanía y que el desafío era que sintieran “que el peak de homicidio va quedando atrás”. Este lunes, cuando ya se sabía del primero de los dos asesinatos, en el que las víctimas fueron cuatro adolescentes acribillados el fin de semana en el municipio de Quilicura, la ministra portavoz de Gobierno, Camila Vallejo, reconoció que existen “grandes desafíos en seguridad, pero no estamos al nivel que están nuestros países vecinos”. La comparación generó un alud de críticas desde la oposición.

La narrativa de la Administración de Boric, en este sentido, ha sido un error para Cristián Valdivieso. Y dice que la ola de crímenes, concentrada en la capital chilena, “pone en entredicho” el relato que estaba intentando instalar el Gobierno sobre una normalización. “Es equívoco porque la gente entiende que hay un antes y después y no que es un proceso de mejora continua”, señala. Porque, a pesar de que las cifras son objetivas, como la baja del 6% de los homicidios en 2023 o que Chile es el segundo país con menos homicidios en América Latina, según la Organización de Naciones Unidas (ONU), “no encuentran asidero en las personas y es poco empático”, apunta Valdivieso.

Para el profesor de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes, las estadísticas muestran que los delitos han retrocedido un poco, sin embargo, la percepción objetiva es que son más violentos, que el uso de las armas es más común, al igual que los homicidios sean entre desconocidos: “Efectivamente Chile está muy abajo en niveles de tasas de homicidio, sin embargo, para la situación chilena no es lo relevante de observar. Hay que mirar en relación al pasado y a la naturaleza de estos delitos”.

Valdivieso plantea que las encuestas mostraban que la droga, el micro y macro tráfico estaba en la poblaciones desde hace 15 años, pero como solo pasaba en sectores bajos se hizo vista gorda hasta que llegó “a las casas de los políticos”. Otro favor relevante, según el analista de Criteria, es que con el restablecimiento del voto obligatorio en 2022, los políticos están presionados a considerar a los grupos que menos votan cuando era voluntario, los de las zonas más vulnerables, donde conviven la delincuencia y la migración. La duda que tiene es si la derecha va a saber capitalizar los errores del Gobierno y si este no va a tropezar camino a las elecciones municipales y de gobernadores de octubre próximo. Sobre un posible pacto de Estado, lo ve “difícil”, lo que puede producir, desde su punto de vista, que la gente siga acumulando odio y se abran espacios para seguir deteriorando la democracia y aparezcan liderazgos populistas.

Según Fuentes, si el Gobierno de Boric lo hace mal ahora, puede convertirse en el dolor de cabeza que lo haga perder una elección. “La pregunta es si el Gobierno va a aprovechar esto para convertirlo en un tema país, desarrollar políticas de corto y mediano plazo que funcionen y dar vuelta la percepción social sobre el aumento del temor, aunque es muy difícil”, plantea. Revertir la opinión ciudadana, sin embargo, no asegura un fracaso del oficialismo en los comicios para el académico, ya que la sensación de inseguridad se arrastra hace varios años, de manera permanente, y las elecciones que han habido desde entonces han dado triunfos tanto a la izquierda como a la derecha.

El jueves, cuando Boric hizo sus nuevos anuncios, como la cárcel especial, dijo: “Como presidente de la República me he propuesto como meta reducir los homicidios que han venido en alza en nuestro país desde el año 2016 y, durante nuestro Gobierno, frenar y desarticular el ingreso y articulación de bandas de crimen organizado”. Y agregó que “el trabajo que se ha hecho hasta ahora no ha sido en vano (...) Sin embargo, esto no es suficiente, en particular, en la Región Metropolitana. Mientras exista una familia sufriendo producto de la delincuencia y el crimen organizado, como Gobierno no podemos estar tranquilos. Acá hay sentido de urgencia y responsabilidad”.

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