Las prisas pasan

Una de las grandes dotes de quien fuera presidente de los industriales chilenos a fines de los 90 e inicios de los 2000, Felipe Lamarca, era la de acuñar frases memorables y de gran trasfondo. “Cuando la calle manda, el país se desbanda” y “Chile no va a cambiar, mientras las élites no suelten la teta”, son perlas notables, pero quizás la que se lleva la presea de oro sea aquella de “las prisas pasan, las cagadas quedan”, que tuvo tantas repercusiones que en 2009 fue el título de un libro del propio Lamarca que logró notables ventas.

Imposible no traer a colación este aserto de Lamarca con ocasión del debate en torno al reajuste de las tarifas eléctricas congeladas en dos oportunidades en los últimos años. Las prisas con que la clase política “evacuó” sendas leyes para congelar los valores de la electricidad (las primeras más excusables, dado el contexto que se vivía en noviembre de 2019) son hoy un prurito que tiene muy revuelto a ese mundo, alarmado por los efectos electorales de la necesaria corrección de precios ad-portas de las municipales.

Las reuniones no dejan de sucederse y con absoluta falta de pudor y eludiendo el fondo del tema, muchos parlamentarios ponen la mirada en Hacienda a ver si de los ya apretados bolsillos del Estado salen algunos recursos para amortiguar lo que se teme será un costo político electoral. La solicitud de subsidios adicionales fue bastante clara por parte del ministro Mario Marcel: “si hoy no hay recursos para financiar un aumento de la PGU [Pensión Garantizada Universal], si no hay recursos para financiar desde el Estado las salas cuna, si no hay recursos para financiar una reducción más agresiva de listas de espera en los hospitales, difícilmente podría haber recursos para ampliar el subsidio eléctrico”.

Estas nuevas prisas, luego de que las decisiones adoptadas en el pasado generaran una deuda con las empresas eléctricas que supera los US$ 6.000 millones y que crece a razón de US$ 3 millones por día, si bien hoy decantan en un debate en torno a subsidios, eso no despejan un mal regusto sobre cómo la forma de hacer política puede afectar a la economía en su conjunto (logro de la meta de inflación) y a la toma de decisiones de los agentes económico, en particular en el ámbito de las inversiones.

Cuando a sabiendas de los catastróficos efectos que tuvieron para el país los retiros de fondos de pensiones se los vuelve a enarbolar, aunque sea sólo como forma de presión para apurar la reforma previsional; cuando en todo el debate de las tarifas eléctricas se omiten los temas de fondo como la implícita distorsión de precios generada y la incertidumbre sobre estabilidad de las reglas del juego para los inversionistas, no se están dando pasos en la dirección de asentar la recuperación de la economía sobre las bases sólidas que supone el despliegue de nuevos proyectos de inversión de parte del sector privados y la consecuente creación de nuevos puestos de trabajo “formales”, que son los que permiten a las personas vivir con certezas y generar resguardos para las contingencias presentes y futuras.

La facilidad con que el debate de la clase política se consume en chayas y declaraciones rimbombantes, y pierde de vista que las decisiones de los agentes económicos son racionales y que se deben al necesario cuidado que sus administraciones deben tener hacia los aportantes del capital (accionistas y prestamistas) que financian los proyectos, no deja de ser elocuente.

Por estos días, sin ir más lejos, se ha producido un amago de debate que justamente ventila estas cuestiones. El presidente de CMPC, Luis Felipe Gazitúa, dijo en un encuentro empresarial regional que a su juicio “hay una cosa que uno percibe en otros países latinoamericanos que tienen un nivel de desarrollo que el nuestro (…) en las autoridades públicas existe un convencimiento de que la industria privada es factor de desarrollo. Eso en Chile se ha perdido”.

El comentario del presidente de la Papelera pone el dedo en la llaga, al tiempo que releva un problema de sobra sabido; a saber, la interminable burocracia a la que se enfrentan los proyectos de inversión (“nadie en su sano juicio va a iniciar una inversión de unos US$ 4.000 millones cuando el proyecto se puede demorar 14 años”, dijo Gazitúa). La respuesta del ministro Marcel, sin embargo, no estuvo a la altura de las circunstancias, cosa rara en él, al tirar la pelota fuera de la cancha y sacar del sombrero el episodio de colusión del tissue que detonó hace ya una década.

Las inversiones no se comportan de manera estúpida y no son insensibles a miles de situaciones que las afectan. La seguridad pública, que ha sido determinante en las inversiones del sector forestal, la llamada “permisología”, el ambiente de negocios en su conjunto, son todas variables “objetivas” y no políticas que inciden en la toma de decisiones, por lo demás legítimas, de las empresas. Incluso temas de dinámica competitiva de los mercados, como en el caso de la reciente decisión de Liberty Media de diluirse en Claro/VTR, son una condición suficiente para explicar el comportamiento de las inversiones.

Como dijo el CEO de la matriz de VTR, Balan Nair, al detallar la decisión de Liberty de dar un paso al costado en el mercado de las telecomunicaciones local: “Políticamente, Chile es uno de los mejores países” y “fue una de nuestras mejores inversiones por muchos años”, no obstante lo cual, “si miramos todas las oportunidades (y) debido a algunas incertidumbres en el futuro de Chile, hemos decidido que otros mercados probablemente son mejores”. Más claro, echarle agua.

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