Chile se alista para saldar cuentas con las generadoras eléctricas: el pago podría durar hasta una década
Claudio Seebach, expresidente de Generadoras de Chile, estima que el Estado podrá pagar los 6.000 millones de dólares que debe a las empresas más allá de 2031 y dice que las energías renovables podrían ser un amortiguador en las tarifas
Encender la luz en Chile será más costoso en pocos días. Casi cinco años después del congelamiento de los precios de la energía eléctrica, el país estabilizará las tarifas a partir del 1 de julio, lo que podría suponer alzas cercanas al 30% el próximo mes y de hasta un 60% en las cuentas de los hogares hacia 2025.
El principal motor del descongelamiento ha sido la creciente deuda del Estado con las empresas generadoras de energía eléctrica, que asciende a unos US$6.000 millones. “La deuda se va a repagar en la próxima década, tal vez más allá de 2031″, ha dicho Claudio Seebach, expresidente de Generadoras Chile y decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, en una entrevista telefónica con EL PAÍS.
Los costos de la energía eléctrica en Chile ya figuran entre las cuatro mayores de Sudamérica de acuerdo con un ranking de Global Petrol Prices, un proyecto de recopilación y análisis de datos energéticos. Pero el ajuste de los saldos difícilmente posicionará al país sudamericano por encima de otros, donde el servicio es más costoso, como Uruguay, según Seebach.
El amortiguador de la subida de las tarifas serán las energías verdes, de las cuales Chile destaca mundialmente por sus avances. “Las renovables nos permiten precisamente repagar estas deudas en el futuro. Como son más económicas, contribuyen a la baja en el precio de la producción de la energía”, ha explicado.
Si el país sudamericano no tuviese este desarrollo, el escenario sería diferente porque los precios se habrían disparados al depender completamente de hidrocarburos. “Gracias a la llegada de las energías solares y eólica se permitirá acelerar el repago de la deuda”, agrega el académico.
La luz abre el debate
En Chile, los precios de la electricidad fueron congelados en octubre de 2019 –en el contexto de la estallido social– para apoyar a las familias vulnerables. Con la llegada de la pandemia, esta medida fue extendida. Pero en abril de este año el Congreso aprobó la Ley de Estabilización de Tarifas Eléctricas, la que entrará en vigor la próxima semana y permitirá pagar la deuda acumulada con las empresas de generación eléctrica en un plazo de nueve años y crear un subsidio focalizado a cerca de un millón de hogares. La primera de las alzas se producirá en julio, pero se esperan otras en octubre y enero.
Pero, de momento, la subida de las cuentas de luz ha abierto un debate por el impacto sobre la inflación en el país, la cual se había reducido a un 4,1% anual desde un 14,1%, registrado en agosto de 2022 y el máximo nivel en tres décadas.
En su último Informe de Política Monetaria (IPoM), el Banco Central de Chile ha ajustado su proyección del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a un 4,2% al cierre de 2024, cuatro décimas más que lo estimado en marzo. De acuerdo con el instituto emisor, el aumento de los precios de las cuentas de la luz tendrá una potente influencia sobre el indicador. “En primer lugar, el servicio de suministro de electricidad representa un 2,2% de la canasta de consumo de los hogares”, ha señalado.
En tanto, las empresas productoras de servicios también utilizan esta energía como un insumo, lo que provoca un efecto indirecto sobre la inflación.
Para evitar un golpe mayor, el Ejecutivo otorgará un subsidio destinado al 40% de los hogares más vulnerables a partir del próximo mes, como prevé la Ley de Estabilización de Tarifas Eléctricas. Además, la portavoz del Gobierno, Camila Vallejo, ha declarado este lunes que se están “evaluando distintas propuestas” para contener el incremento.
Hermann González, coordinador macroeconómico del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (Clapes UC), detecta un efecto directo para el Ejecutivo, sobre todo para los recursos públicos que serán usados para mitigar el impacto en los bolsillos de las personas con menores ingresos. “El Estado incurrirá en costos debido a las ayudas. También uno podría considerar que hay una señal importante, que está por verse cómo se resolverá, respecto de qué hacer en materia de reajustes de tarifas de servicios básicos y de subsidios relacionados con esas tarifas”. Y añade: “Creo que hay una prueba muy importante para el Estado, y en particular el Gobierno, sobre qué hacer en este caso, para dar señales correctas respecto de que los precios reflejen efectivamente los costos de producción de los servicios y no exista un mecanismo en que los subsidios se usan de manera más allá de lo que es prudente desde el punto de vista fiscal porque eso, tarde o temprano, termina pasando la cuenta”.
La magnitud del aumento, postergado durante casi cinco años, ha sido tan grande que ahora será complejo realizar un traspaso directo a todos los consumidores, resalta González.
No obstante, concuerda en que se necesitan ayudas focalizadas en el proceso de ajuste de la tarifa. También cree que el descongelamiento debería realizarse de manera gradual para evitar un impacto directo en los hogares.
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