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La inflación chilena tiembla ante la posibilidad de un nuevo retiro de los ahorros para las pensiones

La Cámara de Diputados y Diputadas inicia hoy el debate por un sexto retiro de los fondos previsionales. Esta medida ha impactado en el costo de la vida, que ya se ubica en 11,1% en 12 meses

Cámara de Diputados de Chile
En una fotografía del 18 de abril de 2022, diputados en el Congreso de Chile muestran carteles en rechazo a las Administradores de Fondos de Pensiones, AFP.Johanna Zárate Pérez (EFE)

La Cámara de Diputados y Diputadas de Chile inicia este martes la discusión de un proyecto de ley que posibilitaría a la gente retirar, nuevamente, parte del dinero de sus ahorros previsionales. En mitad de la pandemia, entre 2020 y 2021, el Congreso chileno permitió tres retiros de fondos previsionales de 10% del fondo de capitalización individual cada uno. Los siguientes dos proyectos (el cuarto y el quinto retiro) no pasaron el filtro de la Cámara Baja. En total, fueron más de 50 mil millones de dólares de los ahorros que pasaron a manos de sus dueños y que tuvieron un efecto negativo en la inflación que ya se ubica en 11,1% en 12 meses, cifras altas para Chile.

A esta iniciativa se le conoce como sexto retiro, aunque en realidad solo se hayan podido concretar tres. El proyecto de ley empieza su discusión en la comisión de Constitución, justamente un año después de que el Congreso rechazara una iniciativa similar (de acuerdo a la ley chilena deben transcurrir al menos 12 meses para poner nuevamente en tabla proyectos que no han pasado la prueba legislativa). Es empujado por un grupo minoritario de parlamentarios y busca poner a disposición de los ahorrantes parte de sus fondos, que en Chile gestionan las Administradoras de Fondos Previsionales, AFP, a través de un sistema de capitalización individual.

Según el Banco Central de Chile, dos tercios de la espiral inflacionaria que todavía afecta al país tiene su origen en factores internos derivados de los retiros de los dineros de las AFP y por el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), un beneficio entregado por el Estado para mejorar los ingresos de las familias en medio de la crisis de la covid-19. La inflación de 11,1% en 12 meses está lejos de la meta de 3% que el Banco Central espera alcanzar hacia fines de 2024.

La presidenta del ente autónomo, Rosanna Costa, ha sido enfática en señalar los efectos indeseados que un sexto retiro podría traer a la economía. “Si hoy día tenemos un ajuste pendiente, porque tenemos un consumo que está por sobre la capacidad de largo plazo, un sexto retiro exacerbaría ese problema en vez de resolverlo, y, por lo tanto, presionaría los precios”, alertó en su presentación del último Informe de Política Monetaria (IPOM) el 5 de abril pasado.

Para aprobarse, sin embargo, el actual sexto proyecto requiere un quórum de tres quintos en ambas cámaras: 93 diputados y al menos 30 senadores, lo que no es fácil de lograr en el actual contexto. Un nuevo retiro no goza hoy de la popularidad que tuvo hace dos años, cuando sus efectos en la inflación todavía no eran evidentes y la necesidad de las familias de contar con fondos frescos en medio de la pandemia era innegable.

El Gobierno de Gabriel Boric en esta ocasión ha sido tajante. Si hace un año atrás, a un mes de asumir en el poder, terminó cediendo a las presiones y presentando un proyecto propio de retiro de fondos previsionales, que finalmente fue rechazado, ahora se ha mostrado convencido del daño que una iniciativa de este tipo puede provocar a la economía. “No vemos razón para otro retiro. Es retroceder en los avances que hemos tenido en materia de enfrentar la inflación. Es auto boicotearnos con la reforma previsional, que es una de las prioridades del programa de Gobierno. Hoy se requiere aumentar y mejorar las pensiones en nuestro país”, ha señalado la ministra portavoz, Camila Vallejo.

En todo caso, desde los partidos del oficialismo y desde otras bancadas han pedido al Gobierno una “actitud proactiva” para enfrentar las presiones que generará el proyecto. Una señal importante en esta línea fue el acuerdo alcanzado ayer entre el Gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para que el sueldo mínimo llegue a los 500.000 pesos chilenos (unos 625 dólares) en julio de 2024 sería una señal importante.

En los tres primeros tres retiros, los actuales partidos de Gobierno apoyaron desde la oposición con entusiasmo la iniciativa, incluidos los entonces diputados Gabriel Boric, Vallejo y Giorgio Jackson, el ministro de Desarrollo Social.

El Gobierno de Sebastián Piñera, que en un principio fue categórico en rechazar la medida, finalmente terminó por ceder ante este proyecto altamente popular en un contexto de crisis. Promulgó el primer retiro en julio de 2020 ante la abrumadora mayoría del Congreso que votó a favor de la iniciativa. Luego, presentó un proyecto propio en diciembre de ese año que incluyó el pago de impuestos. En abril de 2021 no tuvo más opción que firmar la iniciativa, luego de su aprobación parlamentaria y de que el Tribunal Constitucional (TC) votara por no acoger a trámite el requerimiento interpuesto por La Moneda.

Los 50.000 millones de dólares desembolsados en los tres retiros de los ahorros para la vejez equivalían al 25% del total de fondos acumulado a junio de 2020, según la Superintendencia de Pensiones. Tras ello, el 34,5% de los afiliados quedó sin saldo en su cuenta de ahorro individual obligatoria. Del total de afiliados que agotaron su saldo, el 58,6% correspondía a mujeres.

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