Un hospital público de Santiago de Chile, investigado por la eliminación de más de 300.000 consultas de las listas de espera

La administración del Hospital Sótero del Río, ubicado en la zona sur de Santiago de Chile, en el municipio de Puente Alto, el más habitado del país sudamericano, está siendo investigada por las autoridades, la Fiscalía y la Contraloría, luego que el pasado martes se denunciara una eliminación de la lista de espera de más de 300.000 interconsultas médicas. La acusación señala que la depuración del registro se habría realizado de manera irregular y con la eliminación de algunos enfermos del sistema sanitario público que no habrían alcanzado la atención.

Una auditoría realizada por el Servicio de Salud Metropolitano Suroriente señaló que el 7 de junio de 2023 se eliminaron más de 250.000 interconsultas en un solo día, cuestión que fue calificada como un “error humano” por parte de la dirección del recinto hospitalario. Según un reportaje emitido por el noticiario local de Canal 13, entre los pacientes sacados del registro se encontraban aquellos que tenían las Garantías Explícitas en Salud (GES) —un régimen que asegura la cobertura de 87 enfermedades tanto para el sistema de Fonasa (público) e Isapres (privado)— y quienes no eran parte de este grupo.

La acusación ha llamado la atención de la oposición al Gobierno de izquierdas del presidente Gabriel Boric, que ha exigido que el Ministerio de Salud (Minsal) investigue el hecho. La senadora María José Gatica, una militante de RN, formación de la derecha tradicional, ha enviado un oficio a la cartera para que aclare la situación. “Solicité la aclaración de las estadísticas presentadas por el presidente en su cuenta pública de 2023, donde se informó una disminución del 32% en las listas de espera. Con la salud de los chilenos no se juega”, ha dicho.

El Ejecutivo ha reaccionado a la controversia y ha buscado aclarar algunos puntos. El subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, ha dicho que los pacientes afectados con la eliminación de las listas de esperas no son más de 300.000, sino que unas 20.000 personas, que fueron trasladadas desde el registro oficial. “De la totalidad de esas personas, la gran parte no correspondía a estar en una lista de espera de la que nosotros teníamos registrada y que son para consultas de nueva especialidad y para cirugías, era para otro tipo de procedimientos que no están dentro de la lista de espera de estas características”, ha dicho.

El caso ya ha cobrado a su primera baja, ya que el pasado miércoles se informó de la renuncia del director del Hospital Sótero del Río, Luis Arteaga. La salida ha sido rechazada por los médicos del establecimiento, que han señalado que el directivo fue desafectado de su cargo. Los profesionales han dicho que la dimisión fue apresurada y además ponen en una depuración del registro de manera “antojadiza y arbitraria”. “En 2023 se inició un proceso de revisión de las listas de espera para actualizar los registros. Cabe destacar que la revisión de esta lista es permanente y los posibles errores que pudieron cometerse se están evaluando para efectuar las correcciones que sean necesarias. Esto en conocimiento de nuestro Servicio de Salud, que ordenó realizar un sumario para aclarar estas dudas, el cual ya estaba en curso”, han dicho los profesionales en un comunicado.

La situación, que ya estaba siendo investigada a través de un sumario, será indagada de oficio por la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, que analizará un presunto delito de tráfico de influencias. La fiscal asignada al caso, Denisse Valenzuela, explicó a El Mercurio que entre las primeras diligencias se solictará al Servicio de Salud Metropolitano Suroriente el sumario adminstrativo realizado en esta materia, y que a ello se sumarán instrucciones al equipo policial que estará a cargo de las pesquisas.

La Contraloría General de la República, el organismo encargado de fiscalizar las acciones del Estado chileno, también revisará los antecedentes.

Las listas de espera de los hospitales contienen a miles de pacientes que necesitan una atención especializada, exámenes, consultas de diagnóstico o cirugías en el sistema público. La acumulación de personas enfermas que no logran ser atendidas ha generado una verdadera crisis en el sistema. En un reporte entregado a inicios de este año, el Minsal señaló que 38.000 usuarios murieron durante el año 2022 esperando una atención o una cirugía. Las autoridades han tomado algunas medidas para disminuir esta presión, como extender la atención durante los fines de semana y ampliar los horarios de apertura de las consultas médicas.

Esta problemática ha sido abordado por distintos Gobiernos, y en algunos casos ha terminado con controversias graves. En 2011, durante la primera Administración del presidente Sebastián Piñera (2010-2014), de la derecha tradicional, el entonces ministro de Salud, Jaime Mañalich, dio por cumplida la meta de terminar con la lista de espera. Una investigación posterior de la Contraloría determinó que miles de pacientes fueron sacados del registro de espera por una vía “administrativa”.

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