Política Nacional de Migración: una oportunidad

El pasado jueves 6 de julio se dio lanzamiento a la Política Nacional de Migraciones, algo muy esperado por la comunidad migrante en Chile. Se trataba de un asunto fundamental, sin el cual la actual ley de migración y extranjería -que entró en vigencia en febrero de 2022- quedaba incompleta. A la vez, esta política era una sentida necesidad para un país que lleva más de una década recibiendo crecientes flujos migratorios, con una deuda en materia de gestión del fenómeno de movilidad humana presente en todo el continente.

La migración ordenada, segura y regular, es el gran objetivo declarado, recogiendo el principio consagrado en el artículo 7 de la Ley de migración y extranjería. En esa línea, los objetivos que apuntan a fortalecer el Servicio Nacional de Migraciones, que incluye entre sus medidas de aplicación inmediata la implementación de un programa de rezago de solicitudes migratorias, reconocen lo que ha sido una realidad de distintos gobiernos: una gestión deficiente del Estado ante solicitudes de permisos de residencia.

La nueva política migratoria busca ampliar herramientas para combatir tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. Esto apunta a fortalecer una migración que sea segura para todos, tanto para las comunidades receptoras -el reclamo por mayor seguridad es una demanda transversal en la ciudadanía chilena- así como para las mismas personas migrantes que son, a fin de cuentas, las más vulnerables. La inclusión de medidas de especial protección de víctimas de violencia intrafamiliar, así como el énfasis en resolver los obstáculos de regularización que enfrentan niños, niñas y adolescentes -en especial venezolanos- son ejemplos concretos y muy positivos de un compromiso por proteger a ciertos grupos en necesidad de especial protección.

Por otra parte, se incluye entre las medidas que apuntan a seguridad y control de fronteras el proceso de empadronamiento biométrico que ya está en curso. Se menciona que la información recogida por este proceso será útil para el diseño de políticas, como el de la aplicación de modalidades de regularización, aun cuando las autoridades gubernamentales han insistido que este proceso no conducirá a medidas de regularizaciones masivas.

La actual ley de migración, en su artículo 22 referido a la Política Nacional de Migraciones, indica que entre sus elementos debe considerarse la integración e inclusión de los migrantes. Es una buena noticia en esa línea el anuncio del programa de mediación intercultural, enfocado principalmente en los funcionarios municipales y dirigentes sociales, apostando a un trabajo local con miras a mayor cohesión social.

Pero también lo contenido en la nueva política nacional de migración -al menos en su resumen ejecutivo, que es el que se ha hecho público- deja algunas interrogantes y preocupaciones. Se compromete un proyecto de ley para establecer un mecanismo de admisibilidad previa en materia de refugio, sin mayor detalle, y sin referencia a la desastrosa forma en que se ha implementado la ley de refugio hasta el momento, lo que ha tenido como consecuencia el casi nulo reconocimiento de la condición de refugio (Chile tiene una de las tasas más bajas de reconocimiento del refugio en la región), además de una serie de arbitrariedades de la autoridad migratoria en el acceso a procedimiento de personas solicitantes.

Preocupa también la redacción general de medidas que buscan ampliación de prohibiciones de ingreso y de causales de expulsión. Por ejemplo, frente al proyecto de ley comprometido que buscaría la posibilidad de materializar la expulsión a pesar de la existencia de causas judiciales pendientes en casos de simples delito, cuando se cuente con autorización del tribunal. Cabe preguntarse: ¿a qué tipo de expulsión se refiere la medida propuesta? ¿Administrativa o judicial? ¿No estamos con este tipo de proyectos volviendo a tiempos de la antigua ley de extranjería, donde los tribunales de justicia debieron dejar sin efecto una gran cantidad de expulsiones que se fundaban en la comisión de un delito, ya que no se esperaba a contar con una condena, elemento fundamental del debido proceso?

En el ámbito laboral, el proyecto Plataforma de Empleabilidad para Migrantes propuesto busca vincular la demanda de empleo con la oferta de trabajadores migrantes que, según se indica, hayan ingresado solicitud al sistema perteneciente al Servicio Nacional de Migraciones. Sin embargo, no sabemos si en la versión final de la política se incluirá a trabajadores migrantes en situación irregular, para así no desaprovechar la posibilidad de avanzar sustantivamente en el objetivo de una política orientada hacia la regularidad migratoria.

En su discurso de lanzamiento de la Política Nacional de Migración, la ministra del Interior, Carolina Tohá, invitó a pensar en el futuro y en la actitud del Estado de Chile ante la migración. En su intervención expresaba que las personas migrantes y refugiadas debiesen tener la certeza de que Chile es un país decente.

En el actual contexto, lamentablemente, el debate sobre movilidad humana se reduce a tema de seguridad y control frente a la amenaza de aquellos a quienes no conocemos. Sin embargo, aquellos desconocidos habitan hace varios años entre nosotros, anhelando, tal como las familias chilenas, un futuro mejor y más seguro para sus hijos e hijas. Lo que tenemos hoy es la oportunidad de tomar, de una vez por todas, el desafío de esta nueva sociedad intercultural en la que vivimos, de crisis humanitaria a nivel regional, y de un fenómeno migratorio que debemos aprender a gestionar de la mejor manera posible: con mirada de largo plazo, protegiendo los derechos humanos de todos y todas, y atendiendo tanto los anhelos de quienes migran como las preocupaciones de las comunidades receptoras. Es de esperar que la política y las medidas que sigan a ésta, den espacio a una gestión eficiente, pero a la vez, como dice la ministra Tohá, decente.