Crecimiento para un desarrollo productivo sostenible
Tras dos décadas de un atenuado dinamismo económico, Chile tiene un doble reto: crecer más y hacerlo más verde y equitativo
¿Cómo Chile vuelve a crecer? Una pregunta fundamental en dos sentidos. Por una parte, llevamos dos décadas de un atenuado dinamismo económico: bajas tasas de crecimiento, de ahorro e inversión, productividad estancada, y un congelamiento en la matriz de productos exportados. Por otra parte, los desafíos medioambientales y sociales, en particular la crisis climática y persistente desigualdad, obligan a Chile a transitar con justicia social y sólo en un par de décadas hacia la carbono neutralidad. Es decir, es un doble reto: crecer más y hacerlo más verde y equitativo.
A primera vista parece una tarea imposible. Si llevamos un par de décadas con bajo crecimiento de la productividad e inversión, uno pensaría que agregar otra dificultad, la medioambiental, aleja aún más nuestra anhelada prosperidad material. Pero es todo lo contrario. Dado lo crítico que son el cobre, el litio y el hidrógeno verde para la descarbonización mundial, la lucha climática lejos de ser un freno va a ser el motor del crecimiento de nuestra economía. Por ello, nuestro desafío principal no es evitar un futuro oscuro, sino cómo lograr que nuestro futuro lleno de oportunidades (y amenazas manejables) se haga realidad lo antes posible.
Nuestra agenda de crecimiento para un desarrollo productivo sostenible trata exactamente de aquello: acercar el futuro al presente. Apurar el crecimiento económico que puede gatillar la transformación productiva hacia una economía verde e inclusiva. Esta agenda tiene los siguientes elementos:
En primer lugar, para el año 2023 -el primer presupuesto definido por nuestro Gobierno- el gasto e inversión en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación (CTCI) creció en un 13,3% real. Todo este esfuerzo incremental en CTCI ha sido orientado hacia tres objetivos estratégicos: descarbonización justa, resiliencia al cambio climático y diversificación productiva. Es decir, más conocimiento, pero con foco en los desafíos socioambientales y productivos del país. En adición a lo anterior, el nuevo royalty a la gran minería va a permitir la generación de un fondo de 225 millones de dólares para la productividad y el desarrollo, administrado por los gobiernos regionales, fortaleciendo la descentralización económica del país.
En segundo lugar, vamos a fortalecer el sistema de financiamiento para el desarrollo. Durante el segundo semestre de este año ingresaremos un proyecto de ley con dos componentes. Por una parte, se crea una nueva institución financiera que, en un trabajo coordinado con Corfo y BancoEstado, tendrá como labor principal dar garantías y otros instrumentos financieros para que la banca aumente sustantivamente sus préstamos hacia proyectos de inversión con más contenido tecnológico y mayor valor agregado, que aceleren la transición verde, incluyendo a pequeñas y medianas empresas para que puedan incorporar nuevas tecnologías a sus tareas productivas. Por otra parte, continuando un proyecto del Gobierno anterior, crearemos un fondo de fondos, para dar una mayor profundidad al mercado de capital de riesgo en Chile, de modo que las startups puedan encontrar instrumentos para financiar su escalamiento.
En tercer lugar, haremos una transformación profunda al sistema de permisos sectoriales (no ambientales) para proyectos de inversión, con el fin de disminuir el exceso de burocracia, la demora y la incertidumbre asociada a la entrega de estos permisos. Para eso seguiremos la experiencia de otros países OCDE que han logrado modernizar sus procesos de evaluación de proyectos de inversión, sin por ello incurrir en riesgos relevantes respecto a la calidad de los proyectos. Esto se suma al trabajo de las Mesas Ejecutivas para la Productividad implementadas desde el inicio del Gobierno. Una asociación público-privada para identificar cuellos de botella en diversos sectores productivos, los que se han ido resolviendo a partir del trabajo de un equipo con dedicación exclusiva.
En cuarto lugar, estamos diseñando e implementado un conjunto de mecanismos que permitan tener una estrategia de desarrollo productivo que resista de mejor modo al ciclo político. Para ello, fortaleceremos el actual Consejo de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, de modo que su elaboración estratégica tenga un impacto mayor en las políticas de cada Gobierno; lo que se sumará a la reciente creación del Comité Interministerial de Desarrollo Productivo Sostenible.
En quinto lugar, estamos desarrollando sectores estratégicos que conjugan inversión, lucha contra la crisis climática y desarrollo industrial. En su reciente cuenta pública, el presidente Gabriel Boric anunció el pronto impulso de una política de inversión de tecnologías de almacenamiento de gran escala, por un monto de 2.000 millones de dólares. A su vez, están desplegadas ambiciosas agendas para el desarrollo de la industria del litio e hidrógeno verde. Cabe resaltar la flexibilidad y pragmatismo con que se piensa el rol del Estado en estas estrategias. Mientras en el caso del litio se justifica que el Estado tenga un rol protagónico a través de la alianza con privados en la explotación de los salares, y en toda la cadena de valor; en el caso del hidrógeno el rol de Estado aparece como el de un articulador y coordinador de la acción de los privados, promoviendo una política industrial ambiciosa y moderna que maximice el bienestar de la población.
En sexto lugar, estamos fortaleciendo la competencia en los mercados. Un ejemplo claro de aquello es el reimpulso que le hemos dado a la tramitación de la ley de cabotaje marítimo, la que permitirá aumentar la competencia en este mercado y el empleo nacional, y fortalecer un mecanismo de transporte de menor impacto ambiental. Otro ejemplo es el fortalecimiento que le daremos, en el marco de la nueva ley de pesca, a los mecanismos de asignación competitiva en el caso de las cuotas para la pesca industrial.
Por último, y no menos importante, estamos llevando a cabo un conjunto amplio y diverso de medidas para que esta transición productiva disminuya la desigualdad. Vamos a subir un 23% real el salario mínimo en un poco más de dos años, con un apoyo inédito a las micro, pequeña y mediana empresa (Mipymes) y cooperativas para esa transición; las estrategias de litio e hidrógeno verde tienen un componente protagónico de encadenamiento productivo; estamos abordando las demandas estructurales de las Mipymes de mayor liquidez y acceso a mercados a través de los proyectos de ley de Pago a 30 días y Modernización de Compras Públicas, respectivamente; tramitamos un proyecto de ley para asegurar que al menos un 40% de los directores de las grandes empresas sean mujeres; y vamos a crear un nuevo instituto para promover el cooperativismo en Chile.
Nuestro desafío estructural y de mediano y largo plazo es inmenso, pero también lo son nuestras oportunidades. Chile puede tener un liderazgo mundial en la transición hacia una economía verde y justa. A esa tarea estamos abocados como Gobierno.
