Las negociaciones por un nuevo proceso constituyente en Chile entran a su recta final

A tres meses del plebiscito constitucional del 4 de septiembre en Chile, en el que un 62% de los electores rechazó la propuesta redactada por una convención de 155 miembros, las fuerzas políticas chilenas llevan adelante la última etapa de las negociaciones por un acuerdo para un nuevo proceso constituyente. El presidente Gabriel Boric, cuyo Gobierno estaba por aprobar la propuesta, ha reiterado este martes su llamamiento para finalizar esta semana las conversaciones. Lo ha hecho pese a la decisión inicial de La Moneda de tomar cierta distancia de este proceso y dejarlo en manos de los partidos políticos tanto del oficialismo como de la oposición, justamente para facilitar las negociaciones. El partido Renovación Nacional, de la derecha, en la misma línea ha manifestado que espera que salga humo blanco en las próximas horas, mientras que el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, aseguró que en cualquier momento podría “arribarse a un entendimiento”.

Hoy en día rige en Chile la Constitución de 1980. Redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet, fue reformulada decenas de veces en democracia, por lo que lleva la firma del presidente Ricardo Lagos, que encabezó importantes transformaciones del texto en 2005. En medio del estallido social de octubre de 2019, el proceso constituyente fue la respuesta que el mundo político en su conjunto ofreció a la ciudadanía para descomprimir las revueltas que pusieron en entredicho la democracia chilena. En julio de 2021, una convención dominada por la izquierda y los independientes comenzó sus funciones y, luego de un año de trabajo, entregó un texto muy transformador de la institucionalidad chilena, con un marcado acento feminista y ecologista, defendido por el recién asumido Gobierno de Boric. En el plebiscito de salida de salida de septiembre pasado, sin embargo, el electorado lo rechazó ampliamente, lo que dejó fortalecida a la derecha y a los grupos que se opusieron al texto, como Amarillos, centroizquierda. Desde entonces, los grupos políticos con representación en el Congreso han intentado llegar a un acuerdo para fijar las reglas de este nuevo intento constituyente, que no serán iguales que el proceso anterior.

Las negociaciones se encuentran en su tercio final. En una primera etapa, los grupos políticos acordaron 12 puntos que deberán respetarse a la hora de redactar una nueva propuesta de Constitución, para evitar que, en definitiva, el texto tenga un carácter refundacional. Entre estos mínimos comunes está que Chile siga siendo un Estado unitario, por ejemplo. En una segunda etapa se acordó tener un órgano de 14 miembros, paritario, que le permita a la futura convención dirimir sus diferencias, sobre todo en la línea se respetar las 12 bases que marcarán los debates. “Entramos, por lo tanto, en la etapa de mayor complejidad: la integración del órgano que redactará la nueva Constitución, su cantidad de integrantes, y la forma en que será elegido”, explica el constitucionalista Tomás Jordán, que coordinó el trabajo por una nueva Constitución en el segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018). “Inicialmente todos estaban de acuerdo por un nuevo órgano 100% electo, pero en las últimas semanas aparecieron otras propuestas que dispusieron la discusión en otro sentido”, explica el académico de la Universidad Alberto Hurtado. Actualmente, la iniciativa de Renovación Nacional genera adhesiones: la instalación de un órgano mixto, compuesto por 50 personas electas y por 50 expertos nominados por el Congreso en proporción a sus fuerzas.

Mientras, el Gobierno de Boric y el ala izquierda del oficialismo abogan porque se trate de una convención elegida totalmente y no contemple a integrantes designados por el Congreso, como busca la oposición agrupada en Chile Vamos y a la que el Socialismo Democrático, que forma parte del Ejecutivo, estaría disponible. “Hemos señalado que para nosotros es importante que este proceso tenga legitimidad ciudadana y eso requiere que los constituyentes sean electos, así lo hemos planteado. Desde la oposición han estado con diferentes posiciones, pero no importa. Lo importante es que lleguemos acuerdo”, aseguró el sábado el presidente, sobre la base de lo conversado con un líder de la derecha, el presidente de la UDI, Javier Macaya, que habría estado disponible para un órgano 100% electo, a cambio de que el texto propuesto se ratifique luego por el Parlamento. Este martes, en tanto, Boric intervino para apurar las conversaciones: “Es importante que los partidos políticos lleguen pronto, esta semana, a un acuerdo respecto al proceso constituyente para que tengamos una nueva Carta Fundamental que otorgue estabilidad y un nuevo pacto social a nuestro país, y que sea legítimo ante los ojos de la ciudadanía”, aseguró el mandatario de izquierdas.

La forma de elección de los integrantes del órgano que redactará la nueva propuesta de Constitución ha sido otro de los grandes nudos de esta última etapa de las negociaciones. De acuerdo al constitucionalista Jordán, existen al menos dos alternativas en discusión: que se escojan en base a listas regionales, equivalente a la forma en que se elige el Senado, y que sean nombrados en proporción a las fuerzas políticas del Congreso. Según el académico, el resultado del plebiscito dejó al oficialismo de izquierda y centroizquierda debilitadas electoralmente, porque el 4 de septiembre la derecha se quedó con el triunfo y porque, si la elección de convencionales se realizara prontamente, tanto el Partido de la Gente como el Partido Republicano –populistas y de la derecha extrema, respectivamente– podrían terminar beneficiados.

Ha habido voces oficialistas que han señalado que “el momento constituyente fue superado”, en relación a que la nueva Constitución no aparece entre las prioridades ciudadanas, como el control de la delincuencia o la mejora de las pensiones. Un 64% de la gente, sin embargo, está de acuerdo con la necesidad de una nueva Constitución, según la encuesta Cadem. De acuerdo al mismo sondeo, a un 53% le gustaría que los expertos fueran escogidos en elecciones (no designados), que el órgano esté compuesto por 100 constituyentes –no 155, como la convención anterior–, y que tenga una duración de solo seis meses. El 71% de los encuestados, además, piensa que es poco o nada probable que se llegue a un acuerdo político para una nueva ruta constituyente.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región.