El turno de la Asamblea en Chile

Cada día en Chile se habla menos del 4-S y más del 5-S.

Los discursos y las palabras están cambiando.

La fecha del plebiscito de salida se entendía como el fin de un proceso.

Pero en esta quincena final antes de la elección, autoridades y políticos de todo el espectro han instalado la noción de que se nos viene uno nuevo, que debiera comenzar el 5 de septiembre. El lunes inmediatamente siguiente al domingo del plebiscito.

El detalle revela el asombroso vuelco que tuvo la campaña en pocos días, luego que una docena de encuestas distintas terminara de consolidar la ventaja de 10 puntos (un par más, un par menos) que tiene la opción “Rechazo” por sobre la del “Apruebo”.

Es posible que cambie también el nombre del proceso que vendría.

Durante una década, un movimiento ciudadano impulsó en Chile el reemplazo de la Constitución vigente mediante la instalación de una Asamblea Constituyente. “Marca AC” se convirtió en una consigna que miles de electores efectivamente hicieron realidad, escribiendo las mayúsculas “A.C.” en el voto cuando había elecciones.

Después del estallido social de octubre de 2019, cuando las fuerzas políticas firmaron, al final de una madrugada en vela, el “Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución”, se inició por fin ese camino. Solo que la derecha logró imponer la expresión “Convención Constitucional” en lugar de “Asamblea Constituyente”, un nombre asociado automáticamente a ejemplos dudosos para muchos, como los de Bolivia y Venezuela.

Pero estos son días de cambio de lenguajes y de acentos.

El presidente Gabriel Boric bajó en la última semana los decibeles de su respaldo al “Apruebo” y, sobre todo, de su advertencia más dramática de hace apenas unas semanas: la de que un triunfo del “Rechazo” nos devolvería a todos al punto de partida, para iniciar un nuevo proceso constitucional desde cero, con una nueva Convención, que nos tendría 18 meses más esperando otra propuesta constitucional.

Ahora, con ademán reposado y voz templada, se concentra en ratificar que “se la jugará” por un Chile que “se una por una Nueva Constitución”, buscando los acuerdos políticos que sean necesarios, porque “tenemos que volver a encontrarnos”, aunque, claro, “eso va a tomar por cierto más tiempo”.

El presidente reconoce así que ya visualiza el escenario de la derrota de su causa el domingo 4 de septiembre, que está trabajando en las claves de un discurso con el cual pueda “salir jugando”, como se dice en el fútbol, y que necesariamente tendrá que asumir un talante convocante esa noche.

En el análisis experto y en las conversaciones políticas de esta recta final, gana fuerza, por lo demás, la noción de que el nuevo proceso no comenzará esta vez desde una “hoja en blanco”, porque ahora hay insumos importantes: la experiencia del proceso que está a punto de terminar; la misma propuesta constitucional de la Convención; la anterior, de la expresidenta Michelle Bachelet, que encabezó un trabajo constituyente que no fue continuado por el gobierno de Sebastián Piñera; y un listado de ideas que izquierdas y derechas han venido poniendo sobre la mesa en las últimas semanas, en el debate sobre los defectos del texto que tendremos que votar, y que unos y otros reconocen que habría que corregir.

Llegamos, entonces, al tramo final de la campaña con un abanico más o menos transversal de partidarios del “Rechazo” que aseguran no querer quedarse con la Constitución vigente (la del 80, la de Pinochet, aunque su texto actual, cientos de veces reformado, lleve la firma del expresidente Ricardo Lagos) y prometiendo una “reforma inaugural” que habilite ese nuevo proceso, que advertía el presidente Boric que tendría que venir.

Llegamos también con una derecha democrática que ahora asegura estar dispuesta a instaurar en Chile un “Estado social y democrático de derecho”, lo que nunca antes dijo; a reconocer constitucionalmente a los pueblos originarios; a ampliar los derechos fundamentales, incluyendo el “derecho humano al agua”, haciendo propia la causa del medio ambiente y la biodiversidad, y tomando distancia de la ultraderecha del Partido Republicano, que preferiría dejar las cosas como están.

Llegamos, finalmente, con las izquierdas comprometidas con el “Apruebo” ofreciendo sus empeños para “mejorar” la propuesta de Nueva Constitución sometida al Plebiscito, restituyendo al Poder Ejecutivo la exclusividad legislativa en materias que irroguen gasto fiscal; eliminando la reelección inmediata del presidente de la República; y precisando las normas relacionadas con la “plurinacionalidad”, que parece asustar a la mayoría de los chilenos, por ejemplo, en lo que dice relación con el necesario consentimiento indígena para toda reforma que afecte sus derechos. Todo lo cual es entendido como el reconocimiento explícito, entre sus propios partidarios, de que la propuesta de la Convención tiene problemas.

Por supuesto que llegamos también con los termocéfalos de siempre tratando, desde los extremos, de “agudizar las contradicciones”, porque creen que siempre pueden pescar algo en ríos revueltos.

Si hemos perdido ya la capacidad de asombro con los cambios de tono y de lenguaje, quizás no debamos sorprendernos si el muy probable nuevo proceso constitucional chileno, ese que comenzaría el 5-S, termina en la primavera de 2023, si es que no antes, con una Constitución que nos hable de un Estado social y democrático de derecho, unitario, pero multicultural, con reconocimiento constitucional de unos pueblos originarios diversos que formaron una sola nación a lo largo de una historia compartida, con un catálogo de derechos individuales y sociales acordes al Siglo XXI, con una clara separación de poderes con adecuados balances y contrapesos, y con una sola justicia igual para todos.

Con una Constitución más simple y menos voluptuosa, con menos promesas y más certezas.

Y todo lo anterior, por qué no, como fruto de los acuerdos que se alcancen, y no de los desacuerdos que se negocien, en una “Asamblea Constituyente”.

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