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Las empresas de motos compartidas piden más licencias en Barcelona

La asociación de operadores Smart Mobility recuerda que la Zona de Bajas Emisiones prohibirá circular a 10.000 motos privadas

Clara Blanchar
Un motorista en una motocicleta compartida
Un motorista en una motocicleta compartidaJoan Sánchez

La asociación que agrupa a las empresas de movilidad compartida (o sharing), Smart Mobility, respondió ayer por primera vez al resultado del concurso de licencias que hay en marcha. El concurso es controvertido porque se han presentado 21 empresas de motos de alquiler por minutos, lo que supondría que los actuales cinco operadores perdieran centenares de las motos que ahora tienen en la calle.

La entidad, de la que forman parte ocho de las 21 empresas que han obtenido licencias provisionales, pidió al consistorio “que sea estricta en el cumplimiento de los plazos y requisitos de esta adjudicación”, y que “se revise el número total de licencias”. Smart Mobility no pone cifra al aumento que pide, pero recuerda que el cálculo se hizo antes de la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones, que sacará de la circulación a 10.000 motos privadas contaminantes.

A finales del mandato pasado, las empresas y el gobierno de la alcaldesa Ada Colau pactaron que la cifra de licencias en juego sea de 7.000 (un número a medias entre las 5.000 que quería el ejecutivo y las 10.000 que pedían los operadores). La cuestión es que con 21 empresas en la calle, cada una tendría solo 330, cuando algunos de los operadores actuales tienen más de mil.

El propio consistorio ha admitido que pese a la buena intención de “un pliego de condiciones innovador”, como lo define la concejal de Movilidad, Rosa Alarcón, no esperaban la avalancha de solicitudes y que operar con 330 motos dificulta el funcionamiento y la sostenibilidad económica del sistema.

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Sobre la firma

Clara Blanchar
Centrada en la información sobre Barcelona, la política municipal, la ciudad y sus conflictos son su materia prima. Especializada en temas de urbanismo, movilidad, movimientos sociales y vivienda, ha trabajado en las secciones de economía, política y deportes. Es licenciada por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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