El juez archiva la denuncia de las trabajadoras de la residencia de mayores de Alcorcón

No existen problemas de personal en la residencia de mayores que gestiona la Comunidad de Madrid en Alcorcón. Así lo ha determinado el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Alcorcón, Agustín Carretero, que ha archivado la denuncia presentada por un grupo de empleadas de este centro en mayo de 2019. El auto ya es firme y la causa está cerrada, según han confirmado fuentes judiciales.

Las empleadas se quejaban de que la escasez de personal, en especial de técnicos en cuidados de enfermería (TACE), era “crónica”, lo que se traducía en que no se atendía a los residentes “en condiciones dignas”. Para ello, ponían ejemplos como lo ocurrido el 13 de mayo de 2019, cuando solo trabajaron 20 profesionales para “atender y realizar los aseos, comidas, reparto de medicación, cambios de pañales y vigilancia de los internos”. En aquella fecha, había 270 residentes. “Nos hacemos cargo del reparto y de la administración de la medicación, no pudiendo garantizar que se realice de forma segura”, mantenían las empleadas en su escrito.

“No podemos hacernos responsables de la seguridad ni de una correcta atención de los residentes, por la presión y el abandono que vivimos, ni por la falta tan abrumadora de personal”, recogía la denuncia, en la que también se acusaba a la dirección de “abuso de poder” por tenerlas sometidas “a este estrés y lamentables condiciones”. “También abusan de los residentes, que por su estado físico y mental, están incapacitados para poder denunciar la situación en la que viven”, concluía el escrito, que lo firmaban una quincena de empleadas.

Una de las denunciantes aseguró tras presentar el escrito que el centro no cumplía la ratio mínima exigida para una residencia de ese tamaño. También mantuvo que estaban recibiendo cartas en las que se les obligaba a ir a trabajar “por necesidades del servicio”. Según sus datos, han llegado a estar de baja 15 de las 36 personas del turno de mañana.

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3, que ya hizo una primera investigación en abril de 2017 por la muerte de un interno en el jardín del centro y también la sobreseyó, pidió un informe detallado a la Consejería de Políticas Sociales y Familia, de la que depende la residencia de Alcorcón. Les demandaba la plantilla, los turnos y el reparto de funciones, entre otras cuestiones.

El Ejecutivo regional siempre mantuvo que no se había producido nunca falta de atención a los usuarios y argumentó que el centro de Alcorcón mejoraba “ampliamente” la ratio establecida por la normativa estatal en lo referente al número de profesionales por residentes en el centro: 0,9 en la residencia de Alcorcón frente a los 0,47 de la norma. La plantilla se incrementó en 17 plazas en 2018 y en otras 13 durante el año pasado. A ello se unía que el Gobierno regional invirtió durante la anterior legislatura más de 30 millones de euros en la residencia de Alcorcón en gastos corrientes, personal e inversiones.

Tras recibir y analizar toda la documentación de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, el magistrado dictó un primer auto de sobreseimiento el pasado 25 de noviembre al no encontrar ninguna irregularidad que fuera delictiva. Los trabajadores tenían un plazo de cinco días para recurrir ante el propio juzgado o ante la Audiencia Provincial de Madrid, pero no lo hicieron. El magistrado dictó el auto de sobreseimiento definitivo el pasado 31 de enero, por lo que se produce el carpetazo definitivo al mismo.