Colau adjudicó 64 contratos a dedo al límite de la legalidad

El gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, adjudicó en 2016 64 contratos menores al límite de la legalidad, según alerta el Tribunal de Cuentas en el Informe de Fiscalización de la contratación menor de los ayuntamientos de más de medio millón de habitantes de 2016. Son Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia y Zaragoza. De entrada, el informe concluye que el número de contratos menores —los que no superan un determinado importe y pueden adjudicarse sin concurso público, a dedo— “celebrados por los Ayuntamientos fiscalizados representa un porcentaje elevado respecto al total de sus contrataciones: osciló entre el 77,8% de Zaragoza y el 96,8% de Valencia. Unos porcentajes elevadísimos, aunque en cuantía sobre el total de contratos suele ser pequeño, un 5,4% en el caso de Barcelona.

Sobre los 64 contratos menores analizados, 51 fueron de servicios, nueve de suministros y cuatro de obras. Las obras pueden adjudicarse con contratos menores por importes inferiores a 50.000 euros y el resto de servicios, hasta 18.000. Y el Tribunal de Cuentas alerta de que en el caso de estos contratos analizados fueron adjudicados por solo un euro menos del límite: 17.999 los de servicios y 49.999 los de obras.

“Cabe deducir que su celebración podría no haber respondido a un cálculo de las necesidades públicas a satisfacer, debidamente planificadas y evaluadas, sino a las ventajas prácticas de la utilización de la contratación menor desde el punto de vista de la simplicidad de su tramitación o, incluso, en el caso de los contratos celebrados con cargo a remanentes presupuestarios al final del ejercicio, al objetivo de evitar la anulación de dichos remanentes”, afirma el informe. Y añade que en cinco contratos la adjudicación tuvo lugar en los últimos ocho días del año.

Fuentes municipales respondieron ayer que el Tribunal de Cuentas “analizó 12.247 contratos del consistorio y que realiza observaciones solo sobre 64 y en ningún caso señala ilegalidad”, y que el organismo de fiscalización no abrió expediente sancionador. También precisaron que los contratos menores los adjudican los gerentes y no la alcaldesa.

El periodo analizado coincide con el ejercicio en el que el entonces primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello —hoy Diputado en el Congreso—, prometió que limitaría la adjudicación directa de contratos públicos. La idea era que un mismo proveedor no pudiera acumular 200.000 euros anuales en contratos menores de obras sin concurrencia pública y 100.000 en otras modalidades de contratos. Entre los contratos analizados por el Tribunal hay 11 a una misma empresa, que suman 190.000 euros.

El Tribunal alerta del “posible fraccionamiento de contratos” y de que el consistorio adjudicó “de forma separada el desarrollo de actuaciones de carácter necesario, reiterado y previsible, o la realización de prestaciones de naturaleza similar que podrían responder a un fin único y cuya adjudicación, por otra parte, ha recaído, con frecuencia, en el mismo contratista”. De ahí que concluya que el fraccionamiento “persiguió eludir los requisitos de publicidad y los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan”.