Torra y Torrent

Desde sus inicios el nacionalismo catalán ha jugado con aparentar más amplitud social de la que en realidad abarcaba y con representar, a través de la Mancomunitat y la Generalitat, un poder de cuasi-estado que, exceptuando los primeros meses de la Guerra Civil, no tenía. Su ambigüedad intrínseca —es una propuesta regeneracionista española y no lo es— ha permitido que una parte importante de la población catalana se sintiera representada por él. También un lenguaje autoreferencial y gesticulación —quitar o poner banderas en actos oficiales, por ejemplo— ha bastado para suplir o sortear la realidad y contentar a los catalanistas.

Todo este denso entramado de sombras chinas —que no es patrimonio único del nacionalismo catalán, sino que alberga cada nacionalismo no estatal— resulta de difícil comprensión para los ajenos al movimiento o alejados de la sociedad en el que se produce. En las instancias políticas madrileñas ha habido momentos en los que ha existido un afán por descifrarlo, pero con escaso éxito.

En la mayoría de ocasiones el poder estatal ha acabado por creer como ciertos gestos, proclamas y actuaciones que formaban parte de ese universo autoreferencial, sin más, y le ha dado una respuesta a menudo irada, sin concesiones, directa. Esa actuación ha llegado porque el Estado no ha contado con traductores de la teatralización catalanista que formasen parte o conociesen a fondo el movimiento sino con voces que, aun siendo catalanas, tampoco entendían sus resortes internos.

Es una constante en el último siglo la mirada estupefacta de los propios catalanistas ante la respuesta desmesurada, desde su perspectiva, del Estado. El uso reiterado del juego de simbolismos ha acarreado no pocos disgustos al catalanismo, que se ha visto sorprendido por la actuación gobernativa. El ejemplo paradigmático más reciente es el 1 de octubre y sus derivadas. El sinfín de sobreentendidos ha llevado a que amplias capas de la sociedad catalana creyeran ciertas aquello que son anhelos o expectativas políticas. Una de ellas es la interiorización que cualquier ley o dictamen sobre una norma propia que se considera que afecta de manera negativa a los intereses locales puede o debe ser ignorada. Enric Ucelay-Da Cal ha explicado en distintas publicaciones, la más reciente Breve historia del separatismo catalán (2018), este fenómeno en relación a la nulificación de los confederados americanos.

El concepto, defendido entre otros por John Calhoun, procede de la doctrina federal de Estados Unidos y de la voluntad del estado de California del Sur, a mediados de siglo XIX, de ignorar la legislación que emanaba del gobierno federal y que derivó después en la guerra civil norteamericana. Trasladado al caso catalán se ejemplificaría con el rechazo del Parlamento de Catalunya a cambiar en 1934 la Ley de Contratos de Cultivo o a la no aceptación de determinados dictámenes del Tribunal Constitucional o del Supremo.

La Cámara catalana es vista, de este modo, como un principio y un fin en sí mismo, sin ningún tipo de subsidiariedad respecto al resto de arquitectura jurídica del Estado. Es ya concebida como el parlamento de un estado y de ahí la constante referencia a la “soberanía” de la misma. El ánimo nulificador actual no es consecuencia de los años de pujolismo, la concepción se halla ya presente en el momento en que Cataluña se constituye como una entidad autónoma en la Segunda República.

A pesar del didáctico ejemplo norteamericano el nacionalismo catalán no ha tenido figuras que teorizasen la nulificación a partir de este, sino que la capacidad de veto, la concepción de tener una cámara a igual nivel que las Cortes, procede en esencia de la lectura confederal del catalanismo de la unión de coronas de la monarquía hispánica. No fue un gesto casual la recuperación que impulsó el president Torra en noviembre de 2018 de los cuadros de los condes-reyes del Casal de Barcelona para el Palau de la Generalitat.

Es por ello que, siguiendo la doctrina nulificadora, Torra no se da por aludido con el aval del Supremo a retirarle el escaño —por extralimitada que sea la decisión de la Junta Electoral Central— y, de este modo, ha querido poner en jaque al presidente del Parlament, Roger Torrent. Si no fuese porque hay quien lo vive desde la prisión y quién puede acabar en ella el asunto parecería un chiste malo, entre un independentista que pretende que otro permita su enjuiciamiento para demostrar a su parroquia que el mundo, inocuo, de las sombras chinas sigue intacto.