Prisión sin fianza para la mujer que ahogó a su hija en la bañera en Girona
La hermana de la presunta parricida inició hace un mes los trámites para incapacitarla
![Los Mossos se llevan detenida a la madre que presuntamente ha ahogado a su hija en Girona.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/KMWI6S5FHUVJAEKPLJSKT62HNE.jpg?auth=4667a84e3538f9c15771b990256e58a4d46ca4fad19e6c890ac1e7bfaa6db820&width=414)
El juzgado de Instrucción número 1 de Girona ha acordado este jueves prisión provisional comunicada y sin fianza para Maria Àngels Freixas, la vecina de Girona de 49 años acusada de matar el pasado 30 de diciembre a su hija de diez años ahogándola en la bañera tras haberle subministrado 80 tranquilizantes. Según fuentes del caso, la hermana de la presunta parricida había empezado los trámites para incapacitarla. Maria Àngels Freixas había estado internada en varias ocasiones en un centro psiquiátrico. La última vez salió el 24 de diciembre. Tres dies después se presentó a urgencias con ideas de suicidio.
En su declaración ante la juez Freixas ha ratificado sus dos anteriores declaraciones, durante la reconstrucción de los hechos y ante los Mossos. La mañana del día 30, según recoge el auto de la juez, la investigada fue a la farmacia y compró tres cajas de Lormetazepam de 2 mg, medicamento que le había prescrito su psiquiatra. En casa tenía otras dos. Sobre las 11.40 horas fue a recoger a la niña a clases de mecanografía, fueron a su casa, en el número 28 de la calle Ronda Ferran Puig y allí disolvió en agua 80 comprimidos de Lormetazepam —cuatro cajas—. Puso la mezcla en un vaso y se lo dio a la niña diciéndole que era para “el dolor de anginas”. Según el escrito, la madre “tuvo que insistir para que se bebiera toda la medicación, a pesar de la negativa de la niña y de decirle que no era de su agrado”.
La pequeña se quedó rápidamente dormida en el sofá. La madre aprovechó para ir al baño y llenar la bañera de agua. La cogió de los brazos y la arrastro para meterla en la bañera, vestida, y la sumergió durante unos diez minutos. Después, según ha detallado el fiscal, Enrique Barata, la madre avisó a un periodista por redes sociales de lo que había hecho. Luego fue a casa de la vecina nonagenaria —porque sabía que tenía un hijo Policía Nacional— y le contó lo que había hecho. La anciana en primer lugar no la creyó, pero cuando acudió al baño encontró a la menor “hundida, inerte, fría y sin signos vitales”. Más tarde, sobre las 15:04 h, la presunta asesina llamó al teléfono de emergencias 112 y confesó haber matado a su hija. Diez minutos después el periodista también llamó al 112.
En la autopsia realizada, los médicos forenses han apreciado signos de ahogamiento, pero están a la espera de los resultados toxicológicos de la sangre de la menor para confirmar la ingesta del medicamento, de la familia de las benzodiacepinas. En cuanto al motivo del crimen, según Barata, la madre no ha querido dar explicaciones. Sin embargo, con “extrema frialdad emocional”, ha dicho que “ese día lo veía negro, que había desesperanza en ella y que esa sensación la llevó a hacerlo”.
La parricida, que recientemente recibió una herencia, ha declarado este jueves que la relación con su hermana “en algún momento no ha sido buena” y que era consciente de que la quería incapacitar. Según el fiscal, a la espera de tener el expediente, por el momento se desconocen los términos de la incapacitación iniciada hace un mes, sobre " “si se había pedido una incapacitación total y por lo tanto también incluía la custodia y el cuidado de la hija, o era solo una curatela para administrar los bienes de la herencia recibida”. La hermana y su familia eran quienes cuidaban de la niña cuando la madre estaba ingresada y el padre, que había alquilado un piso cerca de ellas desde el divorcio hacía un año, viajaba por temas de trabajo.
La investigada ha sido trasladada al centro penitenciario Puig de les Basses de Figueres, ya que la médico-forense que la examinó determinó que “no presenta alteraciones psico-patológicas agudas”. Por este motivo, no hace falta que ingrese en un psiquiátrico como había pedido su abogado, David Muñoz, pero “sí debe permanecer en un entorno controlado”. Los hechos son constitutivos de un delito de asesinato que conlleva pena de prisión de 20 a 25 años, pudiendo alcanzar su mitad superior por la agravante de parentesco.
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