Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Telepredicadores y clase media

Hay sectores del independentismo que en sus monólogos desde la televisión pública catalana ponen el grito en el cielo cuando la política aterriza en la realidad y se materializa en presión fiscal

Reunión entre el Gobierno y los comunes el 17 de diciembre.
Reunión entre el Gobierno y los comunes el 17 de diciembre.Albert Garcia

El pacto alcanzado entre el Gobierno de la Generalitat y Catalunya En Comú Podem ha servido para poner sobre la mesa un par de dudas existenciales: ¿qué es la clase media? Y ¿es justo que quienes cobran entre 90.000 y 120.000 euros anuales vean aumentado en dos puntos porcentuales –del 21,5% al 23,5%– su IRPF? Un sector del independentismo acepta a regañadientes o directamente rechaza este acuerdo. Ve reminiscencias de la persecución de los bolcheviques a los kulaks en que se incremente la presión fiscal a aquellos que cobran 14 mensualidades brutas anuales de entre 6.400 y 8.500 euros. Esas no son las grandes fortunas, afirman los detractores de ese aumento que supondrá 173 millones de euros en 2020 –si los presupuestos se aprueban en marzo– y 543 millones a partir de 2021. Los críticos apuntan a las SICAV y aunque no lo mencionan –por respeto a la autoridad– piensan que se queda corto ese 6,14% de tipo efectivo del impuesto sobre sociedades que, según la Agencia Tributaria, pagan las empresas del Ibex 35.

No les falta razón en estas últimas consideraciones que requerirían medidas de tal calado que no adoptaría por temor reverencial al poder financiero ni una Cataluña independiente presidida por el mismísimo Carles Puigdemont. Se engaña quien piense que la política gobierna la economía. Sucede lo contrario. A la espera de esas armonizaciones fiscales europeas que no llegan, hay que intentar zurcir los rotos de la cohesión social con el hilo del que se dispone por malo que sea. Y 543 millones de euros más de recaudación tienen múltiples usos: construir vivienda social, hacer efectiva la Renta Garantizada de Ciudadanía o invertir en cualquier cura de urgencia de las heridas de la precariedad. El caso es que hay sectores del independentismo que en sus monólogos desde la televisión pública catalana ponen el grito en el cielo cuando la política aterriza en la realidad y se materializa en presión fiscal. Los telepredicadores del procés son apologetas de paraísos futuros pero, eso sí, libres de impuestos.

En Barcelona y su área, un 25% de la población está en riesgo de exclusión social y el 16,4% de los trabajadores son directamente pobres, según un reciente informe del Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona.

El paradigma son los jóvenes catalanes, quienes deben destinar el 119% de su salario si quieren emanciparse y pagar un alquiler en solitario, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística.

Antoni Cortiñas sabe mucho de precariedad. Ha vivido en la calle durante seis meses (entre 2009 y 2010), cuando por un error administrativo se quedó sin cobrar el seguro de desempleo. Ahora trabaja para la Fundació de Sant Joan de Déu. También es coordinador voluntario de los sin techo en el Consejo Municipal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Barcelona y colabora con la Fundación Adsis. En 2011 estuvo medio año cobrando 426 euros de la entonces renta mínima de inserción. Toda esa experiencia –amortiguada por carecer de familia o personas a su cargo– le permite concluir que ahora mismo el trabajador ha dejado de ser una unidad de producción para convertirse en el beneficio de la empresa. En el pozo sin fondo del empleo mísero, Cortiñas ha visto incluso como el trabajo de un cuidador quedaba retribuido con un sofá en el que dormir.

Desde su experiencia personal este informático de profesión afirma que quienes pasan la noche en los cajeros son la expresión de esa precariedad y representan solo un 12% de los que se han quedado sin techo: primera consecuencia de tener un empleo precario o de haber perdido el trabajo y hallarse en el desempleo, habida cuenta de los precios de venta o alquiler de la vivienda. Cortiña calcula que tienen empleo entre un 35% y un 38% de quienes están alojados en el albergue Creu de Molers, en el Paral.lel barcelonés. Esa es la realidad que se esconde tras la fragilidad del mercado de trabajo: cualquiera puede acabar viviendo en la calle.

En este panorama social alarmante ha estallado el debate sobre si quienes cobran entre 90.000 y 120.000 euros son clase media. No queda clara la denominación que corresponde a aquellos que logran contratos precarios o que en el mejor de los casos son beneficiarios de ese salario medio catalán que supone unos 28.000 euros brutos anuales. A juzgar por los continuos monólogos de los telepredicadores, la clase media tiene poco que ver con el sueldo medio.

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