La fiscalía estudiará caso por caso los permisos a los presos del ‘procés’

El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, se ha reunido este mediodía con los fiscales de vigilancia penitenciaria para abordar la situación de los políticos independentistas en prisión por el procés. Tras la propuesta de las cárceles catalanas de clasificar en segundo grado a los líderes independentistas, la Fiscalía ha debatido qué postura mantendrá ante futuras peticiones de permisos. El análisis se ha centrado en la posible aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que permitiría a los presos disfrutar de permisos aun con el segundo grado o régimen ordinario, en el que cumple la mayoría de presos en España. La Fiscalía ha concluido que no aceptará "un tercer grado encubierto", pero estudiará "caso por caso" para comprobar si esas medidas "se ajustan a las necesidades de tratamiento" de los presos, han explicado fuentes de la reunión a EL PAÍS.

Además de Bañeres, a la reunión -avanzada por La Vanguardia- han asistido su número dos, Pedro Ariche; la fiscal jefa de Barcelona, Concepción Talón, y los fiscales de vigilancia de los territorios donde están las tres cárceles de los presos: Lledoners (Barcelona), Puig de les Basses (Girona) y Mas d'Enric (Tarragona). Las juntas de tratamiento -órganos internos formados por profesionales- de esas tres cárceles han propuesto la clasificación de los nueve políticos en segundo grado tras un intenso debate en el que también se valoró la opción de concederles de entrada el tercer grado o semilibertad. Este último régimen permite pasar el día fuera de la cárcel y regresar solo a dormir.

El Departamento de Justicia dispone ahora de un máximo de dos meses para aceptar o rechazar la propuesta de las juntas, aunque todo apunta a que la ratificará. Si eso sucede, las defensas de los presos pueden pedir la aplicación del artículo 100.2 para salir a diario a trabajar. La Fiscalía no está dispuesta a aceptar un planteamiento extensivo de ese artículo y recuerda que es "excepcional" y que debe ir ligado al tratamiento de cada uno de los condenados. Ha de ser "justificado e individualizado", señalan esas fuentes. Solo si se cumplen esos requisitos, la Fiscalía puede no oponerse a la concesión de esos permisos. La reunión ha servido para asentar criterios generales, aunque los fiscales insisten en que se analizará cada caso de forma individualizada.