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Las nucleares alegan no poder actuar ante las peticiones del Síndic

La empresa que gestiona Ascó y Vandellòs se excusa en que sus funciones son exclusivas "de puertas para adentro"

Marc Rovira
La central nuclear de Vandellós II junto a la autopista AP-7.
La central nuclear de Vandellós II junto a la autopista AP-7. Josep Lluís Sellart

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, presentó hace dos semanas ante el Parlament un informe en el que hablaba de “deficiencias muy espectaculares” en los municipios más próximos a las centrales nucleares presentes en Cataluña y demandaba modernizar los planes de emergencia. El Síndic pide más inversión al Gobierno y a la Generalitat y una mayor implicación de las empresas del sector y de las operadoras en el terreno. El director general de la Asociación Nuclear Ascó-Vandellòs (ANAV), José Antonio Gago, afirma que cualquier mejora de puertas hacia fuera de las plantas no es su competencia.

 Las alertas sobre la obsolescencia de los planes de seguridad y evacuación que vienen dando desde hace tiempo los municipios cercanos a las centrales nucleares catalanas han encontrado eco en el Síndic de Greuges. Tras varias visitas a los pueblos que lindan con los reactores nucleares de Ascó y Vandellòs, Rafael Ribó acumuló información para presentar ante el Parlament, hace dos semanas, un informe con afirmaciones contundentes. “Hay unas deficiencias muy sonadas, muy espectaculares, que solo demuestran que estamos a una lejanía inmensa de cumplir los requisitos”, denunció Ribó en el Parlament.

El informe reparte culpas entre las administraciones competentes, el Gobierno central y la Generalitat, pide más y mejor inversión para modernizar los planes de emergencia y las infraestructuras que deberían canalizar una evacuación inmediata en caso de accidente. Y también que la empresa explotadora de las centrales nucleares se implique participando en un órgano de coordinación con las administraciones públicas. Ribó señala igualmente la insuficiente implicación de las empresas que tienen capacidad operativa sobre el terreno, caso de las compañías de telefonía y telecomunicaciones.

La Asociación Nuclear Ascó-Vandellós (ANAV), que gestiona las dos nucleares, toma distancia del informe del Síndic y alega que su responsabilidad en materia de seguridad se limita “de puertas para adentro de las plantas”. La empresa ha reforzado el despliegue de la Guardia Civil en las instalaciones nucleares para reforzar el dispositivo antiterrorista pero se mantiene al margen del diseño y la aplicación de los planes de evacuación de la población. José Antonio Gago, director general de ANAV, admite haber recibido el informe del Síndic pero, consultado expresamente por si la empresa se plantea la posibilidad de intervenir en la mejora de los planes de emergencia por accidente nuclear, apuntó que “no es competencia de ANAV”.

Pese a tratarse de un asunto altamente sensible por su especial peligrosidad, las disfunciones advertidas por Ribó no son nuevas ni suponen ninguna gran sorpresa para quien haya acercado la oreja a las reclamaciones que realizan muchos de los alcaldes y concejales de la Ribera d'Ebre. Diluida la pujanza de la histórica fábrica química de Flix, y con la agricultura en caída libre, la comarca tiene en los dos reactores de Ascó un puntal de su economía. Sin embargo, la fuerte dependencia económica de la energía nuclear no oculta las reclamaciones sobre las carencias en materia de seguridad para los vecinos.

El plan de emergencia nuclear de Tarragona (Penta) y los dispositivos municipales que recogen las estrategias ante una supuesta emergencia nuclear presentan lagunas y ven frustrada su aplicación efectiva porque, por ejemplo, en la zona hay varios puntos donde flaquea la cobertura de telefonía móvil. Gemma Carim, alcaldesa de Vinebre y presidenta del consejo comarcal de la Ribera d'Ebre, reconoce que hay fallos de funcionamiento en las emisoras que, en caso de accidente, deberían canalizar los avisos de la subdelegación del Gobierno. Las pastillas de yodo que servirían para mitigar un primer impacto radioactivo están en los ayuntamientos, pero, según Carim, los alcaldes y concejales tienen conocimientos insuficientes para saber reaccionar en caso de emergencia. “Nos ofrecen una formación online, pero no es suficiente”.

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Aparte de la poca cobertura de telefonía móvil y el hecho de que el protocolo de avisos de emergencia exige, en algunos supuestos, comunicarse vía fax, el mal estado de las carreteras es otra de las penurias que recoge el Síndic en su informe. Este extremo queda algo mitigado en el caso de la central de Vandellòs (Baix Camp), donde la autopista AP-7 y la autovía A-7, principales ejes viarios entre Barcelona-Tarragona y Valencia, suplen los escollos que supone para la fluidez del tráfico la achacosa N-340.

Ribó también advierte sobre la dejadez en materia de prevención. “En todas las poblaciones a las que he ido y he preguntado cuándo fue el último simulacro, no lo recordaban, y solo en una escuela tenían un protocolo de emergencia que contaba con la medicina que hay que suministrar a los niños y niñas en caso de radioactividad, las indicaciones para proteger al alumnado en la escuela, y su recogida por parte de los padres”, señaló el Síndic en el Parlament.

Según Ribó, que actuó de oficio, la dirección del Plan de emergencia nuclear de Tarragona (Penta) es responsabilidad de la Delegación del Gobierno en Cataluña, pero, según el artículo 132 del Estatuto, la Generalitat tiene competencias exclusivas de protección civil, por lo que tendría que “promover mecanismos de colaboración con otras comunidades autónomas y con el Estado”.

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