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La Fiscalía pide archivar la causa por los incidentes contra Cs en el Orgullo aunque ve delito de coacciones

El ministerio público descarta la existencia de agresiones físicas y delito de odio, como denunció el partido

J. J. Gálvez
Un miembro del equipo de Ciudadanos, con un paraguas delante de Inés Arrimadas, durante el Orgullo.
Un miembro del equipo de Ciudadanos, con un paraguas delante de Inés Arrimadas, durante el Orgullo.Foto: F. J. B.

La Fiscalía de Madrid ha solicitado el archivo de la denuncia presentada por la cúpula de Ciudadanos por los incidentes ocurridos durante la marcha del Orgullo del pasado 6 de julio, cuando un grupo de manifestantes increpó a varios miembros del partido que se habían sumado al desfile. El ministerio público ha apreciado la existencia de un posible delito de coacciones aquella jornada, pero considera que el procedimiento debe archivarse porque las "investigaciones policiales llevadas a cabo hasta la fecha no han podido determinar su autor o autores".

Esta iniciativa de la acusación pública se toma a raíz de que Cs, que llegó a hablar en un primer momento de "agresiones físicas", denunciase después ante la Fiscalía General del Estado que sus integrantes habían sido víctimas de delitos de amenazas, injurias y odio. Una tesis que descarta el ministerio público, que tras estudiar el caso solo ve posibles coacciones y reenvía el proceso al juzgado decano de instrucción de Madrid. Aunque, a la vez, le solicita a este que lo sobresea debido a que no se ha podido identificar a sus responsables.

Ciudadanos, metido entonces en la batalla por el liderazgo de la derecha y ante las perspectivas de una repetición electoral, colocó en la primera línea del debate público los incidentes sucedidos durante el Orgullo, cuando varios dirigentes de la formación tuvieron que abandonar la manifestación tras los insultos y abucheos de muchos presentes. Los organizadores del desfile habían negado al partido contar ese día con su propia carroza tras sus acuerdos con Vox en diferentes comunidades autónomas y, ante ello, varios de sus miembros —entre ellos, Inés Arrimadas— se sumaron a la marcha a pie tras una pancarta que rezaba "Al Orgullo, ¡vamos!"

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Según explica la Fiscalía en su escrito, un grupo de personas no identificadas profirió en ese momento "insultos y amenazas" contra los integrantes de la comitiva de Ciudadanos. Además, varios de los autores de los hechos denunciados portaban pancartas con lemas como "Ciudavox"; "El Orgullo no se vende. Capitalismo es LGTBIfobia"; "El cuento de le Ciudadane", en referencia a la serie de televisión "El cuento de la criada"; y "Subrógate tú", por su defensa de los vientres de alquiler. Algunos participantes en la protesta también les lanzaron líquidos.

Tras recibir la denuncia del partido de centroderecha, puesta a nombre del propio Albert Rivera, el ministerio público abrió diligencias y nombró a un instructor. En primer lugar, este representante de la Fiscalía libró un oficio a la Policía Nacional para que identificara a los 15 integrantes de un grupo que, sobre las ocho de la tarde, interrumpieron el paso de Ciudadanos y realizaron una sentada "perfectamente" organizada y con pancartas. El objetivo era, además, estudiar si su actitud había influido sobre el desarrollo de la manifestación, si incitaron a realizar actos violentos contra los miembros de Cs y si existió alguna convocatoria previa para el escrache.

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Tras el análisis de las redes sociales, vídeos y fotografías de los incidentes, los agentes comunicaron que había resultado "imposible" identificar a alguna de las 15 personas bajo sospecha, que protagonizaron la performance vestidas de naranja y con cofias blancas, a semejanza de los personajes de El cuento de la criada. "La Policía tampoco localizó ninguna convocatoria en redes sociales para fomentar acciones contra los integrantes de Ciudadanos", subraya la Fiscalía, que también recalca que solo, en los días posteriores a la marcha, se publicó en perfiles de diversos colectivos y particulares, "sin que ninguno reivindicara su creación", un texto con un comunicado firmado por FAC (Frente Anti Cuñados) en el que se señala: "Diversos colectivos LGTBQI+ nos hemos organizado para enturbiar la manifestación del Orgullo 2019 del partido naranja, que hemos rebautizado como CiudaVox...". "Pese a ello, la Policía no encontró registro alguno referido a los FAC firmantes del comunicado", concluye el Ministerio Público.

La batalla contra Interior

Ciudadanos también abrió en aquellos días una batalla contra Interior. Después de que EL PAÍS publicase el borrador del informe que la Policía hizo sobre los incidentes del Orgullo que descartaba agresiones físicas contra los dirigentes de Cs, la formación cargó con dureza contra el ministro Fernando Grande-Marlaska. Este texto, además, recalcaba que los miembros del partido no siguieron "en ningún momento las instrucciones policiales", contradiciendo radicalmente la versión del partido, que pidió explicaciones al Gobierno y bautizó ese documento como informe Marlaska.

Dos informes policiales posteriores, fechados el 7 y el 11 de julio, volvieron a descartar la existencia de agresiones físicas y se limitaron a hablar de lanzamientos de objetos, insultos y "hostigamiento". El último de estos documentos fue el que Interior remitió a la Fiscalía. En el mismo, al que tuvo acceso EL PAÍS, se recalca que "ninguna persona tuvo que recibir asistencia médica". Los agentes detallan en su informe que, tras "visualizar imágenes y grabaciones de los incidentes, rastrear y monitorizar redes sociales y páginas de Internet", solo habían podido identificar a una persona "que se bajó los pantalones frente a la comitiva", pero no a los convocantes del grupo que organizaron la performance vestidos de naranja que obstaculizó la marcha de los miembros de Cs. Las pesquisas solo revelaron que salió de un grupo de Twitter llamado Plataforma de Encuentros Bolleros, sin responsable conocido. 

Ciudadanos ha difundido un comunicado donde explica que el partido estudia ahora personarse en la causa, con el objetivo de presentar alegaciones contra la solicitud de archivo de la Fiscalía y aportar nuevos documentos sobre los incidentes, informa Elsa García de Blas. "No pueden quedar impunes aquellos que amenazan e insultan a los que defendemos la libertad", apostilla la formación.

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Sobre la firma

J. J. Gálvez
Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

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