La Fiscalía pide el archivo de la causa contra la exconcejal María Oliver

La Fiscalía Provincial de Valencia ha pedido el sobreseimiento de la causa contra la exconcejal de Educación de Valencia María Oliver por presuntas irregularidades en la subvención concedida para la elaboración del mapa escolar de la capital. El ministerio fiscal pide el archivo "ante la inexistencia de suficientes indicios de criminalidad para formular la acusación", recoge el escrito.

El juzgado de Instrucción número 19 ha iniciado el procedimiento abreviado contra la exedil de Unides Podem y José Manuel Rodríguez Victoriano, profesor de la Universitat de València y director del proyecto que supuestamente le fue encomendado de forma irregular.

Maria Oliver anunció hace unos días que dejaba su cargo como asesora del vicepresidente segundo del Consell, Rubén Martínez Dalmau, tras ser procesada por los supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en la tramitación del citado estudio escolar, caso en el que el PP ejerce la acusación popular.

El auto de procesamiento cita como posibles anomalías e irregularidades el convenio firmado por el Ayuntamiento con la Universitat de València, que contaba con un presupuesto de 106.351 euros y abarcaba aspectos que no eran habituales en el ámbito del mapa escolar.

Según el escrito judicial, la memoria económica del estudio "adolecía de suficiente concreción" y no se cumplió y, además, el personal universitario "no percibió los conceptos presupuestados, sino que las cuantías "se destinaron a otros gastos incurridos supuestamente en el marco de la actividad".

El juez hace referencia a compras realizadas por el profesor universitario que no eran subvencionables como una cámara Panasonic, un ordenador portátil, una cámara fotográfica/vídeo, una grabadora, una mesa de juntas y una tableta, u otros gastos no contemplados en el convenio como la asistencia a un congreso de sociología en Valdepeñas, una cena homenaje a la primera promoción de sociólogos de la Complutense de Madrid y consumiciones en establecimientos de hostelería.

La Fiscalía argumenta en la solicitud de archivo que el procedimiento empleado para suscribir el convenio entre el Ayuntamiento y la Universitat de València, así como la subvención concedida, resulta ajustado a derecho y no consta "oposición de los funcionarios públicos que intervinieron en el procedimiento administrativo".

"El trabajo objeto del convenio", prosigue el documento, "fue efectivamente realizado por José Manuel Rodríguez Victoriano, y si se produjeron algunos gastos excesivos en su ejecución o no, ello no trasciende de su consideración administrativa.

El ministerio fiscal matiza, por último, que el carácter no subvencionable de determinados gastos a que se refiere el informe municipal fechado el pasado mes de julio no es "base suficiente para formular acusación contra Rodríguez Victoriano por la comisión de un delito contra la Hacienda Pública, al tratarte a menos de 120.000 euros, cantidad establecida como límite mínimo por el legislador" para considerarlo delito.