Una oposición a golpe de juzgado en Valencia

El grupo municipal del PP, donde nueve de los 10 concejales son investigados por presunto blanqueo de capitales, lleva los últimos tres años haciendo oposición a golpe de juzgado. Uno de sus asesores, Luis Salom –también imputado-, ha presentado en este mandato unas 15 denuncias contra los concejales del Gobierno local que preside el alcalde Joan Ribó. Mientras, el PP en el Congreso de los Diputados ha registrado una proposición no de ley donde, entre otras cosas, condena precisamente la persecución política por la vía penal. Salom asegura que no es su caso.

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En el Ayuntamiento de Valencia, donde desde junio de 2015 gobierna en coalición Compromís, el PSPV y València en Comú (Podem), no ganan para sobresaltos judiciales. Con el mandato recién estrenado, la Fiscalía de Valencia abrió diligencias por el viaje del alcalde a la cumbre de alcaldes del cambio en A Coruña tras denunciar el PP que podía tratarse de un acto de “precampaña electoral” pagado con fondos públicos. Los populares pidieron a Fiscalía que valorara “la posible comisión de alguna ilegalidad” por parte de Ribó y el primer edil se comprometió a dimitir si lo imputaban. No hizo falta porque en agosto de 2016 la justicia cerró las diligencias al no apreciar ningún indicio de delito.

Dos años después, en junio de 2018, el primer edil desfilaba por los pasillos de la Ciudad de la Justicia de la capital para declarar en un juzgado de Instrucción que le investigaba por no facilitar a este mismo asesor el expediente sobre una polémica encuesta sociológica al mundo fallero en 2017, que sí se había entregado pero con retraso. A la salida del juzgado, el alcalde aludía con ironía al embrollo judicial en el que está metido desde hace tres años Salom y gran parte del grupo de la oposición. “El sueño de un imputado por corrupción es que todos lo estén”, se despachó Ribó, que fue exonerado al poco.

Son denuncias que “se han ido archivando y solo persiguen ensuciar la imagen de Valencia”, valora el equipo de Gobierno municipal. El Grupo Popular “intenta hacer ver que todos somos iguales”, añaden. Desde 2016 se han ido presentando unas 15 denuncias –Salom no ofrece datos concretos- a fiscalía, a los juzgados de instrucción, a la Oficina Antifraude valenciana, al Síndic de Greuges (el síndico de agravios valenciano), o al Defensor del Pueblo. Al asesor le han “coloreado la cara” con el archivo ce ocho. Sobre otras cuatro hay diligencias. El resto no han trascendido.

Entre las sobreseídas, además de las dos del alcalde, están otras dos dirigidas contra la concejal Maite Girau por la contratación de váteres y por fraccionamiento en el contrato de mantenimiento de una instalación municipal. Salom también denunció al concejal delegado de Comercio, Carlos Galiana, por supuesto fraccionamiento de contratos en la gestión de redes sociales y el caso acabó sobreseído. “Algunos de los contratos que investiga el juez ni tan siquiera fueron firmados por mí”, manifestó en su día el edil investigado.

Y no acaba ahí la lista; al titular de Cultura Festiva, Pere Fuset, le han cerrado dos investigaciones judiciales propiciadas por el PP por la contratación de un cartel de las fiestas falleras y por la instalación de un buzón de los Reyes Magos. Incluso denunció a la concejal de Patrimonio, Glòria Tello, por unos desperfectos de 302 euros en un ‘ninot’ de falla del comandante Cousteau.

El grupo popular en el Ayuntamiento lo ve como una estrategia e insiste en que las denuncias están argumentadas y en su mayoría las presenta Salom a título individual. Los populares recuerdan que Compromís los denunció cuando gobernaban la ciudad por casos como el de ‘Ritaleaks” –pidieron a la Fiscalía que investigase más de 400 facturas sobre presuntos gastos suntuarios de Rita Barberá y su equipo). La Fiscalía del Tribunal Supremo dio carpetazo a mediados de 2016 al caso al no apreciar “con el grado de seguridad que una imputación delictiva requiere” que la que fuera primera edil cargara al Ayuntamiento gastos sin relación con la vida municipal. El recurso a la denuncia ha sido, de hecho, el trabajo de oposición más llamativo de un grupo municipal investigado casi al completo y que, debido a ello, ha ejercido una acción política de bajo perfil.

Mientras, en el Congreso de los Diputados, el PP ha presentado una proposición no de ley sobre el derecho a la presunción de inocencia de los investigados judiciales y la persecución política por vía penal: “Hay quien desde determinados partidos políticos redacta, presenta, alienta o impulsa querellas por la vía penal contra adversarios políticos, poniendo en cuestión no solo la legalidad de determinados actos administrativos, sino afirmando en un documento judicial el carácter delictivo de determinados hechos”, reza la iniciativa.

Pero Salom entiende que él no se dedica a eso: “El partido lo que dice es que no puede hacerse un uso político de la justicia porque el objetivo no es denunciar unos hechos presuntamente irregulares o delictivos sino ensuciar gratuitamente a alguien, sabiendo que no va a ningún lado”. Según el asesor del PP, sus denuncias solo pretenden poner en conocimiento del juzgado unos hechos objetivamente irregulares “por si pudieran ser constitutivos de delito”. “Yo no acuso, no soy parte y no estoy personado. Voy al penal por unos supuestos hechos que en vía administrativa han concluido y contra los que no cabe recurso. Es mi obligación”, concluye.