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Cien días de tensión en el primer Gobierno de coalición de la historia

El primer Ejecutivo bicolor de la Comunidad de Madrid ha estado marcado por las dificultades de la convivencia entre el PP y Cs, y su dependencia de Vox

Primera reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad, el 20 de agosto.
Primera reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad, el 20 de agosto.

El primer Gobierno de coalición de la historia de la Comunidad de Madrid, formado por PP y Cs y apoyado por Vox, celebra el jueves sus primeros 100 días en el poder. El trimestre transcurrido desde la investidura de Isabel Díaz Ayuso ha estado marcado por los roces entre los tres socios. El 23 de octubre, la presidenta dijo esto del partido de Ignacio Aguado, su vicepresidente: "Es Gobierno en la Comunidad y oposición en la Asamblea". Al día siguiente, le espetó esto a Rocío Monasterio, su otra socia: "Usted me ha dejado tirada". Dos frases que resumen la tensión que enfrenta a los tres partidos que deben darle estabilidad al Ejecutivo, y que enmarca las iniciativas del Gobierno.

Choques por Avalmadrid. La investigación de los avales concedidos entre 2007 y 2018 por esta entidad semipública, que incluiría uno de 400.000 euros aprobado en 2011 para una empresa participada por el padre de Díaz Ayuso, ha puesto a prueba las costuras de la coalición del Gobierno. Aguado anunció el cierre de Avalmadrid, y Díaz Ayuso le rectificó en público inmediatamente. Cs dio su apoyo a la comisión de investigación de la sociedad, y el PP lo consideró "una traición". Finalmente, el partido de Aguado ha bloqueado, por ahora, la comparecencia de Díaz Ayuso, lo que ha aliviado la situación.

Sin rebaja histórica de impuestos. Fue uno de los ejes de la campaña de la presidenta, cuyo equipo calculó un recorte de 300 millones en impuestos, pero hasta ahora los anuncios han sido menores: tres deducciones del IRPF que afectan a 30.000 madrileños y tienen un impacto de 16,4 millones de euros. El Ejecutivo, además, ha puesto en pausa la elaboración de unos Presupuestos hasta que haya Gobierno en España y se aclare la situación política, lo que limita su capacidad de acción. Si finalmente decide presentar un proyecto de cuentas públicas para 2020, Díaz Ayuso tendrá que negociarlo con Vox. 

Promesas que no serán realidad hasta 2023. Díaz Ayuso y Aguado prometieron en campaña la gratuidad del abono de transporte para mayores de 65 años, que el Metro abriría las 24 horas durante los fines de semana o inversiones en vivienda pública. Ahora se sabe que harán falta cuatro años para que esos anuncios sean realidad. El abono bajará tres euros al año (un 25%) hasta ser gratis en 2023 (con un coste de unos 18 millones). La ampliación del horario del Metro los fines de semana se acometerá en tres fases, tendrá un coste de 37 millones, y no se completará hasta 2022 o 2023. Y las mejores previsiones de la consejería de Vivienda establecen que las 15.000 viviendas públicas prometidas no empezarán a construirse hasta finales de legislatura.

Rocío Monasterio, de Vox, saluda a Ignacio González, de Cs, en el pleno de investidura, del 10 de julio.
Rocío Monasterio, de Vox, saluda a Ignacio González, de Cs, en el pleno de investidura, del 10 de julio.

Freno a las casas de apuestas. Además de las ayudas aprobadas para paliar los efectos de lluvias e incendios, la medida de efectos más inmediatos adoptada por el Gobierno ha sido la de suspender la concesión de licencias para abrir locales de juego y casas de apuestas. La moratoria estará vigente hasta que se apruebe la nueva reglamentación. 

Proyectos legislativos inciertos. El Gobierno ha iniciado los trámites para eliminar los aforamientos, crear la figura del defensor del denunciante de la corrupción o regular las sociedades cooperativas a través de una ley de emprendimiento. La primera medida requiere de una mayoría reforzada en la Asamblea y, en su caso, de aprobación por el Congreso, ya que supondría reformar el estatuto de Autonomía. Son dificultades que Cs no logró vencer la pasada legislatura. La segunda iniciativa también fue rechazada en 2018 en los términos presentados por el partido de Aguado. Y para la tercera, igual que para la anunciada ley de la sociedad del aprendizaje, el Gobierno tendrá que lograr el apoyo de Vox.

La convivencia con Vox. Los 12 diputados de la extrema derecha dieron su apoyo a la investidura de Díaz Ayuso casi a regañadientes, porque ni siquiera lograron un pacto por escrito. Como nada está concretado en un documento, unos y otros se dicen comprometidos a cosas distintas. "No le digo que me dé un cheque en blanco para todo, pero no se saque de la manga propuestas que no hemos pactado", le espetó Díaz Ayuso a Monasterio este jueves, cuando se negó a que el Gobierno impulse el pin parental de Vox, para que los padres decidan qué estudian sus hijos.

La extrema derecha, en todo caso, ha dificultado la convivencia de los dos socios de Gobierno al obligarles a posicionarse sobre la exhumación del dictador Francisco Franco o las leyes LGTBIQ+. En plena campaña electoral, los tres aprobaron una iniciativa sin efectos prácticos para ilegalizar a los partidos separatistas que atenten contra la unidad de España.

A la carga contra Pedro Sánchez, mano tendida a Cataluña. Díaz Ayuso ha dado los primeros pasos para tener un perfil político nacional. Viajó a Barcelona para ofrecer la colaboración de Madrid a los empresarios catalanes y cargar contra el independentismo. Y ha intentado confrontar una y otra vez con el Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha demandado para reclamar el ingreso de 377 millones de euros por la recaudación del IVA de 2017.

Una dimisión, un cese y más concertada. La directora general de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio, Concepción Canoyra, dimitió tras publicar ABC que había plagiado, presuntamente, parte de su tesis. Por primera vez, un Gobierno regional había explicitado su apuesta por la concertada dotándola de una dirección general. El Ejecutivo impulsará nuevos conciertos si así lo solicitan las familias, rompiendo con la estrategia de Cristina Cifuentes, que los congeló.

Cesado un alto cargo de la Consejería de Sanidad de Madrid imputado por el caso 'Púnica'

En septiembre se cesó al secretario general técnico de la Consejería de Sanidad, Francisco Lobo, tras su imputación en la pieza del caso Púnica que investiga la presunta financiación irregular del PP de Madrid.

Nombramientos con marca PP. El Ejecutivo de PP y Cs ha apostado por incorporar altos cargos relacionados con las dos formaciones. En el caso de la conservadora, más de una decena de esos puestos han sido ocupados por miembros de la lista electoral de Díaz Ayuso que no lograron escaño. También han encontrado destino históricos del PP, como el exalcalde de Alcobendas, García de Vinuesa, nombrado comisionado de víctimas del terrorismo; o el exregidor de Alcalá, Bartolomé González, fichado como asesor de la consejería de Vivienda justo antes de declarar como testigo en la Púnica. Díaz Ayuso también nombró como alto cargo a Pedro Irigoyen, al que el Banco de España ha propuesto para sanción por su papel en el consejo de Avalmadrid, investigada por el ente fiscalizador por facilitar préstamos mal evaluados.

Este diario pidió al Ejecutivo su opinión sobre el balance de sus primeros meses en el poder. No obtuvo respuesta. El Gobierno se remitió a los actos del jueves. 

Más seguridad para mujeres

La Comunidad pondrá en marcha en enero un proyecto piloto para que las mujeres y los menores que viajan en los autobuses nocturnos puedan solicitar bajarse fuera de las paradas del itinerario, “con objeto de acortar su recorrido y por tanto proporcionarles una mayor seguridad”.

Así lo avanzó el consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, en una entrevista con Europa Press, en la que precisó que esta medida se pondrá en marcha en Fuenlabrada, Leganés, Pinto, Valdemoro y Las Rozas.

“Solamente se requerirá que la persona lo solicite al conductor una parada antes de llegar a su destino; que se sitúe en la zona de la puerta delantera, porque descenderá por esta puerta, y que las paradas sean en tramo urbano”, explicó Garrido. “Es una discriminación positiva a favor de quienes están siendo objeto de un mayor número de incidentes violentos”.

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