Almeida encargó una auditoría exprés a Deloitte para perfilar su plan para Madrid Central

El Ayuntamiento adjudicó el 26 de julio un contrato menor relacionado con su plan alternativo a Madrid Central, que presenta este lunes el alcalde Almeida. “Asistencia técnica para la elaboración de la estrategia de reducción de emisiones de la ciudad de Madrid”, rezaba la convocatoria que contaba con una partida de 17.908 euros (IVA incluido). No es baladí que se fijara esa cantidad: cuando se superan los 18.000 euros (IVA incluido) ya no es un contrato menor; no puede asignarse sin concurso público. Ese contrato, que obtuvo la consultora Deloitte, se licitó tras el fiasco de la moratoria municipal de julio a la zona de bajas emisiones.

El contrato menor relacionado con la estrategia anticontaminación se adjudicó el 26 de julio. Según se especifica en la convocatoria, contaba con un plazo de ejecución de dos meses; hasta el pasado viernes. Justo a tiempo para que el Ayuntamiento presentase este lunes su plan alternativo a Madrid Central. “Se ha pedido información a Deloitte”, confirman desde el Área de Movilidad y Medioambiente, “pero también se ha contado con trabajo interno del Ayuntamiento y basándose en el Plan A”. “El grueso se ha hecho desde el área; el contrato de Deloitte no es la base del nuevo plan, la base son los profesionales municipales”, agregaron.

“Nadie sabe nada. No nos han consultado”. Fuentes cercanas al Área de Movilidad y Medioambiente describen como “un absoluto misterio” el plan que presenta este lunes Almeida. Además, las afirmaciones del Ayuntamiento chocan con el hecho de que no se ha convocado la comisión técnica de calidad del aire ni realizado una ponencia sobre el nuevo plan. La comisión está obligada por ley a tener “conocimiento de estrategias, planes y protocolos” relacionados con la calidad del aire. También a “realizar un seguimiento” de la misma.

“Un informe sobre movilidad requiere que se realicen modelos de futuro”, explica Adrián Fernández, responsable de movilidad de Greenpeace. “Hay que estimar cómo afectarán los cambios a los patrones actuales de movilidad”. Es decir, introducir datos de tráfico y de polución y pronosticar su comportamiento aplicando diferentes supuestos. “También habría que estudiar el impacto de las medidas en la reducción de emisiones”, agrega Fernández.

Los estudios previos a Madrid Central “incluyeron una modelización que concluyó que se reducirían el tráfico y las emisiones dentro y fuera del distrito Centro”, apunta Álvaro Fernández Heredia, exgerente de la Empresa Municipal de Transporte (EMT). Las proyecciones se cumplieron.

En esos trabajos participaron, además de los funcionarios del Área, la EMT y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). La empresa pública realizó un modelo de tráfico mientras que la UPM estimó el impacto de las medidas en la calidad del aire. “Para mí, esto evidencia que no tenían ningún plan cerrado. Ni cuando aprobaron la moratoria ni cuando hablaron de ‘mejorar’ Madrid Central”, opina el responsable de movilidad de Greenpeace.

“Se trata de una mejora del proyecto”, insistía este domingo la vicealcaldesa Begoña Villacís (Cs) con respecto a las 200 medidas del “ambicioso” plan municipal. Antes de su llegada a Cibeles, el alcalde Almeida había anunciado su intención de “revertir” Madrid Central. Tras el varapalo judicial de julio, que obligó a mantener la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), una masiva manifestación por el centro de la capital y el anuncio por parte de la Comisión Europea de que reactivaba las sanciones a España por incumplir la normativa europea sobre calidad del aire, el Ayuntamiento apostó por matizar Madrid Central. Una idea que Cs llevaba en su programa, pero contraria al acuerdo que los populares cerraron con Vox (los votos de la ultraderecha fueron clave para investir a Almeida).

Un contrato menor

Por otro lado, y aunque los contratos menores son bastante utilizados en corporaciones municipales, llama la atención el bajo coste de la partida por el tipo de encargo. La adjudicataria del contrato, Deloitte, suele trabajar con la Consejería de Transportes y también ha realizado encargos para el Consorcio de Transportes, organismo dependiente de la Comunidad de Madrid. Así, por ejemplo, la consultora realizó un estudio previo a la reestructuración de las líneas de autobús de la capital en el interior de la M-30 que costó 97.405 euros (IVA incluido).

El nuevo plan tiene “una visión mucho más amplia de lo que es Madrid Central”, contaba este domingo Villacís. Pero la ZBE es solo una pata del Plan A, la estrategia aprobada por la anterior corporación y enviada a Europa como hoja de ruta en la lucha contra la contaminación de la capital. Ni el alcalde Almeida ni el delegado de Movilidad y Medioambiente, Borja Carabante, han aclarado si el nuevo plan va a reemplazar, a sustituir o a complementar esa estrategia.

El Plan A requirió un año y medio de preparación y cuenta con un presupuesto estimado de 543 millones de euros, que se centran en 30 medidas y seis ejes de actuación. “Con la excusa de Madrid Central, el Ayuntamiento de PP y Cs nos coloca el Plan B del Plan A”, apunta el exgerente de la EMT, “y lo hacen con secretismo, sin estudios previos, sin modelizar, sin participación, sin convocar la comisión de expertos. No parece una propuesta seria”.