El Ramón y Cajal gasta nueve millones en cinco años por pagar tarde a los proveedores

El Hospital Ramón y Cajal, el cuarto más grande de la región por número de camas, ha gastado casi nueve millones de euros en los últimos cinco años en intereses y costas judiciales por pagar tarde a los proveedores, según un informe de la Intervención General al que ha tenido acceso EL PAÍS. Oposición y sindicatos acusan a la Consejería de Sanidad de no presupuestar suficientemente los hospitales públicos. “Esta es una práctica generalizada de la Comunidad”, dice el diputado socialista José Manuel Freire. Una portavoz del hospital reconoce que la cifra se debe “al diferencial del presupuesto inicial del centro respecto al gasto real”.

El informe, elaborado por la Consejería de Economía del Gobierno regional, señala que “el sistema consistente en situar un presupuesto inicial inferior al gasto presupuestario y al gasto real del ejercicio anterior” genera “un importante volumen de modificaciones”. A pesar de aumentar dichas partidas, no alcanzan para realizar las adquisiciones necesarias. “Entonces se financian las compras demorando el pago a los proveedores hasta que se tenga crédito, lo que no es gratuito, ya que ha supuesto en los últimos cinco años un gasto en intereses de demora y costas judiciales de 8,83 millones de euros, según datos del propio hospital”, añade el documento. La cuantía está en torno a dos millones al año; el año pasado fue de 2,5 millones.

El organismo fiscalizador recuerda que “el presupuesto legalmente aprobado para el centro debe destinarse exclusivamente a financiar gastos del ejercicio para el que se habilita, por lo que la imputación a 2018 de gastos realizados en 2017 y ejercicios anteriores supone un incumplimiento legal”. Así, en el capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios “el presupuesto inicial de 126,7 millones es muy inferior al importe de las obligaciones reconocidas del ejercicio anterior, que asciende a 192,4 millones, y el gasto real en 2017 asciende a 192,9 millones. Es decir, el crédito inicialmente habilitado resulta claramente insuficiente”. Además, “a pesar de las importantes modificaciones que llevan el crédito hasta los 188,2 millones, el gasto real ha ascendido a 197,9 millones. El hospital ha generado una deuda de 13,4 millones” en este último año, frente a los 4,8 millones de deuda de 2017.

El diputado regional José Manuel Freire considera que el Ramón y Cajal es un caso claro de cómo funciona la Consejería de Sanidad: “La infrapresupuestación de los hospitales es una práctica generalizada de la Comunidad de Madrid. El presupuesto es insuficiente, por eso se dejan cosas sin pagar que no se pueden pagar hasta el año siguiente”, señala. “Los centros hospitalarios son auditados continuamente, pero ni los gerentes ni el Gobierno regional hacen caso a las recomendaciones, que se repiten año tras año”. Freire va a presentar una batería de preguntas parlamentarias al Ejecutivo sobre esta cuestión.

Coincide con este análisis la diputada de Más Madrid Mónica García: “Son muchos millones de intereses de demora, y es un dinero completamente perdido. Eso tiene que ver con que la consejería infrafinancia los hospitales públicos, por lo que no pueden pagar a los proveedores. Hay un déficit de dinero corriente en todos los centros hospitalarios”, concluye.

Luis Mancera, delegado de CC OO y trabajador del hospital, cree que ese dinero debería utilizarse “para contratar personal y evitar derivaciones a la privada o para abrir plantas cerradas y evitar la saturación de las Urgencias”. Los trabajadores confirman que las Urgencias se saturan de manera periódica. Mancera pide contratar oncólogos: “El verano pasado denunciamos que no dábamos abasto y hubo que paralizar las agendas de revisiones, es decir, citas de pacientes que tienen cáncer y necesitan quimioterapia y pasar revisión”.

Gasto real

Una portavoz del Ramón y Cajal confirma que el hospital ha tramitado el pago de 8,8 millones de euros en pago de intereses a proveedores que se originan por la demora en el pago a los mismos, y lo achaca “al diferencial del presupuesto inicial del centro respecto al gasto real y la entrada en vigor de la ley de calidad de pago a proveedores”.

Según el hospital, la Consejería de Hacienda regulariza la situación económica al final de cada ejercicio, y destaca que la deuda a final del ejercicio en el 2017 era de 4,8 millones euros, “lo que significa sólo un 1,2% sobre el gasto real”. En cualquier caso, continúa, “la deuda a final de cada ejercicio se salda con los presupuestos corrientes del siguiente, por lo que la situación queda regularizada sobre el mes de abril” del año siguiente.

La Consejería de Sanidad aporta datos generales 2017, cuando el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) pagó en total nueve millones en intereses correspondiente a facturas de años previos. “En 2017 el periodo de pago medio del Sermas estuvo por debajo de los 30 días”, explica un portavoz.

La auditoría del Ramón y Cajal llama la atención además sobre otras cuestiones de la gestión, como el uso excesivo de los contratos a dedo. “El hospital hace un uso preponderante de la contratación menor”, sin concurso ni publicidad, lo que “implica una utilización ineficiente y posiblemente antieconómica del presupuesto asignado”.

El informe alerta de que “el uso excesivo de la contratación menor conlleva el fraccionamiento del objeto de los contratos”, y señala que se produce “la prórroga indebida de algunos contratos señalados”. Una portavoz del Ramón y Cajal confirma que es cierto que existe un elevado número de contratos menores. “Sin embargo, no obedece a la idea de querer evitar los concursos públicos, se trata de la rigidez administrativa de la ley de contratos que no está orientada al funcionamiento de un hospital”, se defiende.