La Generalitat pide siete años de cárcel para un directivo de Canal 9 por el sobrecoste de dos programas de José Luis Moreno
El director general de RTVV entre 2009 y 2012, José Luis Jaraba, es acusado de malversación por adquirir los espacios a un precio muy superior al del mercado
Una condena de siete años de prisión y 17 de inhabilitación es la petición de la Abogacía de la Generalitat valenciana contra el que fuera director general de Radiotelevisión Valenciana entre 2009 y 2012, José López Jaraba, cuando el PP presidía el Gobierno valenciano. En su escrito de acusación, la Abogacía considera al directivo de Canal 9 responsable en las supuestas irregularidades en la contratación por un coste muy superior a su precio de mercado de una serie y un programa de Alba Adriática, productora del conocido empresario y ventrílocuo José Luis Moreno.
Canal 9 fue cerrada en 2013 por orden del entonces presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, con una deuda acumulada de 1.200 millones. La entrada en el gobierno de la Generalitat del PSOE y Compromís en 2015 propició la apertura hace un año de una nueva cadena autonómica, íntegramente en valenciano, À Punt, ubicada en el antiguo centro de producción de Canal 9, en Burjassot.
En su escrito presentado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Paterna le acusa de los presuntos delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental, y solicita, además de las citadas condenas, 9 años y 3 meses de inhabilitación especial para empleo y cargo público y multa de 21 meses a razón de 100 euros, así como una responsabilidad civil de 1.385.295 euros, que es el perjuicio total causado a RTVV.
El caso se refiere a la contratación por parte de RTVV de la serie Planta 25 a la productora Alba Adriática por un importe de dos millones de euros. Cuando la Sindicatura de Comptes descubrió que en el expediente no había documentación que acreditara los gastos de la producción, RTVV solicitó los comprobantes a la productora, sin que se justificaran gastos por importe de 1.785.295 euros.
Dos años después, la productora reconoció la deuda y RTVV computó ese importe en sus cuentas pero nunca ingresó nada. Según el escrito de la acusación de la Abogacía de la Generalitat, Jaraba firmó un nuevo contrato con la misma productora de cesión de derechos del programa De un tiempo a esta parte, por un importe que coincidía exactamente con los 1.785.295 euros que debía.
El escrito de acusación considera que se han adjudicado contratos sin ajustarse, a sabiendas, a la normativa utilizada por RTVV para la adquisición de este tipo de programas.
Además, resalta que no hubo informe económico alguno que evaluara el valor de los programas que se entregaron a cambio de la deuda, "despreciando cualquier actuación para constatar, en su caso, su verdadero coste".
Esta acción por parte de Jaraba, según la Abogacía, supone una vulneración deliberada de la normativa de contratación, presupuestaria y contable del ente público.
El informe pericial que consta en el procedimiento determina que el valor de 40 programas de De un tiempo a esta parte era de 400.000 euros, una cifra alejada de la deuda que se pretendía compensar, por lo que la diferencia es el perjuicio causado a RTVV y que se reclama a Jaraba como la responsabilidad civil. La Abogacía de la Generalitat subraya el precio "absolutamente desproporcionado" de los dos programas.
Uno de ellos, De un tiempo a esta parte, ya se había vendido a Castilla-La Mancha Televisión y que RTVV programó de madrugada, y otro, Planta 25, del que RTVV ya tenía los derechos a través de FORTA.
De este modo, RTVV, según el escrito de acusación, compró por duplicado los derechos de emisión de esta serie, por compra directa y por compra a través de la FORTA.
Por ello, la Abogacía considera que los hechos "responden a actos y negocios jurídicos realizados por Jaraba deliberados, dolosos, contumaces, ilegítimos y sostenidos en el tiempo, tendentes a descapitalizar y sobreendeudar a RTVV en beneficio de terceras personas".
En junio, Jaraba desacreditó en el juzgado de Paterna que le está investigando el informe pericial citado que señala un posible trato de favor y el pago de programas por encima de su precio por parte ente público a las empresas del productor José Luis Moreno.
Según fuentes apuntadas por Efe, Jaraba señaló que Canal 9 mantuvo una intensa negociación con José Luis Moreno porque éste no reconocía los derechos económicos de la televisión valenciana (alrededor de 1,7 millones de euros) por la venta de la serie Planta 25 -coproducida por Canal 9- a otras televisiones autonómicas. Para evitar ir a los juzgados, finalmente se optó por una compensación en especie, según la versión de Jaraba. Los programas adquiridos se emitieron después de la medianoche.
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