Colau sale al ataque para recuperar la iniciativa tras la crisis de seguridad
La alcaldesa corrige a Albert Batlle: "No hay una crisis de seguridad sino un problema de seguridad"
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha reaparecido este septiembre reivindicando su papel político después de un verano en que la inseguridad ha vuelto a ser el principal conflicto de la ciudad y sus socios del PSC se han presentado ante la opinión pública como la solución al problema. La alcaldesa, que ha mantenido un perfil muy bajo buena parte del verano, ha vuelto con una ofensiva mediática. Colau atribuye al consejero de Interior, Miquel Buch, buena parte de la culpa de la inseguridad.
“Después de cuatro años de experiencia en el gobierno de la ciudad, seguramente hemos de corregir algunas cosas. Por ejemplo, en temas de seguridad no siempre hemos hablado claro. Pensaba que debía ser prudente especialmente en asuntos tan sensibles como este, pero quizás hay que hablar claro para que todos respondan de las responsabilidades y las competencias que tienen”. Con este mensaje grabado en vídeo retomó la alcaldesa la actividad política el pasado domingo. Negó que Barcelona sufriera una “crisis de seguridad”, aunque admitió un “problema de seguridad” sobre todo por el aumento de hurtos y robos. La alcaldesa acusó a la Generalitat —en especial al consejero de Interior, Miquel Buch— y a la Fiscalía de abandonar la seguridad de la ciudad. Eso fue el domingo. Ayer, Colau comenzaba el curso sometiéndose a dos entrevistas, una en TV-3 para el público catalán y otra en Cuatro para toda España. La alcaldesa se reivindicó con fuerza después de un verano en que la oposición la ha calificado como alcaldesa “ausente”. En ambas entrevistas culpó al resto de administraciones de la situación.
Jueces y fiscales piden una reforma legal
Jueces y fiscales coincidieron ayer en la necesidad de reformular algunas leyes para combatir mejor la delincuencia. La jueza decana de Barcelona, Mercè Caso, aseguró que es “indispensable un cambio legislativo” del Código Penal para regular judicialmente los hurtos. El problema es que, ahora mismo, es “imposible aplicar la reincidencia” para agravar los hurtos, uno de los tipos delictivos más habituales. Caso pidió un “refuerzo de los juicios rápidos” puesto que, pese a que la ley fija que deben celebrarse en 15 días, la realidad es que tardan entre siete u ocho meses.
La conservadora Asociación de Fiscales, por su parte, alertó de que los profesionales disponen de herramientas “escasas y poco disuasorias” frente a los hurtos y apostó por reformar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En un comunicado, la asociación opinó que deben endurecerse las penas para combatir la multirreincidencia ante el repunte de “delitos leves de hurto y robos con violencia” en Barcelona.
Colau acabó el pasado curso político pactando con el PSC una coalición de gobierno, que llegó tras una investidura para la que fueron necesarios los votos de Manuel Valls, excandidato de Ciudadanos. Ello obligó a Colau a defender el acuerdo ante la oleada de críticas independentistas, que apostaban por un gobierno liderado por ERC, que empató en concejales con Colau pero ganó en votos.
En las primeras semanas del nuevo gobierno, el líder municipal del PSC, Jaume Collboni, tomó la iniciativa política y llegó a eclipsar la figura de la alcaldesa. Lo hizo aprovechando el tirón del teniente de alcalde de seguridad, Albert Batlle, también miembro de la lista socialista y que ha liderado la ofensiva para expulsar a los manteros de las zonas más céntricas y para reforzar el discurso sobre la seguridad.
Durante el verano, la coalición de BComú—PSC se presentó ante la opinión pública como un bloque sin fisuras. Pese a ello, los Comunes criticaban, de puertas adentro, algunos de los operativos policiales de Collboni y Batlle. La más criticada, además de la persecución al top manta, fue cuando Batlle, a mitad de agosto, admitió una “crisis de seguridad”. La alcaldesa ayer la desmintió: “Hablé con el teniente de alcalde y me dijo que no había sido consciente de haber utilizado la expresión crisis de seguridad”.
Pese a que Colau criticó en las entrevistas la expresión “crisis de seguridad” de Albert Batlle, el democristiano no fue el primero del equipo de gobierno que la utilizó. El 17 de julio, Jaume Collboni se sometía a la primera entrevista del mandato en BTV: “El gobierno admite una crisis de seguridad en la ciudad. Lo dicen los datos y es una percepción ciudadana”.
Tras el tirón de orejas a Batlle, la primera edil se defendió ayer: “No hemos cambiado nuestro discurso respecto al top manta. No está permitida la venta ilegal. No se puede sobreocupar el espacio público. Los operativos policiales de saturación de espacios ya los habíamos realizado el mandato anterior. Nosotros no perseguimos manteros, sino que hacemos operativos de saturación policial siempre que contemos con el número de agentes necesario para realizar operativos conjuntos con otros cuerpos”.
El socio de gobierno de Colau, el PSC, no tardó en reaccionar. Lo hizo el primer secretario de la formación, Miquel Iceta, que compartió el mensaje de Ada Colau señalando que Barcelona está siendo víctima de una campaña de desprestigio. Sin embargo, instó a la alcaldesa a no negar la existencia del conflicto. “No dudo de que pueda haber gente interesada en presentar una imagen negativa de Barcelona, pero los responsables políticos sobre todo tienen que tomar nota de la realidad de los problemas y de su solución. Que alguien quiera magnificar o amplificar el problema no tiene que servir para negar una realidad: el problema existe, hace falta abordarlo y corresponde a las administraciones hacerlo con la máxima colaboración” aseguró, informa Àngels Piñol.
La portavoz de JxCat en el Ayuntamiento de Barcelona, Elsa Artadi, denunció que el debate sobre la seguridad demuestra que hay división en el ejecutivo: “Hay dos gobiernos y no uno”. Artadi acusó a Colau de querer negar que hay una crisis de seguridad en la ciudad, cuando es una “evidencia” y lo dijo Albert Batlle, al que la alcaldesa quiere negar y desautorizar, denunció Artadi. La líder de JxCat aseguró que Colau intenta “centrifugar responsabilidades”. E insistió en que la alcaldesa “sabe perfectamente” que el Gobierno central dificulta que la Generalitat haya ampliado el número de agentes de Mossos d’Esquadra.
Mientras la alcaldesa recuperaba su perfil público con entrevistas en televisión, Buch y Batlle se reunían en el Departamento de Interior y coincidían en la necesidad de reformar el Código Penal para combatir la reincidencia.
