Las agencias de vientres de alquiler se camuflan
Las empresas operan en Madrid bajo epígrafes de otras actividades, como copisterías o servicios de ocio
La oficina de la agencia de vientres de alquiler Gestavida se esconde en un sitio insospechado del centro de Madrid, en un edificio al que acuden estudiantes de una academia de inglés, clientes de una peluquería y consumidores del supermercado Supercor.
Gestavida se ubica en el Paseo de las Delicias, cerca de la estación de Atocha. La empresa tiene sede en Bilbao, pero ofrece asesorías con cita previa en Madrid, en un lugar que, al igual que en otras agencias como la ubicada en San Sebastián de los Reyes, no hay placa en la entrada del edificio. Con Gestavida “la garantía del éxito está asegurada”, ofrecen desde su página web.
Estas empresas alegan que prefieren la discreción por motivos de privacidad, pero no solo ocultan su actividad en plena calle. También lo hacen en el registro mercantil. Gestavida anuncia que tienen “actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de oficina”. En teoría, la actividad que realizan estas agencias es solo de consultoría. La explicación que dan es que Gestavida.com tan solo es un dominio en internet cuya titularidad corresponde a una empresa llamada Innovamed Consulting S.L, que sí que llevaría a cabo este tipo de actividades más propias de una fotocopistería. Se trata tan solo de las muchas formas que las agencias de alquiler de vientres han encontrado para sortear un trámite, el de la inscripción en el registro mercantil, que en teoría les obliga a declarar que colaboran con una actividad que en España es ilegal pero es permitida en Ucrania o Georgia, dos de los países donde suelen residir las madres de alquiler.
La agencia Interfertility, ubicada en el céntrico y exclusivo barrio madrileño de Salamanca, se anuncia como especialista en fertilidad. La actividad que declara en el registro es de una microempresa dedicada a actividades de gestión. En 2018 declararon ingresos por valor de 736.330 euros. Esta agencia les cobra a sus clientes 2.000 euros para empezar a trabajar.
Otra empresa, Go4baby, aparece como una sociedad limitada, aunque no aclara su actividad y no presenta cuentas. En un anuncio en el Boletín Oficial del Estado en enero de 2015 era descrita como una empresa dedicada a “actividades de gestión y administración. Servicios educativos, sanitarios, de ocio y entretenimiento”. No es la única situación susceptible de incurrir en irregularidad. Dado que alquilar un vientre es ilegal en España, estas agencias operan como intermediarias cuidándose mucho siempre de que no se firme nada en el país, y de que todo el papeleo se lleve en el país de residencia de la gestante, bajo normativas más laxas. La página web de esta agencia explica, sin embargo, que lo normal es hacer dos viajes al país que se escoja como destino, pero, “para reducir a dos la cantidad de viajes a realizar”, detallan, se podrían llegar a firman los papeles desde España.
Precisamente esta fue una de las cuestiones subrayadas este lunes por Alicia Miyares, portavoz de la asociación No somos vasijas, cuando se conoció la noticia de que la Fiscalía iba a empezar a investigar este tipo de negocios: “Una vez que la Fiscalía certifique que existen esas agencias de intermediación, lo lógico es indagar dónde se suscriben los contratos. Si se hacen en suelo español, son nulos de pleno derecho”.
En total, en el centro de Madrid existen al menos seis empresas que se dedican intermediar entre las familias y los vientres de alquiler: a Go4baby, Interfertility y Gestavida se unen Matergest, Gestación subrogada segura y GS expertos. El objetivo de todas ellas, en eso sí coinciden, es asesorar a las parejas que tienen el deseo de ser padres biológicos y para ello necesitan alquilar un vientre en otro país.
Estas empresas no se pueden dar de alta como agencias de vientres de alquiler, puesto que es una actividad ilegal en España, explican juristas. "Estas agencias no operan bajo ningún vacío legal. Mercantilmente hablando lo que hay es una falsedad de actividad”, dice Nuria González, abogada experta en derechos humanos y autora del libro Vientres de alquiler. “Por tanto, realizan su actividad empresarial bajo cualquier otro epígrafe, lo cual, además de todo seguro nos lleva a que dichas empresas podrían estar incurriendo en fraude fiscal, pues están cobrando por unas actividades distintas de las que declaran sus ingresos”, explica González.
Esta abogada reivindica que se anule la orden de 2010 por la que el Colegio de Registradores y Notarios puede inscribir a los bebés que llegan a España por una gestación subrogada. Este lunes el Gobierno anunció que solicitará a la Fiscalía que investigue las actividades de estas agencias.
Algunas empresas juegan con el deseo de ser padres. El debate debería estar en la mala praxis de algunas agencias y no en los vientres de alquiler, opinan algunos padres que han optado por esta opción. Muchos de los fundadores de estas empresas las han formado personas que, tras haber pasado por el mismo proceso deciden meterse en el negocio. Este es el caso de agencias como Go4baby o Surrobaby.
En respuesta, la asociación Son nuestros hijos ha lanzado un comunicado diciendo que “hasta el día de hoy la única denuncia presentada en un juzgado en España para que se investigue un caso por mala praxis llevado a cabo por una agencia ha sido interpuesta por nuestra asociación”. Son nuestros hijos denunció a la agencia Subrogalia en 2016 por su actividad. La asociación también le ha pedido al ministerio que “antes de encender las alarmas aclare qué pide exactamente que se investigue”.
San Sebastián de los Reyes pide a la Policía Local que investigue
El partido Actúa ha enviado escritos al alcalde y a la responsable Familias de esa localidad madrileña reclamando acciones contra la agencia que opera en la localidad.
Belén Ochoa — concejal en la anterior legislatura— ha explicado que el gobierno de PSOE-Cs en San Sebastián de los Reyes debería realizar todas las comprobaciones pertinentes sobre las licencias de dicha empresa, para paralizar lo antes posible su actividad. También reclama que el Ayuntamiento actúe de oficio denunciando ante las autoridades competentes por lo que consideran es “una actividad ilegal”. Ochoa recuerda que las prácticas de esta empresa contravienen tanto el Código Penal como la ley del 14/2016 sobre las técnicas de reproducción humana asistida.
El Ayuntamiento ha explicado que antes de los escritos de Actúa ya había empezado las gestiones pertinentes para saber de qué tipo de empresas se está hablando. Al encontrarse en un edificio con la presencia de múltiples negocios y oficinas, el consistorio ha solicitado a la Policía Local y al técnico de Industria que se persone para comprobar quiénes son los titulares y cómo están dados de alta.
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