Las estrategias contra el ‘top manta’ fracasan y se impone la vía policial

El apogeo turístico del verano conlleva la reaparición del fenómeno de la venta ambulante ilegal, el top manta, en los municipios de la costa catalana. Lejos de ser una moda, el paso de los años no disminuye las extensiones de telas repletas de artículos en los paseos marítimos. Las estrategias para ponerle freno se han diversificado, pero con un resultado común: escaso éxito cuando no fracaso. Las quejas de vecinos y comerciantes chocan con el aliciente que suponen las presuntas gangas —sobre todo productos falsificados— para los clientes. El control policial acaba imponiéndose, aunque tampoco lo resuelve.

El Vendrell celebra con carácter anual una jornada de debate sobre el fenómeno del top manta. Se invita a diferentes municipios afectados por este tipo de venta y se da voz a las administraciones, y cuerpos policiales y judiciales. En la edición de este año, en abril pasado, la directora general de Comercio de la Generalitat, Montserrat Vilalta, anunció que se está elaborando un protocolo de actuación para hacerle frente.

Poco se ha concretado con respecto a las medidas que desarrollará este protocolo y, simplemente, se anuncia que tomará como patrón las medidas que se aplican en ciudades que son poderosos imanes para el turismo. La Generalitat calcula que en Cataluña hay unos 4.000 manteros trabajando y, según la patronal de la pequeña y mediana empresa, PIMEC, solo en la ciudad de Barcelona el top manta causa un perjuicio de 65 millones de euros al año a los comerciantes.

El comisario jefe de los Mossos d’Esquadra, Eduard Sallent, aseguraba recientemente en una entrevista en RAC1 que los vendedores ambulantes “no son delincuentes” pero afirmaba que sí es menester “echarlos del espacio público”. Según Sallent, los vendedores son solo la punta de un iceberg que esconde a “mafias organizadas”.

La persecución policial es la fórmula más usada por los municipios donde prolifera la venta ambulante. El Vendrell organiza el foro porque ha sufrido los efectos de este fenómeno en sus playas de Coma-ruga. La contratación de vigilantes privados para dar apoyo a la policía local y reforzar los patrullajes en la playa y en el paseo marítimo han dado frutos. El consistorio asegura que, de un tiempo a esta parte, la presencia de manteros se ha reducido de manera notable. En ocho años se ha pasado de unos 300 vendedores a menos de un centenar. Liberados de las carreras al gato y al ratón por la playa, los policías locales supervisan los accesos al municipio por carretera y tren, en la estación de Sant Vicenç de Calders, y ejercen un efecto disuasorio.

Otros municipios también emplean vigilancia privada. Es el caso de Roses, que el verano pasado gastó 38.200 euros en la contratación de guardias de seguridad para el paseo marítimo, una franja donde se habían llegado a concentrar 400 manteros. La población esgrime que todo despliegue es poco e impide, durante julio y agosto, que los 44 agentes de la policía local que tiene en plantilla se puedan tomar vacaciones.

También Sitges ha apostado por la vigilancia privada, una medida represiva que completa con una diagnosis socioeconómica del perfil de las personas vendedoras. Según el estudio realizado, los manteros que operan en Sitges son mayoritariamente originarios de Senegal, de entre 18 y 28 años, y únicamente un 6% son mujeres. El 56% aseguran vivir en Vilanova i la Geltrú y solo el 17% en Sitges. La gran mayoría, un 77%, asegura que dejaría la actividad si tuviera posibilidades de regularizarse o tuviera acceso a un contrato de trabajo.

En Cambrils, la Unió de Botiguers también ha propuesto al consistorio contratar a vigilantes privados para evitar la presencia de los manteros. En Calafell se optó, tiempo atrás, por intentar llegar a un acuerdo con los vendedores para consensuar una zona franca donde exponer las mantas, pero generó polémica y se descartó. El Ayuntamiento apunta que “el control policial, junto con la intervención de servicios sociales” marcan la hoja de ruta.