PP y Ciudadanos pactan aumentar las consejerías y matizan las exigencias de Vox

Si Vox presta sus 12 votos imprescindibles al acuerdo de gobierno que han presentado este lunes PP y Ciudadanos, la Comunidad de Madrid tendrá un Gobierno de coalición y la derecha mantendrá el poder tras 24 años de Gobiernos populares ininterrumpidos. Según el pacto, la candidata a la Presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid será Isabel Díaz Ayuso, Ciudadanos tendría la vicepresidencia y la portavocía gubernamental, y el Ejecutivo sumaría cuatro nuevas consejerías para que la formación conservadora encabezara siete y la naranja seis (para un total de 13). El documento recoge guiños a Vox, aunque difuminados para que sean asumidos por el partido de Albert Rivera.

Así, la exigencia de impulsar un "pin parental" que permita a los padres evitar que sus hijos acudan a clases o talleres con cuyo contenido no estén de acuerdo se enuncia de esta manera: "Garantizaremos la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales". Igualmente, así se afronta la condición de auditar las subvenciones públicas de la Comunidad: "Revisaremos la actual estructura del sector público, eliminando aquellos organismos que no respondan a criterios de interés general, eficacia y eficiencia y/o que supongan una duplicidad de competencias" y "en materia de ayuda al exterior se procederá a una evaluación de las actuaciones". La reclamación de luchar contra "el turismo sanitario" se queda en un compromiso para colaborar con el Gobierno de España con ese fin. Finalmente, la petición de revisar más de una decena de artículos de dos leyes LGTBI de la región no se explicita en el documento, aunque Isabel Díaz Ayuso ha mostrado este lunes su disposición a revisar partes concretas de esos textos legales (la inversión de la carga de la prueba en denuncias por discriminación y la autorización para talleres de diversidad de género en las escuelas).

En el documento sí se recogen negro sobre blanco propuestas de Vox que compartían de salida el PP y Ciudadanos, como la creación de una consejería de Familia o la bajada de impuestos, que se centrará fundamentalmente en el tramo autonómico del IRPF. Otros compromisos son similares a los planteados por la formación de extrema derecha durante la campaña electoral: por ejemplo, ampliar los beneficios fiscales a las familias numerosas, promover la natalidad y poner en marcha un plan de apoyo a la maternidad, o reducir los plazos para crear una empresa.

Por contra, se evitan términos propios de Vox, ya que se explicita la lucha contra la violencia machista en lugar de "la violencia intrafamiliar", y los firmantes subrayan que "defenderemos los derechos del colectivo LGTBI+".

De entre los 155 puntos acordados, estas son las principales propuestas consensuadas por PP y Cs según cada área.

Transporte. Metro 24 horas los fines de semana. El PP asume una de las propuestas estrella de Ciudadanos, abrir "progresivamente" el Metro durante 24 horas los fines de semana, pese a que en campaña la consideró económicamente "inviable". La red se ampliaría con nuevas estaciones, aunque los firmantes no especifican ni dónde ni cuándo. Además, los mayores de 65 años no pagarían por usar el transporte público y los abonos de transporte serían válidos en todas las zonas de la Comunidad durante los fines de semana y los festivos. Se dotaría de servicio de transporte nocturno a todos los municipios de más de 10.000 habitantes. También se impulsaría la creación de carriles Bus-Vao en las entradas de la A-2, A-3, A-5 y A-42 en la capital, para lo que es necesario firmar un acuerdo con el Gobierno central y el Ayuntamiento de Madrid.

Educación. Sin móviles en clase. Se impulsaría la extensión progresiva del cheque de educación infantil (de 0 a 3 años) y el inicio del concierto educativo en Bachillerato de manera progresiva en los centros ya concertados. Se prohibiría el uso de móviles en horario lectivo en todos los centros sostenidos con fondos públicos. Además, se ampliaría el horario de los centros "para favorecer la conciliación" y se financiará con una beca adicional a los estudiantes erasmus de la región, como hacen otras Comunidades. Finalmente, las consecuencias del caso máster, que acabó con la presidencia de Cristina Cifuentes, tiene su reflejo en el pacto: "Estableceremos la obligación de que todas las Universidades madrileñas hagan públicos y accesibles todos los trabajos obligatorios para la obtención de un título de Grado, Máster y Doctorado".

Lucha contra la corrupción. Ocho años para los mandatos. PP y Cs asumen en su acuerdo varias reformas que ya firmaron en 2015, para investir presidenta a Cifuentes, y que luego no llevaron a cabo. Por ejemplo, limitar los mandatos a ocho años los mandatos del presidente y los consejeros, expulsar de sus cargos a los investigados por corrupción política o promover el fin del aforamiento de los diputados regionales e integrantes del consejo de gobierno. Además, dicen los firmantes, "promoveremos la reforma legislativa necesaria para eliminar la potestad autonómica mediante la cual la Asamblea de Madrid puede designar una de cada tres plazas de las Salas de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, para que sean los propios jueces y no la Asamblea de Madrid quienes efectúen la provisión de esas plazas".

Sanidad. Un nuevo hospital en la Sierra Norte. El Gobierno de derechas impulsaría un nuevo plan de cuidados paliativos y otro de salud mental que acabe con los largos tiempos de espera para atención psicológica y psiquiátrica. También crearía un centro de prevención e investigación contra las adicciones a nuevas tecnologías de niños y adolescentes. Además, se crearía un nuevo hospital en la sierra norte de la región y las dos partes se comprometen a reducir las listas de espera.

Autónomos, pequeño comercio y ciencia. 2% del PIB. Los firmantes se comprometen a invertir el 2% del PIB de la Comunidad en I+D para el final de la legislatura. También garantizarían una "protección adicional" a los autónomos tras el cese de su actividad laboral, con ayudas de hasta 450 euros durante seis meses, y de 200 durante un año para "aquellos que quieran volver a empezar". Los trabajadores desempleados podrán elegir el centro de formación que quieran a través de un bono formación.