La Fiscalía de Madrid archiva una denuncia contra Avalmadrid por créditos “fraudulentos” a Díaz Ferrán y Arturo Fernández

La Fiscalía de Madrid ha archivado una denuncia de Avalmadrid contra miembros integrantes de su comité de riesgos y de la comisión ejecutiva por posible concesión de forma fraudulenta de operaciones de créditos a sociedades vinculadas al expresidente de CEIM Arturo Fernández y al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán al entender que los delitos estarían prescritos. La denuncia la presentó la presidenta de Avalmadrid, Rosario Rey, ante las sospechas de vínculos con los beneficiarios. En concreto, se apuntaba a avales que "carecían de toda lógica" desde el punto de vista financiero a estas sociedades.

La Fiscalía emitió un informe en relación con la denuncia por si los hechos descritos por los denunciantes fueran constitutivos de algún ilícito penal. La denuncia versaba sobre una serie de operaciones llevadas a cabo entre Avalmadrid y las sociedades referidas que la denunciante consideraba "irregulares o fraudulentas" a raíz de un informe pericial encargado por la sociedad. Se encargó esta auditoría tras una inspección llevada a cabo por parte del Banco de España entre noviembre de 2016 y febrero de 2017 que tuvo por objeto 167 operaciones aleatorias cuya característica común era ser avales con vinculaciones entre las sociedades avaladas y los miembros del consejo de administración de Avalmadrid, que además resultaron "fallidos, en mora o de dudoso cobro" por la entidad.

En el informe realizado por Forest Partners se concluía que debían ponerse en conocimiento de Fiscalía dos operaciones sospechosas, las realizadas con Rural Tours Viajes SA y Trap SA, y las realizadas con The Tie Gallery SL. Posteriormente se decidió en el Consejo de igual modo incluir las realizadas con Central de Compras Cantoblanco SL. Según la denuncia todas estas operaciones se caracterizan por "carecer de lógica económica y ser aparentemente discrecionales, existir vinculaciones entre los miembros del órgano de Avalmadrid que aprobó la operación y sus beneficiarios, y haber causado un perjuicio económico a la sociedad de garantía recíproca. Sobre el caso de la operación de la Central de Compras Cantoblanco SL concedido en abril de 2013, "concurren una serie de circunstancias cuando menos sorprendentes, tales como que las ventas de esta sociedad presentaban a cierre de 2011 un fondo de maniobra negativo y un beneficio de 1.000 euros, cuando las cuentas depositadas en el Registro Mercantil dieren de las que utilizó el analista en su trabajo". Además, la Fiscalía detalla que "no se solicitaron garantías a pesar del alto riesgo de la operación, no se realizó un análisis de riesgo diligente, el aval era desproporcionado" y se alude a que Arturo Fernández, entonces propietario del Grupo Cantoblanco, fue presidente de CEIM entre 2007 y 2014, siendo la patronal madrileña "uno de los socios protectores y consejero de Avalmadrid".

Tras la concesión, el aval entró en morosidad en octubre de 2014 del 50 por ciento, siendo del cien por cien en junio de 2015. Por su parte, las realizadas con Rural Tours Viajes SA y Trap SA, vinculadas a Díaz Ferrán, consisten en siete avales formalizados en febrero de 2010 por importes que van desde los 200.000 euros a los 917.978 euros cada aval. Los avalistas constataron la existencia de "fuertes riesgos y de la mala situación financiera del Grupo Marsans", que se declaró en concurso de acreedores en junio de 2010, encontrándose en situación de insolvencia al menos desde febrero de 2010. "Las garantías que se solicitaron no tenían valor alguno", ahonda el informe del ministerio público para incidir en la vinculación de Díaz Ferrán con la CEOE, aparte de que tres miembros de su grupo eran cargos de CEIM. Los avales entraron en situación de fallidos en 2013.

Respecto a la operación con The Tie Gallery España SL, consistió en un aval de 100.000 euros que entró en situación de fallido en 2014. "Las circunstancias en que se realizó esta operación y que hacen sospechar de la misma son que se concede llevando la sociedad tres años en pérdidas; las existencias eran superiores a las ventas, las garantías exigidas fueron inferiores a las recomendadas por el analista y el administrador único de la beneficiaria era miembro del Consejo de Administración de Avalmadrid en el momento de su concesión", agrega la exposición de la fiscalía. Sobre estos hechos, el representante del ministerio público expone que tal como vienen descritos en la denuncia, "y sin entrar a valorar si existen o no indicios de criminalidad de los mismos", podrían ser únicamente constitutivos de un delito de administración desleal vigente al tiempo de los hechos. La conducta descrita consiste en la realización de operaciones por parte de los miembros del Consejo de Administración de Avalmadrid, que sin suponer una apropiación de activos han supuesto una "disposición fraudulenta de los recursos de la sociedad en favor de personas vinculadas y que además han generado un perjuicio a la sociedad pues carecían de lógica económica al haberse concedido los avales a beneficiarios que no eran merecedores de los mismos por su situación económica financiera y en condiciones más ventajosas".

Delitos prescritos

En el escrito la fiscalía recalca que el plazo de prescripción de este delito es de cinco años y al presentarse la denuncia en abril de este ejercicio, "se encontrarían prescritos al haber transcurrido sobradamente ese plazo de prescripción de cinco años". "Cabría cuestionarse, si al encontrarnos ante una sociedad autorizada y supervisada por organismos públicos, y estar participado su capital social según consta en su propia página web por la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid (habiendo aportado capital de más de 16 millones de euros que en todo caso no la convierte en accionista mayoritario), estaríamos en presencia de una entidad de naturaleza mixta cuyos caudales o fondos han de tener la consideración de públicos, de manera que podríamos estar ante un delito de malversación de caudales públicos", expone la fiscalía. Sin embargo, señala que la conducta denunciada "no consiste en sustraer ningún caudal o efecto sino en hacer un mal uso de él" .