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De Lezo a los Díaz Ayuso: las polémicas de Avalmadrid

La aspirante del PP negocia el gobierno con Cs y Vox mientras la oposición pide aclarar un aval a su familia

Isabel Díaz Ayuso, en una imagen de archivo. Ampliar foto
Isabel Díaz Ayuso, en una imagen de archivo. GTRES

Los especialistas de la Guardia Civil encargados de investigar la presunta trama de mordidas y sobrecostes con la que el Canal de Isabel II se expandió por América se toparon con una comparación inesperada en una de sus escuchas telefónicas.

Así opera el ente semipúblico

  • Avalmadrid es una sociedad de garantía recíproca con un doble objetivo: “Por un lado, facilitar el acceso a una financiación preferente tanto en coste como en plazo y, por otro, otorgar avales y fianzas frente a las Administraciones Públicas y ante terceros, en condiciones mucho más ventajosas que las que puede ofrecer la banca tradicional”.
  • La Comunidad, la confederación empresarial de Madrid, la cámara de comecio regional, Bankia, Santander y Caixabank tienen presencia en su consejo.
  • En 2018, formalizó más de 1.600 avales por un valor de 84 millones de euros, según su informe anual.

—Dice [que lo del Canal es] como lo de Aval Madrid [sic] (…) pero peor.

Esa preocupación atribuida en el sumario de la operación Lezo a Cristina Cifuentes, entonces presidenta de la Comunidad, es amplificada ahora por la oposición de la Asamblea regional. Mientras PP, Cs y Vox negocian para hacer presidenta a Isabel Díaz Ayuso, el PSOE y Más Madrid reclaman información oficial sobre el aval que este ente semipúblico sin ánimo de lucro —en el que participa el Gobierno regional— concedió en 2011 al padre de la aspirante para un préstamo que luego no devolvió: 400.000 euros con una nave escriturada por 26.000 y tasada en 213.000 como toda garantía.

Cuando la operación tuvo lugar, Díaz Ayuso no tenía ninguna responsabilidad directa en el Ejecutivo madrileño, ni relación con la empresa, pero era una figura ascendente en el PP regional. Hoy negocia un pacto de investidura con Cs y Vox para dirigir la Comunidad, responsabilidad a la que también opta Ángel Gabilondo (PSOE), el ganador de las elecciones. La polémica ahora se centra en que la candidata aceptara la donación del piso familiar unos seis meses antes de que hubiera que hacer frente a la primera cuota del préstamo, con lo que evitó el embargo de los acreedores. Y eso ha vuelto a poner en boca de los políticos a un ente que ya está bajo la lupa del Banco de España y de la fiscalía.

Banco de España

“La revisión de riesgos no siempre se efectúa con la periodicidad establecida en el Manual de Seguimiento de Riesgos”, subraya el pliego de cargos presentado por el banco central contra los integrantes del consejo de administración de Avalmadrid, al que accedió EL PAÍS. “Con frecuencia los informes de seguimiento son deficientes para explicar la situación actual y evolución del negocio avalado (…)”, añade sobre un presunto incumplimiento del control del riesgo de crédito que se habría producido entre enero de 2013 y “al menos” junio de 2018. “No se recogen aspectos relevantes para concluir sobre la capacidad de pago del socio, tales como [la] comparación detallada entre los flujos de caja generados y previstos con los pagos a los que ha de hacer frente”, sigue. “Además, en los informes de seguimiento no hay decisiones y conclusiones claras, incluso en los casos en que se constata un deterioro evidente del avalado”, describe. Y alerta: “En particular, y como muestra de la referida insuficiencia de los informes de seguimiento, en uno de los casos el avalado entró en concurso, sin que en el informe de seguimiento de tres semanas se reflejara ninguna incidencia en su situación, cuando a esa fecha existían indicios suficientes sobre las dificultades financieras del avalado”.

Películas de cine que no tuvieron éxito. Compañías para alquilar coches de lujo. Un club de tenis privado en una urbanización en una de las zonas más caras de Madrid. Las empresas de los expresidentes de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y de CEIM, Arturo Fernández… el Banco de España detectó 46 operaciones en la que la revisión de riesgos para conceder el aval no se ejecutó adecuadamente, 64 en las que el seguimiento fue defectuoso y 52 en las que no se aportó información de cómo recuperar el préstamo.

Como consecuencia, Avalmadrid —participado por el Gobierno regional, la Cámara de Comercio, Bankia y la patronal madrileña— encargó una auditoría y detectó incidencias en diversos avales concedidos “con apariencia de discrecionalidad”, que trasladó a la fiscalía.

Algunos afectaban a miembros del propio consejo de Administración. Otros, a empresarios vinculados al ente a través de las patronales empresariales que actúan como sus “socios protectores”. Operaciones que Avalmadrid asegura no realizar desde 2015, según una respuesta parlamentaria.

“La aprobación de esta norma tuvo como fin dar un paso más a los efectos de terminar con posibles situaciones de conflicto de interés que pudieran generarse en el funcionamiento de Avalmadrid”, se explicó entonces.

Tras décadas intermediando entre emprendedores, pymes, empresarios, bancos y financiadores, Avalmadrid vuelve a estar en el centro del huracán. La oposición pide un pleno monográfico. También, el informe sobre el aval concedido a los Díaz Ayuso. Pero esos asuntos avanzan lentos en la Asamblea: los tres partidos de derechas dominan por 5-2 la Mesa de la Cámara, y están centrados en la negociación por la presidencia.

Preguntas sin respuesta de Cs

La polémica de Avalmadrid no ha cogido por sorpresa a Ciudadanos. El partido de Ignacio Aguado, que negocia un acuerdo para formar un gobierno de coalición con el PP, preguntó repetidamente sobre el ente semipúblico durante la pasada legislatura. Sin embargo, no se ha pronunciado oficialmente sobre el caso del aval a la familia de Isabel Díaz Ayuso.

"La Comunidad de Madrid es conocedora de la información solicitada por ser miembro del consejo de Administración de la sociedad o de las diferentes comisiones que conforman los órganos de gobierno de Avalmadrid", reconoció el Ejecutivo regional ante una pregunta de la diputada Susana Solís (Ciudadanos) la pasada legislatura. "El Consejo de gobierno no puede facilitar la información solicitada puesto que, por un lado, Avalmadrid no es un ente público y por tanto no tiene la obligación de entregar la mencionada información, y por otro lado, la Comunidad de Madrid, en su condición de consejera (...) estaría incumpliendo con el deber de lealtad regulado en la Ley de Sociedades y con el deber de confidencialidad regulado en el propio reglamento del Consejo de Administración".

La Comunidad de Madrid tiene un 26% del ente, según especifica un portavoz del ejecutivo regional.

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