Una negociación euro a euro para repartir el poder en Madrid

PP, Ciudadanos y Vox negocian a contrareloj para repartirse un pastel jugosísimo: los 22.776 millones de euros del Presupuesto de la Comunidad de Madrid, el tercero más importante de España, que prevé para este año unos ingresos y unos gastos récord en la historia de la región. Juan Trinidad, el presidente de la Asamblea, decidirá mañana si presenta a Isabel Díaz Ayuso al debate de investidura, si opta por Ángel Gabilondo, o si declara desierto el pleno para que así se abra un periodo de dos meses tras el que será obligatorio convocar elecciones si no hay presidente. En consecuencia, los partidos de derechas esprintan para armar un documento programático que les sirva de hoja de ruta, y lo negocian euro a euro.

“Quiero que pensemos cómo unir los programas y cuánto cuesta cada propuesta”, dijo la pasada semana Díaz Ayuso, la aspirante del PP, que afronta grandes dificultades para cerrar un pacto a tres antes de que venza el primer plazo para la investidura: tiene que negociar por separado con Cs y Vox, y la formación de Ignacio Aguado se niega a rubricar un acuerdo que incluya a la de Rocío Monasterio. “Es mucho lo que nos estamos jugando”, añadió. “Somos el partido que sí sabe lo que cuesta gobernar, lo que cuestan las cosas, el que ha hecho más presupuestos”, añadió sobre los 24 años de gobiernos ininterrumpidos de la formación conservadora. Y advirtió: “Somos una región con una administración austera, reducida desde 2008 en un 40%, y también de una manera significativa en esta legislatura (…) No obstante, todo lo que tenga que ver con subvenciones y partidas se tiene que analizar”.

Solo Andalucía (ocho millones de habitantes) y Cataluña (7,6, con las cuentas prorrogadas) tienen un Presupuesto más potente que el de Madrid (6,5). Para igualar las cuentas públicas de la región, deben sumarse hasta seis de las que disponen de menos recursos. Y por eso la defensa que hizo Díaz Ayuso de la gestión del PP, marcada por el éxito económico y los múltiples casos de corrupción, encerró un mensaje velado para Vox y Ciudadanos.

El partido de Rocío Monasterio, que por ahora ha renunciado a su exigencia inicial de tener puestos de gestión o representación en el presupuesto, reclama en su propuesta para pactar “una auditoría exhaustiva de las subvenciones que se han otorgado durante los últimos años” y “suprimir las subvenciones destinadas a financiar chiringuitos, entes públicos, sindicatos, patronales o empresas públicas dependientes de la Comunidad (…) que tengan carácter ideológico”.

Y la formación de Ignacio Aguado, que ya recogió una exigencia similar en el acuerdo de 2015 para hacer presidenta a la popular Cristina Cifuentes, también ve margen para adelgazar la Administración, convertida en un refugio para los cargos públicos del PP que no han obtenido representación en otros territorios, y para su personal de confianza.

“Creo que sí, aunque es verdad que Madrid no es Andalucía y es verdad que en años anteriores se hizo bastante trabajo de eliminación de entes superfluos”, explicó una fuente del equipo negociador de Ciudadanos.

Eso refleja que dos coincidencias de fondo alimentan el entendimiento de las tres derechas, pese a las tensiones que muestran en público. La primera es el deseo compartido de impedir un gobierno de Ángel Gabilondo (PSOE), el ganador de las elecciones. Y la segunda es su apuesta por bajar impuestos, reduciendo los ingresos del Ejecutivo, lo que obliga a los negociadores a buscar fórmulas para equilibrar los gastos.

El PP y Ciudadanos negocian un programa que articule un gobierno de coalición en el que el reparto del poder (presidencia, portavocía y consejerías) se decida en función del peso parlamentario de cada uno (30 y 26 diputados, respectivamente). Al tiempo, Vox y el PP dialogan para conciliar con ese documento las exigencias del partido de ultraderecha. En ese contexto, el debate sobre el coste de las medidas a poner en marcha por las derechas es de una importancia mayúscula.

Primero, porque ya provocó polémica entre los potenciales socios durante la campaña: Díaz Ayuso descalificó como “imposible”, “inviable” y “excesivamente costoso” uno de los proyectos estrella de Aguado, abrir 24 horas el Metro. Y segundo, porque la investidura del próximo presidente solo es el primer paso de una legislatura que será agónica para un Ejecutivo en minoría: también habrá que negociar mayorías suficientes para aprobar cuatro Presupuestos regionales.