El gran refugio de los cargos del PP, en peligro

El baile de cargos empezó el 11 de junio, cuando Juan Trinidad, de Ciudadanos, sustituyó a Paloma Adrados, del Partido Popular, como presidente de la Asamblea de Madrid. Inmediatamente, casi una decena de cargos de confianza propuestos por la anterior presidencia perdieron su puesto y fueron mayoritariamente reemplazados por otros eventuales seleccionados por la nueva. Aunque alguno de aquellos empleados ha vuelto a ser nombrado por la actual gerencia de la Cámara, según el boletín oficial, ese primer paso resume el cambio que puede haber en Madrid si llega a buen puerto el pacto entre PP, Cs y Vox para hacer presidenta a Isabel Díaz Ayuso. Por primera vez desde 1995, los populares tendrían que compartir la Administración que durante décadas ha servido como refugio para políticos populares con problemas en sus territorios de origen y profesionales de su confianza.

Los datos lo dicen todo. De los más de 190 asesores que la Comunidad tuvo en nómina entre 2017 y 2018, más de un tercio fueron personas relacionadas directamente con el PP: o habían ocupado un cargo público bajo sus siglas; o habían dado el paso de inscribirse en sus listas electorales; o habían ocupado previamente cargos de confianza con políticos de la formación conservadora. ¿Su sueldo medio? 55.663 euros al año, según desveló una investigación de este diario.

Esa estadística, correspondiente a las etapas de Cristina Cifuentes y Ángel Garrido, se acumuló con un gobierno en minoría, dependiente de Cs. La formación de Ignacio Aguado no entró en el Ejecutivo la pasada legislatura, pero ahora sí quiere hacerlo, como Vox. Aunque aún está por ver si un gobierno a tres sería posible —la formación naranja se opone—, todo apunta a que la tarta tendría que ser repartida al menos entre dos.

Así, cientos de puestos de trabajo dependientes de las consejerías y entes asociados cambiarán de manos en función de la composición del próximo gobierno. Y el botín es jugoso. Entre los altos cargos, los sueldos varían de los 75.000 euros que cobran directores de área y comisionados a los 103.000 que recibe el presidente regional. Y entre los cargos eventuales —que en algunos casos han sido el paso previo para ser alto cargo— se puede ingresar desde los 42.000 euros a los 78.500. Bajo el mando del PP, la Administración madrileña se convirtió en destino de los perjudicados por los avatares electorales, o por la moción de censura que desplazó a Mariano Rajoy de La Moncloa: la partida dedicada a pagar a los altos cargos y al personal de confianza de los gabinetes era en 2019 un 16% y un 22% mayor que en las primeras cuentas públicas de la legislatura (2016).

Sin embargo, antes de llegar a ese punto sería necesario que los tres partidos llegaran a un acuerdo. Y las negociaciones no avanzan al ritmo apetecido por el PP. Un mes después de los comicios del 26 de mayo, el acuerdo de las derechas no parece inmediato, porque el PP ni siquiera ha logrado negociar a la vez con Cs y Vox. A su vez, el partido de Monasterio ha suspendido todas las conversaciones porque considera que los conservadores han incumplido el acuerdo que alcanzaron ambas fuerzas para hacer a José Luis Martínez-Almeida alcalde de la capital. Y eso ha hecho que el nerviosismo cunda en el PP, porque el tiempo de la negociación no es infinito.

Trinidad, el nuevo presidente de la Asamblea, abrirá consultas en los próximos días con los líderes de los partidos de la Cámara, que saben que el 11 de julio, como tarde, se convocará un pleno clave: o se inviste a un nuevo presidente, o echa a andar un plazo de dos meses tras el que será obligatorio convocar elecciones.

Díaz Ayuso urge a pactar

“El pacto es necesario ya”, recalcó ayer Díaz Ayuso. “Una legislatura son máximo 48 meses y el motor económico de España, donde viene el 75% de la inversión extranjera, no puede quedarse paralizado a manos de pactos, levantamientos de la mesa, y gestos que nadie entendería”, argumentó. “Aquellos que fueron a votar en las últimas elecciones nos pedían unas cuantas cosas que están claras y que nos unen: defender la unidad territorial de España, bajar impuestos y permitir que Madrid siga siendo región de libertades. Espero que esta semana retomemos las negociaciones”.

No obstante, Vox considera que el PP ha incumplido el acuerdo firmado para darle consejerías de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid. Y hasta que no se solucione ese desencuentro, no se retomarán las conversaciones regionales, para las que se puede apurar hasta el 11 de septiembre. A partir de entonces, elecciones.