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Cabify intensifica su desafío a las administraciones catalanas

La Generalitat podría multar con hasta 54.000 euros a la plataforma por presuntos incumplimientos de la ley que obliga a pedir el servicio con 15 minutos de antelación.

Un usuario de Cabify junto a un taxi, en Barcelona.
Un usuario de Cabify junto a un taxi, en Barcelona. EL PAÍS

Cabify va directo hacia un choque con las administraciones catalanas. La Generalitat podría multar con hasta 54.000 euros a la plataforma de alquiler de coches con conductor por presuntos incumplimientos de la ley que obliga a pedir el servicio con 15 minutos de antelación. Cabify dice cumplir y recurrirá, pero en breve deberá adaptarse a la normativa del área metropolitana de Barcelona que fija un intervalo de una hora.

Cataluña es termómetro y laboratorio de la exacerbada pugna entre los servicios de transporte concertado de viajeros (conocidos por las siglas VTC) y las poderosas organizaciones de taxis. La disputa derivó en huelgas y protestas el pasado enero, después de que el Gobierno cediera a comunidades autónomas y ayuntamientos la potestad de regular las plataformas online, que han revolucionado el transporte urbano en el mundo.

Cabify se mueve en una zona gris desde que el pasado marzo volvió a Barcelona tras marcharse en enero, junto a Uber, al considerar que la ley catalana sobre VTC hacía imposible su actividad. La empresa madrileña trata de esquivar las restricciones de la Generalitat al operar como agencia de transporte (a través de otra compañía) y no intermediaria entre clientes y propietarios de coches. Al aceptar las condiciones, al cliente se le notifica que solo tendrá que esperar 15 minutos la primera vez que pida un coche, al interpretar Cabify que la ley no es válida en el resto de viajes.

Sin embargo, en algún caso esos límites no se respetan. Recientemente El PAÍS pudo comprobar cómo un primer servicio tardaba 12 minutos y, según el conductor, hubiese tardado menos de estar más cerca. El chófer, de 49 años y que declina dar su nombre, ya trabajaba para Cabify antes de las protestas de enero. Cobra un sueldo fijo más variables, lamenta que hay “más demanda que oferta” y asegura ser acosado cada día por taxistas. En la víspera, dice, le dañaron la puerta del coche con una pistola de balines.

Fuentes del Departamento de Territorio y Sostenibilidad advierten de que Cabify tendrá que adaptarse a la normativa y que serán firmes en su aplicación. Aunque evitan especular, recuerdan que si, por ejemplo, una empresa de autobuses incumple la ley se le puede rescindir el contrato que le permite ofrecer el servicio.

Los taxistas: “Estamos tranquilos”

“Estamos tranquilos”, dice Alberto Tito Álvarez, coordinador de la plataforma Élite Taxi, al celebrar la normativa del Área Metropolitana de Barcelona, que fija 60 minutos de precontratación a las VTC. Sostiene que las administraciones “tienen que poner orden” porque las plataformas “no son taxis” y asegura que incumplen la ley. “Que no hagan nuestro trabajo”, dice, pero condena cualquier violencia contra conductores de VTC. Sin embargo, los taxis de Barcelona han decidido imitar una de las ventajas de Uber y Cabify: desde principios de este mes ofrecen, a través de aplicaciones, precio cerrado de viaje. La presión del colectivo de taxistas fue imprescindible para que el Gobierno catalán modificara sus planteamientos originales para regular el sector de las VTC, hasta condicionar su operativa con un límite de tiempo que le hiciera perder agilidad.

La Generalitat notificó a finales de mayo a Cabify la apertura de 54 expedientes (cada uno puede derivar en multas de hasta 1.000 euros) relacionados con presuntos incumplimientos del intervalo de 15 minutos que debe esperar el cliente desde que solicita un coche hasta que llega. Cincuenta de los expedientes son por inspecciones efectuadas entre el 7 y el 10 de marzo, tras anunciar Cabify su retorno a Barcelona, por lo que son una radiografía muy incompleta de los tres meses que lleva en la capital catalana.

“Nuestro modelo de negocio como empresa de transporte se ajusta a la normativa autonómica y recurriremos cualquier sanción”, responden desde Cabify, que volvió a Barcelona con 300 vehículos y tiene más de 250.000 usuarios. Fuentes de la compañía evitan valorar si el objetivo de recurrir la ley es que la disputa acabe pasando de tribunales ordinarios al Tribunal Constitucional para que siente cátedra y acabe blindando su modelo de negocio.

También rehúyen valorar la normativa sobre VTC del AMB, que fija una precontratación de 60 minutos de los coches en sus 36 municipios, un endurecimiento de las condiciones tal y como reclamaba el colectivo de los taxistas. El reglamento fue aprobado a finales de mayo y entrará en vigor al mes de publicarse en el diario oficial de la Generalitat. Da competencias al Instituto Metropolitano del Taxi para hacer cumplir la norma y es el arma sancionadora de la AMB. Vulnerar la precontratación puede acarrear multas de hasta 1.400 euros.

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