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IU incluye a Isabel Díaz Ayuso en su denuncia por el abuso de contratos menores en la Comunidad

La Cámara de Cuentas señaló que esa práctica era generalizada cuando la hoy candidata era viceconsejera de Cifuentes

Isabel Díaz Ayuso, en una imagen de archivo.
Isabel Díaz Ayuso, en una imagen de archivo. Victor J Blanco (GTRES)

Izquierda Unida Madrid ha ampliado la denuncia presentada hace un año por posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por los contratos menores de la Comunidad de Madrid, señalando la posible corresponsabilidad de la candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que en el mismo periodo era la viceconsejera de Presidencia y Justicia, y que por lo tanto podría ser "conocedora de las contrataciones".

A raíz del informe de la Cámara de cuentas del pasado 29 de mayo, en el que se fiscalizaron 993 contratos menores de 2017 de los 569.903 remitidos por la Comunidad de Madrid, se detectó un fraccionamiento del contrato "en numerosas ocasiones". Ese informe del organismo fiscalizador aseguró que durante el Gobierno de Cristina Cifuentes se fraccionaron contratos, lo que supone una actuación en fraude de ley, en la Agencia Madrileña de Atención Social y en las consejerías de Cultura, Turismo y Deportes, Educación, Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno y "de forma generalizada" en los hospitales.

En un comunicado, IU cita que han podido producirse irregularidades en contrataciones en los Hospitales de La Cruz Roja, El Escorial, Fuenlabrada, Fuenfría, doctor Lafora, Getafe, Móstoles, 12 de Octubre, Gregorio Marañón, Niño Jesús, Princesa o La Paz.

También recalca que la candidata del PP a presidir la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, era viceconsejera de Presidencia y Justicia durante el gobierno de Cifuentes, etapa que fiscalizó la Cámara de Cuentas, por lo que apuntan que era "conocedora de las contrataciones". El organismo hace mención a que se adjudicaron varios contratos a la misma empresa en tan solo un día por importe de 17.999,99 euros, justo en el límite de 18.000 euros, la cantidad máxima por la que se pueden suscribir contratos menores para servicios.

IU subraya que esa práctica se extiende a la Consejería de Educación, donde se están fraccionando los contratos de limpieza de los institutos-, a la de Deporte, Políticas Sociales y Familia o el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Polémicas

"Un año después constatamos que la investigación desgraciadamente no ha avanzado y que, sin embargo, se han producido hechos significativos que obligan a Izquierda Unida a ampliar la denuncia presentada" ha señalado Carlos Sánchez Mato, responsable del Área Económica de IU Madrid tras la prestación de la ampliación de la denuncia, realizada el 17 de junio. "Es evidente que las irregularidades flagrantes que puso de manifiesto Izquierda Unida han sido detectadas también por la Cámara de Cuentas".

No es la única polémica en la que se ha visto implicada Isabel Díaz Ayuso mientras negocia con Ciudadanos y Vox un acuerdo de gobierno que le permita ser investida como presidenta de la Comunidad de Madrid.

Así, Avalmadrid prestó 400.000€ a una empresa que participaba el padre de la aspirante popular con la única garantía de una nave escriturada en 26.000, según publicó El Confidencial. Avalmadrid es una entidad sin ánimo de lucro que ayuda a pymes y autónomos a obtener financiación, y que está participada por el Gobierno autonómico (31%), Bankia (30%), la Cámara de Comercio (5%) y la patronal madrileña (0,02%). La deuda nunca fue saldada y ahora ascendería a 544.000 euros.

Además, la candidata habría aceptado la donación de un piso de sus padres en Madrid con la que evitó el embargo de los acreedores, según publica Infolibre. En su última declaración de bienes (2016), como viceconsejera de Presidencia, Díaz Ayuso omitió que sus padres le donaron un piso en Chamberí - valorado en 140.547,31 euros-. Solo informó que tenía una vivienda en "nuda propiedad".

Ayuso se enfrenta, según Infolibre, a un posible delito de cooperación necesaria en un presunto alzamiento de bienes porque la Ley castiga con hasta cuatro años de prisión a quienes participen en la enajenación de un bien para evitar su embargo (el delito ha prescrito porque han pasado ya 5 años).

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