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La Audiencia de Lugo admite el recurso de las familias de los asesinados en el Cash Record

La cajera y el reponedor del supermercado mayorista de Lugo fueron asesinados a tiros en un supuesto atraco sin resolver desde hace 25 años

Familiares de las víctimas del Cash Record, durante una concentración de apoyo a la juez de Instrucción de Lugo Pilar de Lara.
Familiares de las víctimas del Cash Record, durante una concentración de apoyo a la juez de Instrucción de Lugo Pilar de Lara.

La Audiencia Provincial de Lugo ha admitido el recurso de las familias de los dos asesinados hace más de 25 años en el Cash Record, en el polígono industrial de O Ceao, un doble crimen de sigue sin resolverse y que llegó a provocar que la hermana de una de las víctimas protagonizara una huelga de hambre para reavivar la investigación antes de que pudiera prescribir a los 20 años. Después de una buena sucesión de prorrogas, el juez encargado del caso, el juzgado de Primera Instancia 1 de la ciudad, decidió poner punto y final a las pesquisas, lo que obligó a las familias a pedir la intervención de la Audiencia Provincial de Lugo.

El 30 de abril de 1994, sobre las siete de la tarde, Isabel López halló los cadáveres de Elena, su hermana y cajera, y del reponedor, Estebán Carballedo, que habían sido asesinados a balazos. En ese momento las investigaciones se centraron en un posible robo, al haber desaparecido sobre cinco millones de las antiguas pesetas (30.000 euros), que venía a ser la recaudación del día.

La hermana de Elena, tras conocer que se admite el recurso (aunque otra cosa distinta es que se estime o no), se muestra convencida de que se trata de una “baza” que juega a “favor” de las dos familias.

“Es algo a favor nuestro, que admitan el recurso o que la fiscalía se pronuncie, que es lo que pedíamos, porque como el juez dijo que no [seguía investigando] tenemos una pequeña esperanza de que admitan a declarar a las personas que teníamos previsto que lo hicieran antes”, ha comentado.

Isabel López ha precisado que el recurso se presentó después de “que el juez dijera que él ya no iba a investigar más, y a raíz de ello el abogado había solicitado que se tomara declaración a varias personas”. “Ahora, al admitirlo la fiscalía, es como el sí para que esas personas vengan a declarar”, interpreta.

Entre los que piden que sean llamados a declarar, se encuentran dos agentes de la Guardia Civil “a los que nombró en otra declaración anterior otro guardia, y estamos muy interesados en que declaren porque ellos sí que saben algo”.

Además, se emplaza en el recurso a que declare un hostelero que hoy reside en Burgos, y que en el momento de los hechos tenía un negocio en el casco viejo de Lugo. Las familias tienen claro que se trataba de un confidente policial.

“A ver si dentro de esas declaraciones (las de de los dos guardias civiles) puede que venga también el de Burgos, que para nosotros es el sospechoso”, concluye esta mujer que ha hecho causa vital la resolución del caso, y que no se resigna a que se le dé carpetazo. Desde hace 25 años tiene a su cargo a los dos hijos de su hermana.

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