La red de proxenetismo del líder de Xóvenes Agricultores dio en adopción ilegal al bebé de unas de sus víctimas

La Operación Chipa se salda con la detención de 11 personas y la liberación de 13 mujeres, 10 de Paraguay, una de Nicaragua y otra de Colombia

Edificio de Rúa Nova de Abaixo (Santiago de Compostela) donde se llevó a cabo la detención de algunas mujeres investigadas en la trama.
Edificio de Rúa Nova de Abaixo (Santiago de Compostela) donde se llevó a cabo la detención de algunas mujeres investigadas en la trama.ÓSCAR CORRAL

El recién nacido de una víctima de la red de explotación sexual que a principios del pasado mes de abril fue desarticulada en Santiago de Compostela, en el marco de la denominada Operación Chipa, fue dado en adopción de forma ilegal, según ha confirmado la Policía Nacional.

A principios del pasado mes de abril, la referida operación logró desarticular una organización criminal que se dedicaba, en Santiago de Compostela, a la explotación sexual de mujeres procedentes de Paraguay y que supuso la detención como financiador de la trama de Juan Pérez Miramontes, expresidente de Xóvenes Agricultores, sindicato agrario gallego próximo al PP que fue disuelto oficialmente por un juzgado en junio de 2016.

El balance total de la Operación Chipa supuso la detención de 11 personas, ocho en España y tres en Paraguay, y permitió la liberación de 13 mujeres, diez de Paraguay, una de Nicaragua y otra de Colombia. Una de esas víctimas llegó a España embarazada de cuatro meses y fue explotada sexualmente durante todo el periodo de gestación.

Según explica la Policía Nacional, en cuanto el líder de la organización se percató de su embarazo inició gestiones para que una familia se hiciera cargo del menor en cuanto naciera, pero durante toda la gestación siguió siendo explotada sexualmente.

El 'modus operandi' con el que pretendían obtener la adopción del menor consistió en que un hombre colombiano de 40 años se hizo pasar por la pareja de la víctima, reconociendo al menor como propio en el Registro Civil, con la finalidad de que su madre, de 60 años, se hiciera cargo de él, aparentando ser su abuela.

Dos días después de nacer, el menor pasó a manos de su nueva familia y la víctima rechazó hacerse cargo de él para que la custodia pasara a su "supuesto padre" bajo amenazas y coacciones de la organización. Ahora el menor se encuentra tutelado por la Xunta de Galicia y los agentes confirmaron que 15 días después de dar a la luz, la víctima continuaba trabajando para la organización.

La investigación, que se llevó en coordinación con las autoridades paraguayas, se había iniciado tras la denuncia de una de las víctimas, que había desvelado la existencia de una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres procedentes de ese país suramericano en pisos de Santiago de Compostela.

Los agentes comprobaron que las víctimas eran captadas en su país de origen debido a su situación de vulnerabilidad y necesidad, al contar con escasos ingresos económicos. Así, se comprobó que en muchas ocasiones ellas eran la única fuente de ingresos en sus núcleos familiares.

Las mujeres viajaban a España bajo promesas de trabajos muy bien remunerados en labores domésticas o cuidado de personas mayores. Para ello, la organización criminal contaba en Paraguay con dos personas encargadas de evaluar a las víctimas y convencerlas de que vinieran a España para poder ayudar a sus familias.

Posteriormente, se dirigían a una agencia de viajes en Ciudad del Este (Paraguay), donde otra persona se encargaba de sacarles los billetes de avión e informarlas de cuál debía ser su comportamiento en el momento de llegar a Europa.

Para evitar sospechas de las autoridades españolas hacían un trayecto más largo y costoso: viajaban de Paraguay a Brasil, desde Sao Paulo llegaban a Italia y, una vez en Europa, se dirigían en avión hasta el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Una vez en Madrid eran recogidas por algún miembro de la organización, que las trasladaban en vehículos de alquiler a los pisos situados en Santiago de Compostela para ejercer la prostitución. Cuando llegaban a los pisos se les retiraba el pasaporte y les informaban de la deuda que habían contraído con la organización, normalmente unos 10.000 euros.

Sobre los 11 detenidos pesan diversas acusaciones, como pertenencia a grupo criminal, trata de seres humanos con fines de explotación sexual, tráfico de drogas, alteración de la condición de menor y falsedad documental, lo cual ha sido posible al realizar tres registros de entrada en domicilio y uno en la agencia de viajes de Paraguay, interviniendo abundante documentación, teléfonos móviles y un arma de fuego.

En España se han realizado seis registros en los pisos que disponía la organización, donde se han intervenido 1.795 euros, abundante material informático, teléfonos móviles, documentación con anotaciones que para la Policía Nacional son "esclarecedoras de las deudas contraídas por las víctimas" y dos vehículos.

Según apunta la Policía Nacional, el líder de la organización y su pareja permanecen en prisión provisional. Cuando en abril pasaron a disposición judicial, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, Andrés Lago Louro, decidió enviar a dos de los detenidos a prisión comunicada y sin fianza, entre ellos a Pérez Miramontes.

También envió a prisión a una de las mujeres paraguayas detenidas, que está considerada como la que controlaba a las mujeres para que se prostituyesen en pisos que la red tenía en el Ensanche compostelano. El Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago había comenzado a dirigir este investigación sobre trata de seres humanos y contra la prostitución en diciembre de 2018.

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