Constitucionalistas cuestionan el pacto con Vox en la Mesa de la Asamblea de Madrid
Más Madrid recurrirá ante el Tribunal Constitucional argumentando que no se respetó que tiene más diputados
Hay motivos para que Más Madrid presente un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el pacto de PP, Cs y Vox para controlar la Mesa de la Asamblea de Madrid y que el partido de extrema derecha tenga un puesto en el organismo. Esa es la opinión compartida por cinco de los seis catedráticos consultados por EL PAÍS tras la votación de la Cámara, en la que la formación de ultraderecha logró un puesto en el organismo en detrimento de la de izquierdas, que tiene más diputados (12 frente a 20). El Estatuto de Autonomía explicita la obligatoriedad de que “los grupos participen en proporción al número de sus miembros”.
La votación para elegir a los siete miembros de la Mesa de la Asamblea de Madrid —el órgano que controla el día a día de la Cámara— ha provocado un enfrentamiento sin precedentes entre los partidos. El PP y Cs maniobraron para que Vox, la quinta fuerza más votada en las elecciones, obtuviera un puesto en el organismo. Más Madrid, el cuarto partido más apoyado en los comicios, se quedó fuera. Y por eso Íñigo Errejón planteará un recurso ante el Tribunal Constitucional, que tendrá que decidir si es legal que un partido con menos diputados desplace a otro que tiene más gracias a una alianza que ha dejado la Cámara en manos de las derechas: controlarán cinco de los siete puestos de la Mesa. [Consulta el pactódromo tras el 26M].
Aguado veta que Vox tenga cargos de cualquier nivel en el Ejecutivo
Ignacio Aguado (Cs) explicitó ayer que solo pactará con el PP un gobierno de coalición a dos, basado en un programa de reformas que luego se le presentará a Vox para que decida si lo apoya o no —los votos de las tres formaciones son imprescindibles para que haya un Ejecutivo de derechas en la Comunidad—. Como informó este diario, el líder regional del partido de Albert Rivera se mostró taxativo en su oposición a que la formación de Santiago Abascal ocupe cargos en la estructura de ese gobierno —incluyendo cualquier ente de la Administración, como han pactado Vox y PP en un preacuerdo—. Y vinculó su capacidad para hacer valer esa posición, que transmitirá al PP por escrito, a que es caso contrario no habrá acuerdo.
“La instrucción que tengo de mi Ejecutiva es muy clara: los Gobiernos, si son de coalición, lo serán de dos partidos, y eso implica todas las estructuras del gobierno regional”, dijo Aguado en una entrevista en Cope. “Si somos capaces de llegar a un acuerdo programático con el PP, y también de estructura de gobierno, presentaremos ese documento al resto de formaciones y tendrán que decidir”, siguió. “En el caso de Vox, tendrá que decidir si permite que se ponga en marcha (…). No queremos tripartitos ni fórmulas extrañas de gobierno”, añadió, descartando que Vox pueda ocupar puestos gubernamentales de menor rango que el de consejero. “Gobierno implica todo [también entes]. Habrá que ir a la ley [para ver hasta qué nivel administrativo se puede considerar Gobierno] Nuestro objetivo es pactar con el PP, solamente con ellos y que el resto decidan”.
No obstante, la dirección nacional de Cs ha transmitido que podría estudiarse la opción de que Vox ocupe puestos menores de la Administración.
El PP no lo ve igual. “Cuando se negocia todos tienen que ceder”, dijo ayer Ana Beltrán, que forma parte del comité negociador nacional formado por los populares, que querrían ofrecerle a Vox puestos intermedios en las consejerías que controlen en el próximo Gobierno. Justo lo que rechaza Aguado.
“El principio de representación proporcional de los grupos parlamentarios exige el respeto a una regla de prelación: los partidos no pueden utilizar la división de sus votos para favorecer a un grupo parlamentario menor dejando fuera de la Mesa a un grupo que tiene más representantes que aquel al que se respalda o cede votos”, razona Alberto López Basaguren, catedrático de la Universidad del País Vasco. “La Asamblea, en una situación que el reglamento no regula con suficiente seguridad, ha permitido una votación que vulnera ese principio”, añade, haciendo hincapié en que la proporcionalidad no implica que todas las formaciones tengan representación en el órgano, puesto que las plazas de la Mesa son finitas (siete) y el número de partidos con representación puede ser potencialmente mayor. “En la medida que ha promocionado a la Mesa al representante de un grupo con menos representantes que otro, esa votación es nula”, prosigue. “Lo que pasa es que el Constitucional va a tener un problema para restituir el derecho del grupo Más Madrid a estar en la Mesa”.
“El recurso tiene recorrido, claro que lo tiene”, coincide Javier Pérez Royo, catedrático de la universidad de Sevilla. “La pretensión de Más Madrid está plenamente justificada. El artículo 12 del estatuto es claro. Hay una vulneración”, sigue. Y opina: “El Constitucional amparará [al recurrente] y obligará a que la Cámara vuelva a tomar la decisión. Lo que en ningún caso se puede hacer es poner a Vox y sacar a Más Madrid. Eso son matemáticas. No es opcional”.
Según los cálculos de Más Madrid, cada puesto de la mesa equivale a un 14,28% de los votos sumados en las elecciones. Sin embargo, el partido de Errejón logró superar ese porcentaje (14,65%) y se quedó sin representante en el organismo que dirigirá la Cámara, mientras que Vox lo logró habiendo registrado solo el 8,86% de los sufragios. ¿Cómo ocurrió eso? PP, Cs y Vox votaron en bloque para que Juan Trinidad (Cs) fuera el presidente de la Asamblea. Luego, se combinaron para que el PP tuviera una vicepresidencia y Vox otra. Y también para que Cs y el PP lograran dos secretarías. La vicepresidencia y la secretaría restantes, hasta completar los siete integrantes de la Mesa, fueron para el PSOE. Y Más Madrid se quedó fuera porque tampoco convenció a los socialistas de que le prestaran votos (como habían hecho entre sí los partidos de derechas) para garantizar que tuviera voz en el organismo.
“Esto es flagrante”, opina Juan José Solozabal, catedrático de derecho constitucional de la Autónoma de Madrid. “La decisión es frontalmente contraria a la proporcionalidad, que el Tribunal Constitucional ya ha encarecido que debe respetarse”.
“El estatuto habla de proporcionalidad, es cierto. El recurso de amparo parlamentario tiene sentido. Y puede tener éxito”, amplía otro catedrático, que pide opinar desde el anonimato porque desempeña un puesto con relevancia pública. “Pero es el reglamento el que ha de concretar la proporcionalidad”.
El Estatuto encarga a los redactores del reglamento de la Cámara que establezcan los mecanismos que deben asegurar la proporcionalidad. Y el único que existe en esa norma es que un partido podrá ocupar cuatro de los siete puestos de la Mesa como máximo. Una salvedad prevista para los tiempos del bipartidismo de PP y PSOE, cuando garantizar la presencia de dos formaciones en el organismo era una salvaguardia suficiente. Las cosas, sin embargo, han cambiado: habrá seis grupos políticos en la Cámara por primera vez (PSOE, PP, Cs, Más Madrid, Vox y Podemos).
“Creo que jurídicamente tal recurso de amparo no tiene recorrido de acuerdo con la doctrina del TC en su sentencia 199/2016”, discrepa el catedrático Francesc de Carreras, que cree que el recurso incluso podría ser inadmitido. “Otra cosa, de naturaleza política, es que los reglamentos de las cámaras deberían adaptarse al actual multipartidismo", argumenta. “Por último, creo que los partidos que han obtenido un puesto en la Mesa de la Asamblea madrileña no han sido sensibles a la nueva pluralidad de esta cámara lo cual me parece un error político para su buen funcionamiento”. Esta sentencia del TC sobre el Parlamento de Andalucía avala que lo importante son los votos que se suman en la votación de la Mesa, no los de las elecciones.
En aquel caso de 2015, el PP sumó votos suficientes para tener un puesto en la mesa de edad, el órgano de gobierno de carácter transitorio que preside las sesiones de una cámara tras unos comicios. Pero el presidente de esa mesa, del PSOE, se lo arrebató para dárselo a Izquierda Unida (IU), pese a que IU había tenido menos votos. El TC se podría agarrar a ese precedente para inadmitir el recurso de Más Madrid: Vox logro más votos que Más Madrid en la votación de la Mesa, como el PP entonces.
“El recurso se puede plantear, pero hay una contradicción entre someter algo a votación y exigir que la votación vaya en una dirección”, matiza Ángel Rodríguez, catedrático de la Universidad de Málaga, poniendo el acento en que el reglamento de la Cámara no recoja con detalle cómo cumplir con la proporcionalidad a la que obliga el Estatuto. "Hay que arbitrar un procedimiento de votación que sea acorde con lo que quieres que refleje el resultado", añade.
Cuando el PP conoció que Más Madrid quería plantear un recurso ante el Constitucional, sus representantes emitieron una advertencia. Quedan por negociar las presidencias de las comisiones y la composición de sus mesas. De nuevo ahí puede funcionar el rodillo de la derecha. O no: puede ser la excusa para la paz, con una compensación a Más Madrid y Podemos por no haber logrado un puesto en la Mesa de la Asamblea.
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