La Generalitat publicará el nombre de sus morosos de más de un millón de euros

Cuatro años después de que lo hiciera el ministerio de Hacienda, por iniciativa de Cristóbal Montoro, el Gobierno catalán ha decidido publicar su propia lista de morosos tributarios, que se ceñirá a aquellos contribuyentes que adeuden a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) más de un millón de euros. Lo ha anunciado este miércoles el vicepresidente económico de la Generalitat, Pere Aragonès, en una comparecencia parlamentaria. La medida se integra dentro del plan de la Hacienda catalana contra el fraude para los próximos cuatro años y busca sobre todo fomentar “el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales”.

“El Gobierno será implacable contra el fraude fiscal”, señaló Aragonès en el Parlament, en un discurso en el que afirmó que aflorar el impago de impuestos “tiene más impacto” que la modificación de las figuras tributarias existentes. Fue una clara alusión a Catalunya en Comú, que barró la posibilidad de aprobar los Presupuestos de 2019 sus votos eran necesarios— con el argumento de que el Govern no le presentó una oferta para cambiar el tramo autonómico del impuesto autonómico o el impuesto de Sucesiones, de forma que se pudiera elevar la base de los ingresos tributarios.

Entre esas medidas de lucha contra el fraude para el periodo 2019-2022 figura la propuesta de publicar el nombre de aquellos contribuyentes que adeuden impuestos o sanciones a la ATC por una cuantía superior al millón de euros. Aragonès evitó hablar directamente de defraudadores, pero la medida va dirigida a ellos. Se pretende así “dar publicidad activa de las conductas tributarias socialmente más reprobables desde un punto de vista cuantitativo”, afirmaba un comunicado de la Generalitat, que revelaba la intención de ofrecer esos datos con el listado de la ATC a 31 de diciembre, a partir del cierre de este año. Curiosamente la medida choca con un aumento del cumplimiento voluntario, que habría pasado del 91,4% de 2015 a un 94% el año pasado.

El Departamento de Economía y Hacienda no desveló el número de posibles afectados por esa medida, únicamente que quedarán exentos de esa lista negra aquellos contribuyentes con deudas aplazadas o suspendidas. No hay datos sobre deudores en la memoria anual de la Agencia Tributaria, encargada de la inspección de 15 tributos propios y cedidos, entre los que se encuentran el de Sucesiones y el de Transmisiones Patrimoniales, que grava las compraventas de inmuebles de segunda mano, y el de bebidas azucaradas.

Aragonès explicó las líneas maestras del nuevo plan de lucha contra el fraude tras celebrar el “resultado significativo” del que rigió hasta 2018, en el curso del cual se habrían aflorado 740,5 millones de euros en un periodo de cuatro años. El consejero de Economía tuvo palabras para su predecesor en el cargo, Oriol Junqueras, de quien dijo que había impulsado aquel plan. “El dinero está mucho mejor en manos de los hospitales, de los servicios públicos de política social o de emergencias que no en los bolsillos de aquellos que ocultan sus obligaciones tributarias”, afirmó, rememorando una afirmación de Junqueras.

El diputado de Junts per Catalunya, Francesc de Dalmases, aprovechó también para evocar la figura de Carles Puigdemont, presidente en el Govern de Junqueras, como impulsor del plan contra el fraude. Y el popular Santi Rodríguez enmendó a ambos, al recordar que el plan lo puso en marcha la Agencia Tributaria de Cataluña cuando el consejero de Economía era Andreu Mas-Colell. Es decir, cuando el president era Artur Mas. Junqueras asumió el cargo en 2016.

Los datos mostrados por la secretaria de Hacienda, quien compareció junto a Aragonès, muestran, sin embargo, como el descubrimiento de fraude fue menor en 2018 (183 millones de euros) que un año antes (196 millones) pese a que la ATC efectuó más actuaciones (57.869 contra 47.979). Las tareas de inspección son las responsables del afloramiento de 276 millones de euros.

Sectores con mayor control

El análisis realizado por la propia Generalitat considera que los últimos cuatro años se obtuvo un grado de cumplimiento del 85% o, lo que es lo mismo, la ejecución de 77 de las 88 medidas que contemplaba su programa de actuaciones. En los próximos cuatro años se prevé aumentar el control sobre sectores que la Hacienda catalana considera de riesgo, como el inmobiliario, el juego y las subastas.

Tanto la diputada socialista Alicia Romero como el ecosocialista David Cid preguntaron por una afirmación de Espasa, según la cual fallaba el intercambio de datos con la Agencia Tributaria estatal. “Queremos compartir de forma sistemática sus datos. Es un tema recurrente. Todas las comunidades autónomas lo piden para luchar contra el fraude”, respondió la secretaria de Hacienda, quien llegó a comparar el fraude aflorado en los últimos cuatro años con la brecha fiscal, la diferencia entre los ingresos de la Hacienda autonómica y lo que se hubiera podido recaudar sin fraude. En el último estudio, ese agujero ascendía a 790 millones anuales.