Los jueces internan a más menores migrantes ante los delitos violentos

Abdeslam tiene todas las papeletas para acabar internado. Ha robado en el metro a una turista irlandesa que ha forcejeado con él para conservar su bolso; la mujer ha acabado por los suelos y malherida. Es su tercer robo con violencia en pocos meses. Y, aunque está tutelado por la Generalitat, vive solo, en la calle. El fiscal lo tiene claro: con violencia y desarraigo, debe ir a un centro de justicia juvenil. El juez también lo ve y lo acuerda, en una secuencia que se repite cada vez con más frecuencia: en los últimos tres meses, los jueces han acordado solo en Barcelona 50 internamientos de menores migrantes, según fuentes judiciales.

El internamiento de un menor equivale a la prisión provisional de un adulto. Es la última frontera, reservada a los casos más graves. Pero la creciente conflictividad ligada a los menores extranjeros no acompañados (mena) ha llevado a policías, fiscales y jueces a una reflexión: el encierro es, ante delitos violentos y por la falta de medios de la administración, una herramienta válida. No solo aparta temporalmente a los adolescentes de delincuencia, sino que permite una “reeducación” más eficaz.

En marzo, el fiscal de menores de Barcelona, Francisco Tabuenca, distribuyó una nota interna entre sus colegas. Fijaba dos líneas rojas para pedir, de forma sistemática, el internamiento de un menor: el uso de la violencia y la intimidación en robos u otros delitos (abusos, lesiones) y la situación de desamparo. Dos requisitos que se dan, a veces, en los menores migrantes que delinquen. Los Mossos, preocupados por el aumento de la inseguridad en Barcelona, se reunieron con la Fiscalía y han creado un plan operativo (bautizado como “poliédrico”) para abordar el asunto.

Aunque es la medida más severa porque se les priva de libertad, el internamiento puede ser la única garantía. Cuando un menor migrante llega a Cataluña, la Generalitat se hace cargo de él y le asigna un centro. Pero algunos de ellos —por falta de perspectivas laborales, sin conocer el idioma y con un contexto poco favorable— acaban delinquiendo. Los Mossos han detectado que ciertos adultos, delincuentes habituales, les sirven de red y modelo. “Les reciben, les asesoran, les dicen cuándo les pueden detener, a qué centros ir, dónde y cómo robar...”, denuncian fuentes policiales.

Ante un delito, los fiscales pueden proponer (y los jueces acordar) distintas medidas cautelares, como la libertad vigilada. Pero son difíciles de cumplir, porque a menudo no se les localiza. Al menos 43 mena viven en las calles de Barcelona, según la Generalitat. “Algunas medidas se basan en un grado de estructuración que los chicos no tienen. Frente a esa ineficacia, los internamientos son por ahora una de las pocas soluciones que podemos dar”, advierte el juez de menores de Barcelona, Mariano David García. “Aplicar la ley penal es una herramienta eficaz de defensa social”, abunda García, que señala que, con los menores internados, “los delitos tienen que bajar por fuerza”. Los chicos, dice, suelen actuar en grupo y emplean a menudo “violencia e intimidación”, especialmente contra turistas, a quienes sustraen móviles y relojes.

Agilizar los juicios

El fiscal Tabuenca coincide en el análisis. El internamiento no solo retira temporalmente a esos chicos de las calles —el tope son seis meses, prorrogables otros tres—, sino que permite agilizar los procesos judiciales contra ellos. Al estar disponibles y localizados, “se acortan los plazos de juicio y las sentencias, sean condenatorias o no, llegan antes”, dice Tabuenca. Ambos subrayan, además, que los recursos de los centros de justicia juvenil son superiores a los que están en manos de la DGAIA en los centros de menores. Fuentes de Mossos coinciden en que es la mejor manera de apartarlos del camino del delito al que les aboca la calle, la falta de recursos y las malas compañías.

Abdeslam llegó a Barcelona en agosto de 2018, pasó por tres o cuatro centros de la DGAIA sin arraigar en ninguno y a los cinco meses fue detenido por primera vez por robo. Con su padre y sus tres hermanos en Marruecos, los informes de asesoramiento dicen que “no colabora” y que muestra una actitud “desafiante”. Abdeslam duerme ya en el centro Can Llupià, en Barcelona. Allí podrán, entre otras cosas, trabajar su adicción a las drogas. “Algunos chicos llegan con patologías psiquiátricas provocadas o agravadas por el consumo de tóxicos, especialmente la cola, que literalmente les disuelve el cerebro”, advierte García. En su juzgado —hay seis para la provincia de Barcelona— mantiene vivos 19 internamientos; la inmensa mayoría corresponde a menores migrantes.

La memoria de los juzgados de Barcelona de 2018 deja clara la preocupación por la “vulnerabilidad” de los mena: ausencia de familiares, abuso de tóxicos, falta de recursos económicos, nula vinculación a procesos formativos o laborales… Los jueces piden a las autoridades un “esfuerzo adicional para aportar soluciones” que vayan más allá de la vía penal. Según la memoria, el año pasado había 166 menores sometidos a medidas privativas de libertad (entre provisionales y condenados; no se especifican cuáles son mena). Los jueces impusieron 2.397 medidas (219 más que en 2017), la mayoría de libertad vigilada.