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Tres ataques en una semana a centros de menores migrantes en Cataluña

La Generalitat tacha de racistas las agresiones a los jóvenes pero niega que sea una “situación preocupante”

Los Mossos custodian el centro de menores Cal Ganxo de Castelldefels En vídeo, declaraciones del Secretario de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía de la Generalitat. Foto: Albert Garcia | Vídeo: EPV

Escena primera. Sábado por la tarde. Un grupo de jóvenes escucha música, bebe y fuma en un típico botellón en Castelldefels (Barcelona). Son poco más de las seis de la tarde. A esa hora, otro grupo de adolescentes migrantes se cruza con ellos de camino al albergue Cal Ganxo, donde viven desde diciembre. Discuten y acaban a pedradas. No es la primera pelea. Escena segunda. Tres horas más tarde, los jóvenes del botellón deciden ajustar cuentas con los de Cal Ganxo. Son las nueve y media de la noche. 25 de ellos, encapuchados, entran violentamente en la escuela, arrancan mobiliario e intentan agredir a menores y educadores. Tiran a uno de los jóvenes tutelado de un muro y le apedrean. Acaba en el hospital con un ataque de ansiedad. Dos educadores tienen contusiones. Escena tercera. Es ya domingo. Los jóvenes de Castelldefels reúnen a más de 60 personas y vuelven a Cal Ganxo. Los Mossos d’Esquadra impiden que entren de nuevo.

El incidente, dividido en tres episodios, supone el ataque más grave que, según la Generalitat, se ha producido nunca en un centro de menores tutelados. La Administración catalana habla de una agresión racista intolerable e injustificable, lo denunciará ante la Fiscalía de delitos de odio y se presentará como acusación particular en la causa judicial. La alcaldesa de Castelldefels, María Miranda (PSC), rebajó el tono y se refirió a peleas entre jóvenes del municipio y menores migrantes.

La llegada a Cataluña de estos adolescentes ha colapsado a la Generalitat y empieza a dar señales preocupantes de problemas de convivencia, con tres ataques a centros de menores en una semana. En 2017 llegaron 1.489 menores inmigrantes no acompañados; en 2018, 3.659.

Can Xatrac, en Canet de Mar (Barcelona), es el otro centro atacado. Escena primera. 28 de febrero. Unos 40 vecinos protestan frente al Ayuntamiento de la localidad por la inseguridad que achacan a los menores migrantes. Un grupo de ellos y educadoras pasan por delante y los concentrados les abuchean. Una mujer incluso mueve la mano como si oliesen mal. Varias instituciones, entre ellas SOS Racismo y la Generalitat, califican la protesta de acto “racista, xenófobo e intolerable”. Escena segunda. Cinco días después, 5 de marzo, un hombre armado con un machete entra en el centro Can Xatrac donde viven medio centenar de menores migrantes desde octubre. No hiere a nadie. La policía le detiene por amenazas y el juez le deja en libertad con cargos.

Llegada masiva

Can Xatrac, la casa de colonias de Canet de Mar donde viven los menores, pertenece a la alcaldesa del municipio, Blanca Arbell (ERC). “Eso ha sido aprovechado políticamente”, denuncia la regidora, sobre las protestas por la inseguridad y los jóvenes. La localidad, como en años anteriores, sufre robos en domicilios, pero las cifras han bajado, según Policía Local y Mossos. “Son mafias de fuera”, añade la alcaldesa, sobre los autores. Pero los datos sirven de poco ante quienes están convencidos de lo contrario. El dueño de un local cercano adonde se reúnen los menores les atribuye los robos y la inseguridad. Jesús, jubilado, augura que “el racismo irá a más porque no se puede abrir la puerta y que entren todos”. El contrapunto lo pone una mujer que vive al lado de Can Xatrac y explica que jamás ha tenido problemas con los menores.

“El racismo se define por atribuir a un colectivo hechos y características de individuos”, subrayó ayer el secretario de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía de la Generalitat, Oriol Amorós, sobre los últimos episodios. Pero insistió en que en la mayoría de centros de acogida de Cataluña —unos 150— hay una buena acogida de los menores. “No creemos que haya una situación preocupante”, afirmó, sobre la convivencia, aunque admitió que la Generalitat se ha visto desbordada con la llegada (145% más) de estos jóvenes a los que tutela hasta la mayoría de edad. El Govern no facilitó la cifra de incidentes contra los centros, que abre con discreción.

Cal Ganxo, en Castelldefels, seguía ayer custodiado por los Mossos y la Policía Local. C. M. de 23 años, participó en el asalto. “Como no nos hace caso ni Dios, fuimos a plantarnos”, alega sobre el conflicto entre su grupo, jóvenes de entre 17 y 24 años, y los menores migrantes. “Te piden un cigarro o un porro y si no lo das, te rayan o te dan una patada en el coche”, pone a modo de ejemplo de una situación que dice que hace un mes y medio que dura. Niega que se quejen por motivos racistas, pero afirma que desde que los menores están en el pueblo “han subido los robos, los coches están reventados y da miedo salir por la noche porque está plagado de moros”. Los menores van a ser reubicados en otro centro, como ya estaba acordado con el Ayuntamiento de Castelldefels, pero la Generalitat no aclara cuándo.

La alcaldesa de Canet de Mar asegura que “se está rebajando la tensión” después de dos semanas movidas en el municipio. “Mucha gente se ha dado cuenta de la irresponsabilidad de criminalizar y estigmatizar”, añade.

 

La Red de Refugiados avisa de la “escalada de violencia”

La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado anunció ayer que se personará como acusación popular en el ataque a un centro de menores migrantes no acompañados en Castelldefels. En un comunicado de prensa, la entidad condenó los ataques y mostró su preocupación por “la escalada de violencia y los graves incidentes” que, según la Red, está provocada por “la parquedad de los medios y la nula implicación realista de las Administraciones”. Y denunció que a pesar del incremento del número de plazas para acoger a los menores no acompañados, las instituciones no generan “soluciones eficaces que permitan una convivencia, mediación vecinal o un incremento de las plazas en servicios vinculados a la acogida”.
La Mesa del Tercer Sector, que agrupa a más de 3.000 entidades sociales en Cataluña, condenó los ataques “xenófobos” y exigió que los partidos políticos no utilicen la inmigración con fines electoralistas. El defensor del pueblo catalán tachó de “muy grave” lo ocurrido.

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