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Jueces del TSJ y de la Francisco de Vitoria se suman al rechazo del ingreso del exsenador Manuel Altava en el tribunal

Jueces para la democracia ha alertado de que su posible designación en la sala contencioso-administrativa conculcaría la ley y proyectaría una imagen de favor

El magistrado Manuel Altava, en el Senado.
El magistrado Manuel Altava, en el Senado.

La asociación judicial Francisco de Vitoria se ha sumado a la alerta de Jueces y juezas para la democracia sobre el posible nombramiento del exsenador del PP y magistrado Manuel Altava como miembro de la sala contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia valenciano. El portavoz territorial de la Francisco de Vitoria en la Comunidad Valenciana, Miguel Ángel Casañ, ha enviado un escrito a la Sala de Gobierno del TSJ en el que se recuerda que se debe respetar la ley en el reingreso en la carrera judicial del magistrado de Castellón, que era juez de vigilancia penitenciaria cuando se marchó de excedencia al Senado en 2008.

También manifiesta su adhesión al texto remitido el lunes por Jueces y juezas para la democracia en que se manifiesta que la adscripción de Altava al TSJCV sería "contraria a las normas vigentes" y además "podría proyectar una imagen de favor". "No descartamos ejercer las pertinentes acciones de impugnación en el caso de que se acuerde", advertía el portavoz de esta asociación progresista Joaquim Bosch. Estas dos asociaciones judiciales insisten en que Altava debería reincorporarse a su antiguo puesto de trabajo o a una plaza similar, según marca la normativa. Este miércoles, la sala de Gobierno del TSJ se reúne en pleno y deberá decidir el destino de Altava.

Además, magistrados del contencioso-administrativa del TSJ han remitido otro escrito al gobierno del TSJ en el que muestran su oposición al posible ingreso de Altava en esa sala y solicitan también que se aplique la ley. "El citado magistrado debe ser adscrito al orden jurisdiccional penal, único del que procede" conforme marca el Consejo General del Poder Judicial y una disposición transitoria de la Ley General del Poder Judicial, señalan en su escrito. "En ningún caso puede ser adscrito dicho magistrado -carente de la más mínima experiencia en este orden jurisdiccional- a esta Sala, en la que no existe ninguna vacante (...)", añade el texto. Fuentes jurídicas indican indican que el texto está firmado por 16 de los 20 magistrados de la sala contencioso-administrativa.

El lunes, fuentes el TSJ confirmaron que el acuerdo del CGPJ sobre la petición de reingreso de Altava sería tratado este miércoles y que su adscripción tendría un carácter transitorio hasta que se le asigne una plaza fija. Insistieron en que no hay nada preestablecido de antemano y que no podían entrar en ninguna valoración sobre una decisión no adoptada.

Manuel Altava fue senador por Castellón desde 2008 y hasta la actual legislatura. Además, fue candidato a formar parte del Consejo General del Poder Judicial como vocal a propuesta del PP el pasado mes de noviembre. La renuncia a la presidencia del CGPJ y del Tribunal Supremo del juez Manuel Marchena, a raíz de la polémica suscitada por los mensajes del senador del PP Ignacio Cosidó en los que se jactaba de tener controlado el órgano, y la retirada del PSOE hicieron saltar por los aires el acuerdo en aquel momento.

El pasado año, el exsenador del PP fue el encargado de rechazar en el Senado la propuesta de Compromís de indemnizar a las víctimas identificadas y a los municipios de la comarca de El Maestrat por los bombardeos nazis durante la Guerra Civil. Entre sus argumentos, Alatava señaló que el Gobierno de la República debía haber evacuado las poblaciones.

En 2010, el Tribunal Supremo archivó una denuncia contra Altava. La denunciante, su expareja Paloma Sanz, sostuvo que en 2005, después de haber cambiado la cerradura de su casa y mientras se encontraba de vacaciones, el magistrado de lo Penal accedió al que había sido domicilio de ambos, ayudado de un cerrajero, y se llevó varios objetos en un camión de mudanzas. La sentencia admite los hechos, pero sostiene que para ser delito debería haber actuado con "fuerza en las cosas", característica que considera inexistente en este caso.

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