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CRÓNICA

Fuegos artificiales

Días antes de las elecciones, la Generalitat aprueba un decreto para limitar el precio de los alquileres y la Comunidad de Madrid presiona para desatascar una gran operación urbanística

Quim Torra, ayer flanqueado por los consejeros Meritxell Budó y Damià Calvet. En vídeo, declaraciones del 'president'. Vídeo: Atlas

Todos los focos estaban puestos ayer en la constitución del Congreso y el Senado. Sin embargo, hubo poderes que no renunciaron a hacer sus propios fuegos de artificio para respaldar a los respectivos candidatos y lastrar, en la medida de lo posible, a los ajenos. Es un guion que se repite en la recta final de cada campaña con el objetivo de recortar unas décimas al contrincante político. En ese marco se incluye tanto la precipitada limitación a la subida de los alquileres en Cataluña por el Govern, como el envío al Ayuntamiento de Madrid del informe medioambiental de la Operación Chamartín o Madrid Nuevo Norte por parte de la Comunidad para ser aprobado esta semana.

La proximidad de las elecciones pone más perversidad de la habitual en los gestos de los partidos. Así, la Comunidad de Madrid remitió el lunes al Ayuntamiento los 48.000 folios del informe medioambiental sobre el proyecto. La macrooperación urbanística, que prevé la construcción de 10.476 viviendas, además de oficinas y hoteles, era de urgente aprobación a ojos de Ciudadanos y PP. La formación naranja se declaró dispuesta a quedarse “sin dormir si hiciera falta” para darle luz verde. El PP apremió a la alcaldesa para que no bloqueara el proyecto y dejara “a 120.000 personas sin trabajo”. Con la petición de pleno, la derecha pretendía evidenciar las diferencias entre Manuela Carmena y sus concejales con Unidas Podemos, formación crítica con el proyecto y con un PSOE que apeló a la falta de garantías jurídicas ante tal precipitación. Al final, Carmena rechazó abordar la operación urbanística a un día de la jornada de reflexión y a dos de las urnas.

Las sirenas de alarma electoralista también sonaron en Barcelona. La Generalitat aprobó en la reunión del Govern de ayer un decreto que prohíbe las subidas del alquiler por encima del 10% sobre los precios del índice oficial de referencia, que se basa en las fianzas depositadas en el Instituto Catalán del Suelo. Después de haber sorteado —cuando no torpedeado— desde la Generalitat la política de vivienda iniciada por la alcaldesa Ada Colau, el Ejecutivo catalán se descolgó con un decreto con el que Esquerra —que lo impulsó a pesar de las reticencias de su socio, Junts per Catalunya— pretende sacar dividendos electorales en una reñida lucha por la alcaldía, de acuerdo con los sondeos, entre la alcaldesa y Ernest Maragall. Cuando hace unos meses Barcelona en Comú quiso —con el apoyo de entidades sociales como la PAH o el Sindicato de Inquilinos— que se destinara el 30% de la vivienda de nueva construcción a uso social, topó con las reticencias de la Generalitat acerca de la legalidad de la medida. Ahora un proyecto de limitación de precio del alquiler, que puede chocar con la Ley de Arrendamientos Urbanos, se ve con ojos indulgentes de recta final de la campaña.

El espejo a la medida adoptada ayer lo puso la diputada Maria Sirvent, de la CUP. La parlamentaria se presentó en la rueda de prensa del Consell Executiu para preguntar con qué Ayuntamientos y entidades sociales se había negociado el decreto y para poner de manifiesto que un tema tan trascendente como la vivienda no debería abordarse a cinco días de las elecciones. La portavoz del Govern le impidió preguntar alegando que se trataba de un encuentro con periodistas.

En los últimos días de campaña se obran promesas que retrotraen a lo mejor de la tradición poética del profeta Isaías: los ciegos verán y los cojos saltarán como venados. Pero, frente a los fuegos artificiales, la experiencia señala que hay que dejarse de grandes promesas y poner más fe en la pequeña acción diaria. Como Richard, a quien un buen día le cortaron la luz. Él, su pareja y sus dos hijos habían tenido que elegir en qué emplear la ayuda de 420 euros mensuales que tenían. Richard se enteró de la existencia de los Puntos de Asesoramiento Energético de Barcelona y allí pudo tramitar el informe de exclusión social, preceptivo para evitar el corte de suministro. Lo mismo le sucedió a Paloma, quien por el impago de la cuota mensual recibió un apercibimiento de la compañía eléctrica.

En Barcelona, desde 2017 han sido atendidas 67.400 personas por pobreza energética. Se han evitado 17.125 cortes a otras tantas viviendas y se han gestionado 4.500 bonos sociales. La pequeña acción social y la voluntad política de los Ayuntamientos —que en muchos casos suplen la inacción de las otras Administraciones— evitan que algunos ciudadanos tengan que vivir o que votar a oscuras el próximo 26-M, mientras fuera brillan los fuegos de artificio.

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