Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Barcelona, el reto de hacer habitable un escaparate

Con 1,6 millones de habitantes y 30 millones de turistas al año, la ciudad sufre una crisis de vivienda

Turistas en el entorno de la Sagrada Familia, ayer, en Barcelona.
Turistas en el entorno de la Sagrada Familia, ayer, en Barcelona.

Llevan cuatro años, y cuatro manifestaciones, protestando porque, dicen, “Barcelona no está en venta”. Ese es además el nombre de la coordinadora de unas 50 entidades de toda la ciudad que denuncia el encarecimiento del precio de la vivienda que está expulsando a vecinos de sus barrios; la presión turística que ya ha saltado del centro hacia otras zonas; la invasión del espacio público; las consecuencias de la economía de plataforma (Airbnb, Uber, Glovo...) y el capital inversor; o la precarización del empleo en la ciudad. El pasado sábado celebraron la cuarta protesta por el centro. Al terminar la marcha, un grupo de manifestantes tendió camas y colchones en la Gran Vía, que quedó cortada unas horas.

¿No ha cambiado nada en cuatro años para que sigan saliendo a la calle por lo mismo? “No entramos a valorar la gestión de la alcaldesa Ada Colau, lo que está claro es que las acciones desde el ámbito municipal no han podido dar la vuelta a la ofensiva del sector privado sobre la ciudad, que impacta negativamente sobre la vida de los barceloneses”, valora Joaquim Delgado desde la plataforma de entidades.

Con unas cuentas públicas saneadas y buenos indicadores económicos (el PIB crece un 3%), Barcelona afronta, en vísperas de las elecciones municipales del 26 de mayo, el reto de hacer habitable una ciudad escaparate. La capital catalana, que tiene 1,6 millones de habitantes, recibe cada año 30 millones de turistas, entre los que se quedan a dormir en hoteles u otros alojamientos y los que pasan el día pero no pernoctan en la ciudad.

La vivienda (35% de aumento de los alquileres desde 2014, hay 47 desahucios a la semana y un parque público escuálido, del 2%del total), la gestión del espacio público y la inseguridad están centrando una campaña electoral donde seis partidos políticos (Junts per Catalunya, ERC, Ciudadanos, PSC, PP y la CUP, en el orden de su representación actual) comparten el mismo reto: echar a Colau.

La inseguridad, principal problema

La inseguridad, quinto problema para los barceloneses en 2015, es ahora el primero. El aumento en un 17,2% de las infracciones penales en 2018 —Barcelona lideró el aumento en España—, los conflictos a diario en el barrio del Raval, o los incidentes que protagonizan menores migrantes no acompañados —el 18% delinque y son reincidentes— han desbordado a la Guardia Urbana. El gobierno municipal ha gastado 12 millones de euros en horas extras de sus agentes, mientras ruega a la Generalitat que incremente la presencia de Mossos d’Esquadra.

Pero el Govern no reforzó su plantilla en la ciudad hasta octubre, cuando el fenómeno de los narcopisos (pisos vacíos que han sido ocupados y donde se vende o se consume droga) se había descontrolado en el Raval, uno de los barrios más presionados por el turismo y el top manta había invadido el espacio público en las zonas más turísticas. La Guardia Urbana y los Mossos cerraron en un solo día 26 de estos pisos.

Desde una de las esquinas más conflictivas de la zona, el comerciante Santi González señala la actitud especialmente violenta de los menores y asegura: “La Generalitat nos ha abandonado; la comisaría de Mossos del distrito no tiene efectivos suficientes y, en cambio, cuando hay que desahuciar a una anciana se presenta un ejército de agentes”.

La ciudad decidirá si sigue confiando en la activista y fundadora de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que hace cuatro años decidió dar el salto a la política con Barcelona en Comú, una coalición de izquierdas de la que forma parte Podemos; o da la victoria a ERC, que ganó en las pasadas elecciones generales. Precisamente la lucha por una vivienda digna, por reducir las desigualdades y contra los efectos nocivos del turismo masivo fueron las principales promesas que auparon a Colau a la alcaldía.

Tras el batacazo del 28-A, los comunes se juegan la única gran Administración que gobiernan y también su futuro, porque Colau es, de facto, la líder de las distintas marcas del partido. El CIS pronosticaba el pasado jueves una ligerísima victoria de Colau sobre su principal rival, Ernest Maragall (ERC).

Las encuestas publicadas por La Vanguardia y El Periódico auguran un triunfo de los republicanos, por uno o dos concejales. Gane quien gane, y tras los apuros de Colau gobernando con solo 11 concejales de 41, ambos asumen que para gobernar tendrán que pactar. Pero si Colau priorizará a ERC y el PSC, Maragall mira por igual a las formaciones “progresistas” y a las “republicanas”. La oposición, toda, acusa a la alcaldesa de no haber cumplido sus promesas en materia de vivienda y de no tener modelo de ciudad. Los republicanos surfean la victoria del 28-A y se ven ocupando el despacho de la alcaldesa.

Muy lejos del centro, donde se han celebrado las protestas de Barcelona no está en venta, está el barrio de Vallbona, el tercero más pobre de los 73 de la ciudad y donde Colau logró un mayor apoyo en 2015: el 40,3% de sus vecinos la votaron. Vallbona es la periferia de la periferia: 1.400 vecinos que viven entre la montaña, las autopistas y el río Besòs. Tras pasar una mañana allí, cuesta predecir si mantendrán el apoyo a Colau.

Algunos, como Carme Llagostera, valoran la gestión de la alcaldesa en materia de políticas sociales, multando a empresas por tener pisos vacíos o gestos como reducir el peso de la simbología monárquica; pero otros citan, aunque les quedan muy lejos, los problemas de vivienda, espacio público o seguridad. Antonio Sosa es uno de ellos. Habla de “la inseguridad, el top manta y el precio de la zona azul” como argumentos para rechazar la gestión municipal, aunque admite que no afectan al barrio, al que se llega tras cruzar 15 carriles de autopistas.

Vallbona es también una de las zonas donde han llegado las inversiones del Plan de Barrios de Colau, 150 millones de euros para reducir la desigualdad de los 16 barrios más pobres con el resto de la ciudad. Porque, aunque la brecha social se ha frenado, la renta familiar del barrio más rico de la ciudad todavía multiplica por seis la del más pobre. Las familias con niños escolarizados en este barrio periférico sí aplauden el plan, que ha dado la vuelta a la escuela Ciutat Comtal.

“Diques de contención”

Por un lado, ha sumado trabajadores sociales al equipo docente, de manera que “los maestros pueden volver a hacer de maestros”, señala el coordinador del plan, Suso López. Por otro, un proyecto artístico, donde docentes y profesionales del arte trabajan juntos en el aula, tiene al alumnado motivado y orgulloso de una escuela que años atrás tenía mala fama. “Educart hace de la escuela un oasis amable en un entorno complejo y da pie a trabajar otras cuestiones más de fondo”, relata López, que añade: “Aún no podemos cuantificarlo, pero nos dicen los equipos de salud mental que les llegan menos casos y los que tratan requieren tratamientos más cortos”.

El coordinador del plan en todo el distrito de Nou Barris, al que pertenece Vallbona, admite que estos proyectos no tienen un reconocimiento masivo, pero los pone en valor: “Son diques de contención, caminos de largo recorrido que van dejando un poso”. Y advierte de las consecuencias de no trabajar la cohesión: “Un precipicio”.

El trabajo diario del plan de barrios en la calle y los equipamientos quedan lejos de los despachos del Ayuntamiento. Políticamente, el mandato que acaba ha sido frenético. No se recuerda uno igual. En cuatro años se han celebrado cinco elecciones, más el referéndum del 1 de octubre, con la crisis política y social que desató.

El procés ha sido el telón de fondo durante todo el mandato. No solo se llevó por delante el acuerdo de gobierno que Colau y el PSC mantuvieron durante un año y medio, tras el apoyo de los socialistas a la aplicación del artículo 155 a Cataluña, sino que los constitucionalistas acusan a la alcaldesa de haberse abrazado al independentismo, y los soberanistas, de mantener una posición ambigua. Solo hubo un momento de comunión entre todos los partidos y Administraciones. Ejemplar. Fue tras el atentado yihadista de La Rambla.

Quien fue socio de Colau, el socialista Jaume Collboni, repite como candidato del PSC. El partido, todavía dolido por el divorcio, también se aferra a los buenos resultados de las generales en la ciudad y las encuestas les dan el tercer puesto. El candidato de Junts per Catalunya es Joaquim Forn, exconsejero encarcelado por su participación en el 1 de octubre. Tras arrebatarles Colau la alcaldía en 2015, considera una anomalía que una activista sin experiencia gobierne la ciudad. Apoyado por Ciudadanos se presenta el ex primer ministro francés Manuel Valls. Y el empresario Josep Bou encabeza como independiente la lista del PP. Anna Saliente, candidata de la CUP, cierra la lista de alcaldables de las formaciones que han tenido representación en el mandato que acaba.

Los pros y contras del balance de la gestión de la alcaldesa son rápidos de resumir. Aterrizó en una ciudad rota por la desigualdad y se ha frenado, gracias en parte a una inversión social récord en los Ayuntamientos españoles. Pero Colau no ha podido cumplir sus promesas en materia de vivienda. Barcelona en Comú presume de haber hecho más que nadie para aumentar el parque de pisos públicos: ha construido 850, han comprado 700 y ha conseguido 350 de cesiones de bancos y deja 4.600 en marcha, invirtiendo cuatro veces lo que la Generalitat, que tiene las competencias. Pero se ha quedado muy lejos de los 8.000 pisos que prometió, mientras todos los intentos para limitar las subidas de precio (una competencia del Gobierno central) han fracasado. Todo ello es artillería pesada para la oposición, que se lo reprocha en cada pleno, en cada mitin, en cada debate.

Colau también ha impuesto a los promotores que destinen el 30% de los pisos de obra nueva a vivienda asequible; ha centrifugado los nuevos hoteles a la periferia de la ciudad; ha cerrado 4.900 pisos turísticos tras declarar la guerra a Airbnb (multas incluidas); ha doblado la red de carril bici; ha creado una eléctrica municipal que le ha permitido desenchufarse de las grandes empresas y un dentista público a precios razonables. En cambio, en cuatro años, no ha restringido la circulación para luchar contra la contaminación, ni ha logrado recuperar la gestión pública del agua. Además, no puede vender ninguna gran obra. No logró apoyo para unir las dos redes de tranvía por la Diagonal. Y en Barcelona el cemento siempre da empaque a lo que los alcaldes dejan en herencia.

El gobierno municipal también ha heredado melones que le han estallado, como tener que aplicar la Ordenanza de Terrazas del anterior Gobierno (pactada por CiU y el PP). La presión de los restauradores, un colectivo muy combativo y martillo del top manta junto a los comerciantes, ha sido permanente.

Queda por señalar la satisfacción, en general, de los sectores empresariales. Recibieron a Colau como si llegara el apocalipsis y augurando la marcha del Mobile. Pero han rebajado el tono de su nerviosismo, sobre todo tras constatar que si el mayor congreso de móviles del mundo estuvo a un tris de marcharse de Barcelona fue por el 1-O.

Colau acaba el mandato habiendo retirado del salón de plenos el busto del rey Juan Carlos I y rebautizado una plaza como plaza de la República, pero siguen pendientes asuntos que pasan de alcalde a alcalde, como la reforma de arterias vitales para la ciudad como La Rambla, La Via Laietana y la Meridiana. La alcaldesa apela en campaña a quienes quieren políticas progresistas para “defender a la gente”. A los suyos les repite: “No olvidemos quiénes somos y de dónde venimos”. A los barceloneses, el día de su investidura en 2015 les dijo: “Echadnos si no hacemos lo que hemos dicho que haríamos”.

Se adhiere a los criterios de The Trust Project Más información >

Más información