El TSJCV anula el presupuesto de 2017 de À Punt porque debía aprobarlo las Cortes
Un portavoz del canal asegura que el fallo carece de efectos sobre la radiotelevisión pública valenciana porque el presupuesto está liquidado y auditado
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anulado el acuerdo del Gobierno valenciano por el que se aprobó el presupuesto de 2017 de la nueva radiotelevisión pública valenciana, À punt, porque debía de haberlo ratificado las Cortes Valencianas. Más allá del procedimiento empleado, un portavoz del canal asegura que el fallo judicial no tiene ningún efecto "porque son unas cuentas que se han ejecutado, cerrado y auditado".
La Sala de lo Contencioso-Administrativo, la sección cuarta, ha estimado el recurso presentado por el PP y ha anulado el acuerdo del Consell de febrero de 2017 por el que se aprobó el presupuesto de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) para ese mismo ejercicio por no haber pasado por el Parlamento autonómico.
Los diputados del PP Rubén IBáñez y Jorge Bellver recurrieron en 2017 el acuerdo de gobierno por el que se aprobaron las cuentas por considerar que su aprobación debería haber correspondido a las Cortes. La Abogacía de la Generalitat argumentó que la ley de creación del CVMC es de julio de 2016 y el Consejo Rector se constitutyó en octubre de 2016, y que el Ejecutivo autonómico utilizó este procedimiento porque consideró que no se había iniciado la actividad.
La sala, sin embargo, concluye que "no cabe asumir la interpretación realizada por la Generalidad que identifica el inicio de la actividad del ente a lo largo del año 2017 con la prestación efectiva del servicio público audiovisual". El tribunal entiende que la CVMC es una entidad pública con personalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica para el cumplimiento de sus finalidades y ese año se reunió hasta en siete ocasiones.
"En definitiva, la Corporación se crea e inicia su actividad durante el año 2016, como lo demuestra la adjudicación de seis contratos, y tuvo a su disposición 26,5 millones de euros para su desarrollo efectivo", añade un fallo, contra el que cabe recurso.
La directora general de Presupuestos de la Generalitat, Eva Martínez, apunta que se trata de una cuestión "administrativa y procedimental sin ningun efecto sobre À punt, pues las cuentas están liquidadas, "El Consell entendió que la Corporació no había iniciado escrictamente la actividad para la que fue creada hasta el año 2017" por lo que recurrió a un acuerdo del Gobierno valenciano.
Según Pérez, es una discrepancia en la interpretación jurídica sobre el inicio de la actividad de la Corporació y que carece de efectos sobre À punt. No obstante, la Abogacía de la Generalitat estudia recurrirlo."Lo que resulta claro", dice la directora general, "es que el PP intenta cerrar otra vez la televisión de los valencianos, que cuesta 55 millones de euros, tres veces menos que durante la etapa del gobierno al que pertenecía Isabel Bonig".
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