La juez decana de Barcelona pide reflexionar sobre la prisión provisional tras la absolución de Rosell
Mercè Caso dice que la sentencia obliga a revisar si se cumple la jurisprudencia del TEDH y aplaude la "independencia" del tribunal
La juez decana de Barcelona, Mercè Caso, ha pedido este jueves "repensar" la prisión provisional después de la absolución del expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, que estuvo 21 meses en la cárcel de forma preventiva por blanqueo de capitales. "Hay que revisar toda la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, darle otra vuelta y ver si en el día a día estamos cumpliendo los índices que nos pide esa jurisprudencia", ha dicho la decana preguntada directamente sobre el caso de Rosell.
Caso considera que conviene abrir un periodo de reflexión en el que se contemplen diversas opciones sobre la forma de llevar los procesos en fase de instrucción y sobre el dictado de órdenes de prisión provisional. "Quizás es el momento de plantearnos la idea de un juez de garantías y de darle le instrucción a la Fiscalía. No sé si es la mejor idea, habría que ver qué ventajas e inconvenientes tendría, pero lo tenemos que pensar".
En la presentación de la memoria de los juzgados de Barcelona de 2018, la juez decana ha admitido que la absolución de Rosell es una "noticia contundente" que debe llevar a una reflexión. Caso ha puesto de relieve la "independencia" del tribunal de la Audiencia Nacional que ha juzgado al expresidente del Barça: "No se ha visto condicionado por la prisión provisional y ha dictado una sentencia a conciencia diciendo que existían dudas razonables", ha dicho.
La Audiencia Nacional absolvió el miércoles a Rosell de los delitos de blanqueo de capitales y organización criminal por los que le acusaba la Fiscalía, que pedía para él seis años de cárcel. Por esa causa, vinculada al blanqueo de comisiones por los derechos de 24 partidos amistosos de la selección brasileña de fútbol y por un contrato de ese equipo con Nike, Rosell pasó 21 meses en prisión provisional. Se trata de uno de los periodos de privación de libertad más prolongados por un delito económico para una persona que, finalmente, ha sido declarada inocente. El tribunal ha considerado que no hay pruebas suficientes para una condena y que la versión ofrecida por la defensa de Rosell es suficientemente verosímil como para poner en duda las acusaciones de la Fiscalía.
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