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La guerra entre accionistas de la promotora Mahía llega a juicio tras 10 años de investigación

Una supuesta estafa millonaria pone contra las cuerdas a seis socios que afrontan hasta 12 años de prisión

Área de A Valenzá (Ourense) en la que edificó la inmobiliaria Mahía.
Área de A Valenzá (Ourense) en la que edificó la inmobiliaria Mahía.

La sección sexta de la Audiencia de A Coruña intentará juzgar por segunda vez este martes a Ramón López Casal, el que fuera administrador único de una de las mayores promotoras gallegas del sector de la construcción, con sede en Santiago, Mahía Inmobiliaria, junto a otros cinco acusados y accionistas de la empresa. Todos ellos afrontan condenas de hasta 12 años de prisión y el pago de 10 millones de indemnización.

Tras una investigación que se remonta a diez años atrás y que arranca con la fundación de la sociedad en 1989, la fiscalía atribuye a los acusados delitos de administración desleal, apropiación indebida y delito societario por desviar al menos 10 millones de activos del negocio a otras firmas y perjudicar a un socio que les demandó, Manuel Gómez Maroñas, principal testigo de la acusación.

El caso Mahía, que ha tenido ramificaciones en otras provincias, llegó a los tribunales gallegos en octubre del pasado año pero fue suspendido por la renuncia de varios abogados. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, López Casal, el principal acusado, entró en la empresa mediante la compra del 33% de las acciones, ocupando desde ese momento el cargo de administrador único de la empresa.

A partir de 1995, López Casal fue creando un grupo empresarial formado por múltiples sociedades compartidas en las que aparecen dos de sus hijos, Marcos y Pablo López, Pilar Encarnación Branco Illoso, María Alicia Rodríguez Piñeiro, e Ignacio Rodríguez Peláez. Todos ellos se sentarán en el banquillo. Una vez en marcha las sociedades particulares en las que no tenía participación Gómez Maroñas, el fiscal afirma que los acusados "desviaron del negocio de Mahía y de las empresas compartidas en las que sí tenía participación el querellante a otras firmas particulares, con objeto de perjudicarle económicamente”.

Incide la acusación en el dato de que las cuentas de las sociedades compartidas no reflejaban la contabilidad o situación real de las empresas. “Tales irregularidades contables, impidieron a Gómez Maroñas conocer las operaciones económicas y el estado financiero de estas sociedades”, ya que los acusados le ocultaron información contable y mercantil relevante, en perjuicio del socio demandante, expone la fiscalía. Así, el grupo inmobiliario recibió préstamos de las sociedades compartidas que no devengan ningún tipo de interés, lo que habría ocasionado perjuicio al socio denunciante, toda vez que su participación en las empresas compartidas se acercaba a los 126.000 euros.

La acusación también expone que entre mayo de 2002 y febrero de 2005 se produjeron transmisiones o transferencias de activos de la sociedad compartida Mahía Inmobiliaria, SL a favor de las sociedades particulares de los acusados, como solares y parcelas en la zona de Santiago por un precio que estaría por debajo del valor del mercado.

El fiscal concluye que estos desvíos de fondos son constitutivos de delitos continuados, tanto de administración desleal como de apropiación indebida y delitos societarios. Para el que fuera dueño de Mahía pide penas de 12 años de cárcel y, para el resto de los acusados, nueve años y nueve meses de prisión, además del pago de multas e indemnizaciones millonarias.

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